La nota tuvo más repercusión por el tuit de Mauricio Macri que por su contenido en sí, pero el hecho de que afirmara que el sistema educativo argentino está dominado por una banda delictiva de simuladores que integrarían docentes, equipos directivos, alumnos y familias, no podía pasar desapercibida, más aún cuando la firma una reconocida académica, Guillermina Tiramonti, integrante de Flacso, asesora de Cambiemos en cuestiones educativas y profesora universitaria con una larga trayectoria.
twitter_tweet
Según la autora, y ahora diríamos también, según el expresidente, en la escuela pública se produce una suerte de confabulación entre quienes hacen como que enseñan y quienes hacen como que aprenden; todo esto habría arrancado desde que el peronismo decidió, a mitad de los años 50, subsidiar la educación privada de las clases medias altas, conformando así la separación entre una población de sectores bajos que asisten a las escuela estatales y unas clases medias altas que acceden a una educación privada.
Este es el argumento central del texto, que pasaremos ahora a analizar, dejando en claro desde el principio que se trata de una falacia, impropia de una académica que hasta ahora uno suponía sería, aunque se pudiera disentir con ella.
El sistema educativo argentino participa de largos y continuos procesos de evaluación nacionales e internacionales, desde que las políticas de evaluación se convirtieron desde mediados de los años 90 en una política de Estado en Argentina. Como bien señala Susana Vior, en su trabajo Las políticas de evaluación de la calidad educativa en argentina (2015-2019), estas políticas fueron definidas a partir de la creación de organismos de evaluación como la Dirección Nacional de Evaluación, creada en 1993 por la gestión Decibe, como la Dirección Nacional de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa, creada en 2003 en la gestión Daniel Filmus. Desde entonces, Argentina ha desarrollado sendas evaluaciones, como las ONE (Operativos Nacionales de Evaluación), las TERCE, de carácter regional latinoamericano o las PISA impulsadas por la OCDE; durante la gestión del presidente Macri se ampliaron las evaluaciones del sistema, con los Operativos Aprender y Enseñar, que dirigió la Secretaria de Evaluación Educativa, Elena Duro.
En ninguna de estas evaluaciones se observó la “simulación” a la que hace referencia Tiramonti. Hay registros de dificultades en matemática o lengua o niveles no satisfactorios de aprendizaje en secundario, pero en ningún caso el despropósito del complot mencionado. Argentina en el caso de las pruebas internacionales sale generalmente ubicada en el pelotón del medio, con reconocido mérito de un sistema que intenta enseñar y aprender en el contexto de un país empobrecido.
La segunda cuestión del argumento esgrimido respecto a las políticas de subsidio de la educación privada, si bien es cierto que el peronismo impulsó esta medida en la década del cincuenta, también es importante mencionar que fue el mismo gobierno del general Perón el que estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria.
La intención del peronismo era generar mecanismos de ascenso social calificado, para que los sectores del trabajo, que en ese contexto se incorporaban al mundo productivo, pudieran darle a sus hijos una oportunidad que ellos no habían tenido; así, complementariamente se había fundado la Universidad Obrera, hoy llamada tecnológica, entendiendo que el futuro del desarrollo estaba fuertemente ligado al conocimiento. Pero también es importante señalar que las políticas de subsidios no son nacionales, sino por jurisdicciones provinciales, en las que gobiernos de distintos signos políticos en provincias con estructuras educativas diferentes y matrices productivas particulares, dan continuidad a esta iniciativa; según el informe del CIPPEC referido a las políticas de subsidios del total de fondos que transfiere nación para el financiamiento del sistema, el 13% se distribuye en el sistema privado para el pago de salarios docentes; en algunas jurisdicciones, como Córdoba, superan ese promedio; en el caso de la Provincia de Buenos Aires, que Cambiemos gobernó con María Eugenia Vidal durante 4 años, los subsidios lejos de reducirse se incrementaron.
Un tercer aspecto que la nota refiere es el consabido caso de la fábrica Toyota que en Campana no encontró suficientes jóvenes que, con secundario completo, pudieran acceder a los puestos de trabajo ofrecidos en su planta. El exministro de educación de Macri en la ciudad de Buenos Aires, Mariano Narodowski, ya explicó con sobradas razones que el caso no se debe a la trama siniestra imaginada por Tiramonti, sino al problema del abandono crónico que arrastra el secundario desde que se universalizó sin la correspondiente y necesaria reforma curricular.
Ahora bien, la refutación precedente no implica suscribir la idea de que el sistema educativo argentino funcione a la perfección. Sin embargo, creemos, con Bourdieu, que no se le puede pedir al sistema lo que la sociedad no resuelve. Más de 8 millones de alumnos, cerca de 800 mil docentes, hacen en las escuelas de todo el país lo que pueden y más para educar y formar a sus alumnos y alumnas. Y como en todo sistema tenemos partes que funcionan demostradamente bien, como el caso del subsistema universitario, con reconocimientos internacionales probados, o como el nivel inicial y primario, que se destaca, por la calidad de los docentes (en el caso de la formación inicial) o por la amplitud de su cobertura (en el caso de la educación primaria).
Es cierto que tenemos un problema complejo en el secundario, pero nadie vio actuar por ahí a la banda de conspiradores que Tiramontí sacó de una serie de televisión. En momentos que el debate educativo pareciera ingresar en la campaña política es clave contribuir a la reflexión en base a datos duros y claros, sin demagogia, ni enfoques partisanos.