Con el lanzamiento de Súper Cerca, el Gobierno decidió no prorrogar los Precios Máximos, la resolución que mantenía congelados los precios de los bienes en supermercados y que, a pesar de deslistes graduales y ciertos incrementos permitidos, provocaba la ira de las grandes empresas de consumo masivo. El nuevo programa de 70 productos esenciales con precios fijos por seis meses e impresos en los paquetes funcionó como moneda de cambio, aunque queda por ver de qué manera será el deshielo para que el ya recalentado índice de inflación no sufra otro golpe de horno.
La negociación entre 24 grandes empresas de consumo y la secretaría de Comercio Interior tuvo sobre la mesa el fin de Precios Máximos a cambio de la nueva canasta, que incluye segundas y terceras marcas de harinas, fideos, leche y otros alimentos y artículos de higiene y limpieza. Según la secretaria Paula Español, las compañías se comprometieron a "asegurar el abastecimiento en todo el país" en los comercios de proximidad.
El desarme de Precios Máximos -vigente desde marzo del año pasado- llega en momentos en que la inflación de mayo apunta a entre 3,3 y 3,8%, según consultoras, con alimentos arañando otro 4% de suba mensual. Es el escenario más temido por el Gobierno, que debe defender su gestión en pocos meses en las urnas y que ve cómo el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables no para de erosionarse. El nuevo Súper Cerca tendrá dos características principales. Por un lado, la capilaridad, a partir de la promesa de que los 70 productos llegarán a comercios barriales y autoservicios. En segundo lugar, el federalismo, que busca garantizar que los precios serán los mismos en todas las provincias.
Las empresas de consumo masivo reclamaban respuestas ante el deterioro de sus márgenes de ganancia. Con ironía, decían en el Gobierno que la gestión de Daniel Funes de Rioja al frente de la Unión Industrial Argentina (UIA) comenzó con éxito: en su primer día, Precios Máximos llegaba a su fin. Sin embargo, los controles informales seguirán: las compañías deberán requerir un aval de la dependencia de Español antes de subir los precios. El esquema será el que ya viene funcionando: los supermercados rechazarán cualquier lista de precios que no tenga la aprobación de Comercio. La desventaja de ese panóptico es que no vigila lo que pasa en la gran mayoría de almacenes y autoservicios. La diferencia de precios entre uno y otro canal fue creciente con los meses de regulaciones a medias.
A mediados de marzo, el Gobierno informó que las grandes compañías de consumo, construcción e industrias claves debían comenzar a compartir datos sensibles con los despachos oficiales destinados a vigilar precios y desabastecimientos. Estos regímenes informativos de carácter obligatorio tensaron la relación entre los empresarios y los funcionarios. De hecho, Copal recurrió con un recurso administrativo la medida, aunque en los hechos es información que las alimenticias ya entregaban al Gobierno por la resolución 100 de Precios Máximos. Esa norma también las obligaba a fabricar al máximo de la capacidad para evitar desabastecimiento.
Semanas después, Amcham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, se expresó en duros términos contra el congelamiento de precios cuando el Gobierno y las compañías de consumo masivo afinaban una nueva renovación de Precios Cuidados. "El tiempo se acorta, el margen de maniobra de las empresas y el retail es escaso, los niveles de sostenibilidad económica son mínimos, los argumentos sobre la política de administración del comercio son irracionales, la contradicción es manifiesta, la previsibilidad es nula, y la competitividad es una quimera", había lanzado la entidad que agrupa a grandes multinacionales en abril pasado.
