Escriben Martín Astarita y Tomás Aguerre
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Escriben Martín Astarita y Tomás Aguerre
El sistema electoral argentino enfrenta, cada dos años, una serie de desafíos. Tiene que demostrar transparencia, ser confiable y garantizar la integridad del voto. Desde la recuperación de la democracia en adelante, estos objetivos fueron alcanzados con éxito (y no es poco). Hubo alternancia, un precepto democrático fundamental: los oficialismos fueron reelegidos y derrotados, y las oposiciones consiguieron ser competitivas. Y, lo más importante: el unánime reconocimiento de los resultados por parte de los protagonistas. Esa es la tarea más compleja que debe cumplir un sistema electoral.
Este año, atravesado por la pandemia de coronavirus, el sistema electoral argentino enfrenta un nuevo y exigente desafío: revalidar la integridad y credibilidad del proceso electoral y, a la vez, cuidar la salud pública y minimizar los riesgos asociados con la covid-19. Desafío aún más exigente de cumplir en un país federal como el nuestro, donde el mismo día y en forma simultánea, se votará en 24 distritos, cada uno con una realidad política y epidemiológica peculiar y diferente.
Existe una serie de condiciones positivas para enfrentar estos desafíos. En primer lugar, la experiencia de otros países que ya atravesaron procesos electorales y de los cuales es posible obtener valiosos aprendizajes. Según IDEA Internacional, al menos 125 países han llevado adelante elecciones (nacionales o subnacionales) desde que comenzó la pandemia. En segundo lugar, el avance en el plan de vacunación, que implica que una gran cantidad de argentinos y argentinas (incluidas las autoridades de mesa) habrán recibido al menos una dosis al momento de la votación. Y, en tercer lugar, nuestra tradición cívica, que se caracteriza por una activa y amplia participación no solo a la hora de votar sino también en la administración del acto electoral, con un alto acatamiento ciudadano para desempeñarse como autoridades de mesa (CIPPEC, 2013).
La experiencia comparada indica que, si bien no hay constancia de un aumento en los niveles de contagiosidad por elecciones, existen dos grandes áreas críticas que presentan los mayores desafíos: participación ciudadana y administración y logística del proceso electoral.
Participación ciudadana y legitimidad. El primer desafío que enfrenta el sistema electoral es que la pandemia impacte negativamente en la cantidad de votantes, especialmente entre los grupos de riesgo. El fantasma de la abstención está presente desde las elecciones municipales en Francia en marzo de 2020, cuando más de la mitad de los franceses no emitieron su voto. Asimismo, en las elecciones a nivel local realizadas este año en la Argentina la participación fue sensiblemente menor al compararla con elecciones precedentes: así ocurrió en Misiones y en Jujuy, que votaron en junio.
Sin embargo, en una perspectiva más general, no hay evidencia contundente que permita afirmar que el coronavirus haya impactado de modo significativo en los niveles de participación electoral, aunque se observa una merma en aquellos lugares con más cantidad de contagios y de muertes a causa de esta enfermedad. En la Argentina, la Constitución Nacional establece no solo el derecho al voto sino también su obligatoriedad. Para cumplir con tal disposición, el protocolo de la Comisión Nacional Electoral (CNE), a propuesta del Ministerio del Interior, estableció que las personas que integren grupos de riesgo tendrán una franja horaria prioritaria, entre las 10.30 y las 12.30, para emitir su voto. Con respecto a las personas que tengan síntomas compatibles con covid-19, por un lado, estarán exentos de penalización si deciden no votar; y, para los que quieran hacerlo, la justicia electoral de cada distrito determinará cómo garantizar su derecho.
Mayores esfuerzos logísticos y operativos. El desafío central será evitar que el proceso de votación ponga en riesgo la salud de los electores y las electoras. A nivel internacional no hay ejemplos de grandes innovaciones para estas elecciones: los pocos países que cuentan con voto electrónico ampliaron su uso o promovieron el voto por adelantado.
En la Argentina, se sostiene la tradición de evitar los cambios estructurales del sistema en año electoral, atento a las probadas garantías que el instrumento de votación y el sistema en general arrojó a lo largo de los últimos años. La opción escogida busca trabajar sobre uno de los atributos centrales de nuestro sistema: la participación ciudadana. Se amplió el número de autoridades de mesa al tiempo que se redujo su rango etario (personas entre 18 y 55 años) para evitar exponer a población de riesgo, se actualizó el viático compensatorio y se arbitrarán los mecanismos para garantizar la vacunación del personal encargado de la organización.
Además, el Poder Ejecutivo, junto al Poder Judicial, dispusieron una serie de nuevas medidas que cambiarán el paisaje cotidiano de los días electorales. En primer lugar, se amplió casi en un 20% la cantidad de establecimientos en los cuales se podrá emitir el sufragio, al tiempo que se redujo la cantidad de mesas habilitadas por establecimiento. Esa redistribución de los electores busca evitar las aglomeraciones. Habrá, por último, facilitadores sanitarios (uno por escuela) y cada mesa recibirá un kit sanitario (barbijos y solución sanitizante).
La pandemia alteró nuestra vida cotidiana y seguramente muchos de esos cambios permanecerán aún superado el coronavirus. La virtualidad, por ejemplo, será una modalidad cada vez más presente en las campañas electorales, lo que plantea a futuro la necesidad de pensar la cuestión de cómo garantizar la equidad en el acceso y uso de tecnologías y de internet con fines electorales, hoy en día poco reguladas.
Una de las lecciones que ofrece el panorama mundial de elecciones en pandemia es que los países han tratado de adaptar y ampliar los modelos de votación existentes en lugar de probar sistemas nuevos y no probados con poca antelación. Ese es el camino que ha elegido la Argentina, que en los hechos significa apostar por un involucramiento masivo de la ciudadanía tanto a la hora de organizar la logística electoral en cada una de sus etapas, así como también en la emisión del voto.