Desde la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Argentina no contabiliza ninguna muerte vinculada con el aborto. “Es un resultado muy contundente”, evaluó la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, seis meses después de que el Senado Nacional votara a favor de la legalización y despenalización de la práctica. La demanda militante del movimiento de mujeres, las alianzas entre representantes de partidos políticos distintos y la voluntad política del Gobierno consiguieron los votos necesarios el 30 de diciembre de 2020, cuando parecía que la pandemia iba a transformar el compromiso de Alberto Fernández en una promesa incumplida.
Sin embargo, los sectores que organizaban la oposición a la iniciativa no se dieron por vencidos y, luego de la derrota legislativa, encararon una serie de acciones judiciales para impedir y obstaculizar la aplicación de la ley 27.610. Amnistía Internacional Argentina realizó un seguimiento de las causas iniciadas en distintos tribunales del país en estos seis meses y relevó que, desde la sanción de la norma, se iniciaron al menos 32 demandas en su contra y, de ese total, 28 buscan que se declare la inconstitucionalidad con efectos generales, tres demandan penal y civilmente a las personas responsables de su aprobación y al menos una buscó, sin éxito, impedir que una mujer accediera a su derecho. En la mayoría de los casos, el demandado fue el Estado nacional, con 17 causas en su contra; diez se iniciaron contra los estados provinciales y una no identificó contraparte.
Podría arriesgarse que estos sectores también se encaminan hacia otra derrota, también en el terreno judicial, porque, del total de acciones, al menos 16 fueron consideradas inadmisibles y las medidas cautelares resueltas hasta el momento fueron rechazadas o suspendidas.
Una de las últimas acciones fue la interpuesta por el juez de Mar del Plata Alfredo López, a cargo del juzgado federal 4, que hizo lugar a una presentación de Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado, excandidato a diputado provincial por el Modin. Logró suspender por unos pocos días la IVE en hospitales nacionales. Diez días después, el 17 de junio, otro juez federal de la misma ciudad, Santiago José Martín, suspendió la cautelar dictada por López, tras una presentación del Estado nacional.
El juez López es un activo militante contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTTQI+ y ferviente anticomunista, distinguido públicamente por el dirigente de ultraderecha Alejandro Biondini “en virtud de su lucha para proteger a los niños por nacer”.
Finalmente, la Cámara Federal de Mar del Plata revocó la cautelar otorgada por López. Los camaristas Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza resolvieron que el amparo interpuesto por Seri era improcedente en tanto no existía ningún caso o causa que mereciera una intervención y calificaron la actuación del titular del juzgado 4 como “un grosero error judicial”. En algunos pasajes del fallo, la Cámara le recomienda a López que, “en lo sucesivo, guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios dispendios jurisdiccionales”. Y Jiménez explica, además, en otro párrafo, que “las barreras son aquí de tipo cultural, con lo que resulta relevante fortalecer la perspectiva de género al disponerse los magistrados actuantes a evaluar la procedencia o improcedencia de las causas judiciales. Así es que, como regla general, una vez habilitada su jurisdicción, no deben imponer patrones de virtud o abnegación personal, sino garantizar que las personas (hombres o mujeres) elijan libremente sus proyectos”.
También en Córdoba y justo cuando se cumplieron seis meses de la sanción, la Justicia Federal de la provincia rechazó el amparo –que pedía la declaración de la IVE como “nula e inaplicable”- presentado por la Asociación Civil Portal de Belén, organización que históricamente litigó contra las distintas leyes de ampliación de derechos y mantuvo durante siete años en suspenso la aplicación del protocolo de atención para la interrupción legal del embarazo en el territorio cordobés.
Lo que hay y lo que falta
Más allá de los embates judiciales, la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo es desigual en el territorio argentino. No todo el personal de salud cuenta con la información necesaria para atender a las pacientes que desean o necesitan abortar ni en todas las jurisdicciones hay acceso a la medicación recomendada para la realización de la práctica. Muchas veces, en localidades alejadas de los grandes centros urbanos, se realizan derivaciones por falta de conocimiento sobre los procedimientos o sobre los alcances de la ley, retrasando la práctica y generando complicaciones vinculadas con los traslados.
Tanto la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva como el Ministerio de las Mujeres destacan el aumento en la cantidad de efectores dentro del sistema público para realizar la IVE: en diciembre había 970 y hoy, 1.154. En los primeros cinco meses del año, la provincia de Buenos Aires capacitó a los equipos de salud de más de 400 establecimientos públicos y entregó 11.940 tratamientos para acceder a la práctica.
Cada año en el mundo mueren 47.000 mujeres por abortos riesgosos. En los países donde el aborto es legal y seguro, la tasa de mortalidad es de 0.2 a 2 muertes por cada 100 mil prácticas. Desde el 14 de enero de este año, cuando entró en vigencia la ley 26.170, la Argentina entró en esta última lista de países.
