Luego de dos horas de debate, el Senado transformó en ley el proyecto de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. La norma obtuvo una amplia mayoría de 55 votos afirmativos, frente a uno negativo y seis abstenciones. En un hecho histórico para el país, desde que sea promulgada por el Poder Ejecutivo, garantizará que exista un cupo laboral para ese colectivo que no puede ser menor al 1% de todo el personal que desempeña tareas en los tres poderes del Estado.
El texto lleva el nombre de Diana Sacayán y Lohana Berkins, dos activistas del colectivo que fueron víctimas de travesticidios. La iniciativa busca homenajearlas, pero encierra una inédita apuesta para igualar derechos y garantizar que el Estado abra sus puestos laborales para una comunidad históricamente discriminada, perseguida y vulnerada.
El único voto negativo lo aportó el senador cordobés Ernesto Martínez (PRO), que integra la bancada de Juntos por el Cambio. No fue la única resistencia al proyecto. Otros seis miembros del espacio se abstuvieron. Es el caso de Roberto Basualdo (Producción y Trabajo-San Juan), Julio Cobos (UCR-Mendoza), Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán), Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Humberto Schiavoni (PRO-Misiones) y Belén Tapia (UCR-Santa Cruz).
El proyecto comenzó a ser tratado a las 16.15 y fue votado pasadas las 18.30, luego de una serie de discursos que dieron cuenta del consenso alcanzado en las dos cámaras para transformarlo en ley. Cuando llegó ese momento, integrantes del colectivo que estaban en los palcos festejaron la votación y luego participaron de una foto que organizaron la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y la diputada bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez, dos legisladoras del Frente de Todos que fueron clave para el éxito de esta iniciativa.
La ley también incluye a ministerios públicos, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado. Si bien ya rige en el Poder Ejecutivo, ahora se extenderá ese piso de derechos a los demás poderes del Estado. Deberán tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de esta minoría en relación al mercado de trabajo, producto de la histórica marginación social a la que es sometida.
También estipula la posibilidad de ingresar al puesto de trabajo aunque el postulante trans o travesti no haya completado los ciclos de formación educativa, pero exige como condición que se retomen y finalicen esos estudios. Además, prevé incentivos en las contribuciones patronales de 12 y 24 meses (dependiendo del tamaño de la empresa) en caso de contratar personal de este colectivo.
Por otra parte, habilita el acceso a créditos en el Banco Nación con tasa preferencial para el financiamiento de proyectos productivos de personas de este colectivo, garantizando capacitación para el acceso al beneficio. Además, no se tendrán en cuenta los antecedentes contravencionales para el ingreso al trabajo, así como tampoco los antecedentes penales que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, teniendo en cuenta la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.
