Mientras se espera para el final de la semana la actualización de diciembre del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la recopilación mensual que realiza el Banco Central (BCRA) de las proyecciones de especialistas locales y extranjeros top del sector privado sobre la evolución de las principales variables económicas, cabe otear qué futuro le espera a la Argentina en el nuevo año a través de los pronósticos hoy disponibles y de su contrastación con las metas oficiales. El crecimiento económico y el índice de inflación centran los principales desacuerdos, elementos que también entorpecen por el momento un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación de la deuda dejada en herencia por Mauricio Macri. Entre los pliegues de esas variables, en tanto, fermenta la posibilidad del Gobierno de ablandar el mal humor social –causa de la derrota histórica del peronismo en las últimas elecciones legislativas–, disimular las fisuras del Frente de Todos y, acaso, relanzarse ante una sociedad que clama por una mejora en el empleo y los ingresos.
De acuerdo con el REM de noviembre, el último difundido por el Central, el consenso del mercado delinea un 2022 con un crecimiento mediocre –2,5%–, una inflación similar a la del año pasado –52,1%–, la persistencia de un cepo cambiario duro y una suba del dólar oficial hasta $ 161 en diciembre próximo, en línea con el incremento de los precios al consumidor.
El proyecto de Presupuesto 2022, que feneció con estrépito en el Congreso, apuntaba a un crecimiento mucho más robusto, del 4%, lo que, de concretarse, significaría una ganancia real después de un 2021 en el que la economía recuperó –rebote mediante– prácticamente el casi 10% perdido en el Gran Confinamiento del año precedente. Asimismo, calculaba una inflación del 33% y un tipo de cambio oficial que se actualizaría, en base a la idea de un IPC menor, solo hasta $ 131,1.
Pese al rechazo de la mayoría opositora a un texto que consideró un mal dibujo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratifica una meta de crecimiento que tiene sentido incuso si se considera el arrastre estadístico que dejó 2021. Sin embargo, los pesimistas fundamentan su proyección avara en la posibilidad de que la escasez crónica de dólares de la economía nacional obligue a apretar todavía más el cepo, al punto de pisar importaciones sensibles para la producción.
La soja, cuya temporada comenzará –para alivio del BCRA– hacia fines de marzo, alienta con una cotización sostenida y cercana a los 490 dólares por tonelada, pero mucho de lo que ocurrirá va a depender de que el verano registre lluvias por ahora insuficientes. Como contracara, el esperado freno de la economía de Brasil –con un crecimiento de apenas 0,36% esperado por el informe Focus, el equivalente del REM argentino– podría perjudicar el ingreso de dólares en concepto de exportaciones industriales.
Si de crecimiento se habla, será crucial el impacto que tenga en las próximas semanas y en los próximos meses la expansión de la variante ómicron del covid-19, que convirtió al virus SARS-CoV-2 en el de mayor contagiosidad jamás registrada. Si el ausentismo laboral producto de los contagios se alineara en el mundo y en el país con los pronósticos más pesimistas, el crecimiento sufriría.
Descartada en la medida de lo previsible cualquier posibilidad de megaconfinamiento, para evitar ese escenario, la Argentina fue uno de los países que hizo punta con la reducción de los plazos de aislamiento obligatorio para convalecientes sin síntomas o con cuadros leves.
Más allá de lo anterior, Guzmán admitió, ya durante el debate del borrador del Presupuesto, que la previsión de inflación del 33% estaba subestimada debido a la dinámica que los precios mostraron en la práctica desde septiembre, cuando había culminado su preparación. Pese a eso, en el Gobierno se ilusionan con la idea de que el alivio de noviembre se prolongue y que esa variable sensible registre en el año un número que empiece con 4 y no con 5, como cree el mercado, pero entienden que allí anida la principal batalla que deberá dar.
En efecto, si las consultoras privadas tienen razón y el IPC oscila entre el 3,5 y el 4% al menos hasta mayo, ¿qué margen tendría el Gobierno para orientar las paritarias de modo que ayuden a reducir y no a incrementar las expectativas inflacionarias? Como contracara de lo anterior, ¿qué margen tendría para hacerlo en momentos en que la clase trabajadora –y sus representantes menos serviles– clama por el inicio de una recuperación que se demora desde hace ya cuatro años insufribles? Por último, hay que resaltar el dilema que representa la intención de que paritarias moderadas ayuden a controlar la carrera nominal con la inflación y el lastre que eso podría representar para un PBI que depende en más de dos tercios del consumo privado.
El acuerdo con el Fondo se demora ante la dureza de los demócratas que gobiernan Estados Unidos, mucho mayor, por cierto, que la demostrada en 2018 por los republicanos de Donald Trump con Macri, tal como lo demostró la propia autocrítica realizada el mes pasado por el organismo. Más allá de la geopolítica, las discusiones técnicas también tropiezan en las disparidades de criterio detalladas en este artículo. Que el crecimiento sea mayor o menor impacta en la recaudación impositiva esperada y esto, en el desequilibrio fiscal que desde Washington se impone corregir a mayor velocidad que la que quiere avalar un Alberto Fernández corrido por la calle y por la interna del Frente de Todos. De eso cuelga también otro tema caliente de la interna oficial: la actualización de las tarifas de servicios públicos, su segmentación para proteger a los sectores más vulnerables y el monto de los subsidios.
Asimismo, el FMI también objeta los cálculos de inflación de Guzmán. A propósito de esto, será interesante conocer qué actualización de esa proyección dará a conocer oficialmente el Palacio de Hacienda, pero la presentación de las metas plurianuales al Congreso –que ya registra una demora de un mes respecto de lo anunciado por el Presidente– refleja los problemas del toma y daca con el Fondo.
Esa discusión concentra buena parte del impacto de las expectativas en una economía real que se presenta otra vez cuesta arriba para los argentinos y las argentinas. El plazo de marzo para dejar de pagar con dólares que, sencillamente, ya no alcanzarían se acerca día a día y hay que descontar que un eventual default empeoraría mucho el panorama aquí delineado.
Es más por eso que por la cercanía de las partes en la mesa de negociaciones que casi nadie apuesta, por el momento, a un escenario de ruptura.
