ENERGÍA

Choque entre Martínez y Cabandié retrasa inversiones petroleras off shore

La demora en los permisos ambientales posterga operaciones marinas adjudicadas en 2019 por U$S724 millones. Rechazo ecologista e impacto en la economía local.

Las desavenencias internas entre las áreas de Energía y de Ambiente y la ausencia de una política clara en torno de la exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino comenzaron a pasarle factura a la administración de Alberto Fernández. Las compañías Nopec y BGT, que tenían programado iniciar en octubre el relevamiento sísmico en busca de petróleo y gas en tres áreas off shore de la costa bonaerense, dieron de baja esa “ventana operativa” y plantearon reprogramar las tareas para los primeros días de 2022.

 

El motivo esgrimido por las empresas contratadas por la petrolera noruega Equinor fue “la incertidumbre generada en la obtención del permiso ambiental”, cuya aprobación se encuentra frenada en el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable comandado por Juan Cabandié.

 

El retraso en el arranque de la prospección sísmica no solo afecta a las navieras locales que iban a proveer asistencia y servicios al buque sísmico de Equinor. También ha puesto en riesgo el paquete de inversiones por 724 millones de dólares que están comprometidas en las 18 áreas de exploración off shore que fueron adjudicadas en mayo de 2019 por el gobierno de Mauricio Macri.

 

Los bloques en juego se encuentran en las cuencas Argentina Norte, Austral y Malvinas Oeste y abarcan una superficie de casi 200.000 kilómetros cuadrados que nunca ha sido explorada. Quedaron en manos de las  empresas locales YPF, Pluspetrol y Tecpetrol y las grandes petroleras que tallan en el mercado mundial Shell, Qatar Petroleum, Exxon Mobil, Total, BP, Wintershall, Mitsui, ENI, Tullow y Equinor.

 

Las concesiones  fueron otorgadas por cuatro años y pueden extenderse por un período similar en el cual las petroleras tienen que avanzar con la perforación de un pozo. Si el bloque resulta comercialmente viable,  acceden a un permiso de producción por un lapso de 35 años.

 

Unas semanas antes de dejar la Casa Rosada, la administración macrista aprobó un nuevo procedimiento para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que deben obtener todas las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio y costa afuera. Por medio de una norma conjunta, se estableció que las áreas de Energía y de Ambiente son las autoridades de aplicación y ambas deben participar en la EIA. Pero se dejó a cargo de los funcionarios de la cartera ambiental la convocatoria a audiencia pública, la elaboración del Informe Técnico Final y la emisión de la DIA que aprueba o rechaza cada proyecto.

 

La polémica que ahora está trabando el avance de las exploraciones off shore se originó con la primera audiencia pública que, con aproximadamente un año de demora, convocó el ministerio de Cabandié para tratar el impacto ambiental de las prospecciones sísmicas en tres áreas de Equinor localizadas a 307 kilómetros de costa de Mar del Plata y a 433 kilómetros de Necochea.

 

En ese encuentro virtual realizado el 1 de julio, los funcionarios de Energía dejaron sola a la petrolera noruega a la hora de exponer y defender los proyectos de exploración que se toparon con el rechazo de más de 400 participantes y referentes de organizaciones ecologistas. Pocos días después, la cartera de Cabandié comenzó a bajar mensajes de que se iba a tomar en cuenta la postura negativa que predominó en la audiencia y que en función de los acuerdos internacionales de “descarbonización” y transición energética, las exploraciones off shore podrían recibir un revés ambiental. Alertado por las petroleras y ante la posibilidad de que caigan todas las inversiones previstas en las áreas marinas; el Secretario de Energía, Darío Martínez, salió a mover sus fichas para frenar un dictamen adverso y estirar una definición hasta después de las elecciones generales de noviembre.

 

Ahora Equinor tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar información adicional y estudios complementarios para responder los principales cuestionamientos planteados en la audiencia. Después, la Secretaría de Energía contará con un plazo similar para elevar a Ambiente su opinión técnica y las recomendaciones que crea convenientes para la elaboración del Informe de Revisión Final. Y por último, el ministerio de Cabandié se tomará hasta 35 días hábiles para confeccionar el Informe Técnico de Revisión Final y emitir la Declaración de Impacto Ambiental a favor o en contra del proyecto.

 

Impacto económico

El relevamiento off shore, postergado en principio hasta los primeros meses del próximo año, implica la utilización de un buque sísmico que va acompañado por dos barcos de apoyo que tienen como misión garantizarle una navegación segura y sin interferencias con otras embarcaciones, abastecerlo de combustible e insumos y atenderlo en caso de emergencia o fallas en su sistema de propulsión.

 

En el campo económico, el retraso de los registros sísmicos tiene un impacto negativo nada despreciable. Según un informe elaborado en el ámbito naviero, la  operación de un buque sísmico 3D demanda un costo diario promedio de 225.000 dólares en suministros, combustibles, equipos y tripulación. A su vez, cada uno de los dos barcos de apoyo y seguridad que lo secunda genera un gasto diario promedio de 17.000 dólares que dejan de ingresar a las empresas locales.

 

En cuanto al personal embarcado, el buque sísmico lleva a bordo 23 tripulantes argentinos, mientras que los dos barcos soportes requieren otros 28 tripulantes locales. Los sueldos que las dos tripulaciones se pierden de cobrar por la inactivad de los buques suman un total de 600.000 dólares por mes. A eso se agregan los gastos en hoteles, transporte, chequeos médicos y ropa de trabajo de las dotaciones de relevos que no pueden facturar los establecimientos y negocios de Mar del Plata y Necochea durante los seis meses que dura el período de exploración.

 

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