22|7|2021

El autor replica declaraciones de la titular de la Dirección Nacional Electoral, postula la boleta única en papel y cuestiona el sistema actual.

En la entrevista, amplia y extendida, que Letra P le hiciera a la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), la politóloga Diana Quiodo, a quien no tenemos el gusto de conocer personalmente a pesar que la Red Ser Fiscal asiste permanentemente a las invitaciones de la DINE y de la Cámara Nacional Electoral (CNE) como parte del conjunto de ONGs interesadas en la temática electoral, pone sobre la mesa algunas particularidades y nos permite mostrar otro lado de lo que se marca en la mencionada nota.

 

El primer punto es la descripción sobre la formación y procedencia de la mencionada funcionaria al manifestar su expertise y presentarla como “un cuadro técnico de La Cámpora”. Aquí comienza, desde nuestro punto de vista, a debilitarse la robustez del sistema actual. Es una lucha de la Red y del análisis de diversas ONGs la dificultad que la organización electoral (articulación la llama la funcionaria), esté en manos de un ámbito diferente al de la Justicia Electoral, ya que la influencia de la cartera política, de quien depende la DINE, es justamente opuesta a la mejor práctica: que el ámbito sea la Justicia y no un organismo político con funcionarios que representan a un partido, en cuyo caso aparecen incompatibilidades, como haber sido apoderada de una facción, por ejemplo.

 

Esta batalla se da en el marco de este gobierno, el anterior y el anterior en los doce años de vida de la Red Ser Fiscal, porque es constitutivo de la organización electoral y en cierta manera termina alimentando esa desconfianza de los partidos y ciudadanos que la cientista política Quiodo requiere que no se alimente. La opción a analizar es un organismo profesionalizado que reporte a la Justicia Electoral o un organismo autárquico, como existe en otros países pero con un control legislativo. Así se evitará que un juez y parte articule, frene medidas necesarias, o se ahogue en recursos a la Justicia.

 

Un principio racional del control nos indica que no puede controlar quien, por ejemplo, licita una empresa para gestionar conteos provisorios, el Correo que distribuye todo el material sensible del día de las elecciones, provee el material de confección de padrones, etc.

 

El segundo elemento a considerar es la displicencia con que se trata el análisis de la boleta única de papel, mencionada en quince proyectos de ley, avalada por la misma CNE, más de 30 organizaciones de la sociedad civil y la propia experiencia a lo largo y ancho de la Argentina. Santa Fe, Córdoba, San Luis Capital tienen sistemas de boleta única papel. Salta y Chaco, provincias insospechadas de ser opositoras, tienen boleta única electrónica marchando por razones fundamentalmente de costos de la boleta única de papel. Neuquén tiene boleta única electrónica, Mendoza y la Ciudad tienen leyes de aprobación de boleta única electrónica o de papel, Catamarca aprobó en sus dos cámaras la boleta única de papel, siendo vetada por la entonces gobernadora Corpacci. Entre Ríos, Río Negro, Chubut y hasta la provincia de Buenos Aires tienen proyecto de boleta única de papel, en este caso aprobada por la mayoría en el Senado con disidencia del minoritario bloque del oficialismo. Queda expuesto que un número importante de provincias, con un porcentaje alto de representación, nos dice que se están buscando mecanismos alternativos que den verdadera robustez al sistema.

 

El sistema actual es caro, se gastan millones de pesos en millones de boletas que serán desechadas, no cuida el medio ambiente y por ello termina siendo agresivo y poco ajustado a medidas progresistas en este sentido. Además, alimenta trampas conocidas por todos como el robo de boleta, su sustitución y envío a otros lugares de las que deberían ir a cada distrito y exigen el cuidado riguroso de fiscales, a veces no existentes en diversas fuerzas políticas para que termine torciéndose la voluntad popular, subsumiendo el tema del sistema de votación en una pelea agonal para ver quién tiene más estructura para “cuidar” los votos, cuando el cuidado debe ser que todo voto llegue a ser contado y que cada ciudadano pueda votar a quien quiera y cada candidato recibir el voto de quien quiera.

 

Seguramente no habrá muchas denuncias en la Justicia el día de las elecciones, porque estos robos son como el robo de un celular o una billetera, y hasta se marcará, como deja transmitir la aludida funcionaria, como una sensación de inseguridad. Pero que existe, existe.

 

El último punto de la situación de votar en pandemia con boleta única de papel es que genera una serie de beneficios que, al votar con el sistema tradicional, a pesar de los cuidados mencionados, será votar en malas condiciones, agravadas y sin generar cambios de fondo, debiendo fiscalizarse en condiciones limitativas y, como ha pasado en las provincias que ya han votado, sin respetar el rigor que la norma querrá imponer. Más de 80 países votaron en pandemia en 2020 con boleta única de papel con precauciones y mejoras en rapidez, distanciamiento, cuidados. En Argentina, Río Cuarto y las elecciones de extranjeros en las elecciones de Bolivia fueron un caso: más de 160 mil ciudadanos votaron en plena pandemia sin registros en particular de esta afectación con boleta única de papel

 

El argumento de que la boleta única papel ataca el conocimiento de la lista es, por lo superficial, una falacia. En Argentina se vota con boleta única papel en elecciones nacionales en las cárceles y en los consulados. Con el despliegue de afiches con el listado de los candidatos, o con libros en la mesa de votación para analizar la lista completa de preferencia, alcanza y sobra para rebatir este punto.

 

Por último, nada se dice del control del votante por reconocimiento biométrico, experiencia que la Cámara Nacional Electoral viene desarrollando con éxito, empezando por las provincias de frontera para asegurar que el festival de documentos de identidad existentes en el país ceda al control del votante, con datos que el Renaper tiene y puede proporcionar.

 

El ministro del Interior mencionó que este año no hubo tiempo para implementar este sistema. Indudablemente no hubo vocación política de hacerlo, seguramente entre otras cosas por los argumentos desplegados por Quiodo. Como ella dice, el año que viene se verá si es posible cambiar de una vez y para siempre este raquítico sistema por uno más fortalecido por el consenso de la ciudadanía a través, entre otras, de las organizaciones de la sociedad civil, y a partir de una verdadera política de Estado en el Congreso Nacional. Se verá.