El exintendente de Pilar Nicolás Ducoté (Juntos por el Cambio) pidió prorrogar por unos días su declaración indagatoria fijada para este martes en tres causas en las que la Justicia investiga posibles casos de corrupción durante su gobierno en ese municipio bonaerense entre 2015 y 2019.
El desvío de más de 460 millones de pesos durante la gestión de Ducoté por obras inconclusas pagadas con sobreprecios o que no llegaron siquiera a iniciarse, además de falsos microcréditos, está siendo investigado por la justicia federal y pone en jaque al exintendente macrista y a una veintena de exfuncionarios citados a indagatoria durante este mes.
El juez federal de Campana Adrián González Charvay avanza en la investigación de tres causas por sospechas de corrupción, donde se advierten irregularidades e inconsistencias para justificar la disposición millonaria de fondos federales en perjuicio del Estado, que debían tener como destinatarios a familias en situación de vulnerabilidad social.
Involucran a Ducoté y al ministerio del Interior y Obras Públicas, a cargo entonces de Rogelio Frigerio, además de a sociedades anónimas público privadas y empresarios. La complicidad de estos últimos cierra el circulo de malversación.
Los dictámenes emitidos por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) señalan “la clara participación de los funcionarios que en distintos estadios de la maniobra efectuaron sus aportes, desde las cuantiosas aplicaciones de recursos hasta la concreción de los acuerdos necesarios para justificar con obras inexistentes o comisiones indebidas la aplicación de sumas de dinero por las cuales el Estado ni la sociedad se vio beneficiada, sino los empresarios o intermediarios”, y deja entrever un circuito de “posibles retornos”.
La causa “Microcréditos” se inicia en un programa para el mejoramiento de la vivienda y la conexión a servicios públicos de la Municipalidad de Pilar por 300 millones de pesos. Según se detalla en la investigación, los fondos que el jefe comunal PRO debía haber entregado a personas en situación de vulnerabilidad terminaron en un uso en apariencia fraudulento.
Dentro del plan que otorgaba los préstamos, había gente que figuraba como beneficiaria pero que declaró nunca haber solicitado el crédito. Algo similar a lo que ocurrió con los “aportantes truchos” durante la campaña electoral de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
Además, se conocieron casos de personas a las que se les ofrecía el dinero a cambio de que se comprometieran a apoyar al intendente en las elecciones de octubre de 2019, utilizando de intermediarios a punteros políticos. Prueba de ello es que el otorgamiento de los microcréditos se acrecentaba en los años electorales, con picos en 2017 y 2019, donde se intentó revertir un resultado adverso tras las PASO.
Fuentes allegadas a la causa señalan que los fondos debían ser reembolsables mediante un contrato genuino pero en cambio se montó un megafraude con fondos nacionales y una defraudación al estado.
La segunda investigación, conocida como “Monterrey”, se origina en un convenio para la urbanización y mejoramiento del hábitat del barrio Monterrey de Derqui, con una inversión mayor a los 145 millones de pesos, firmado en abril de 2016 por el entonces intendente de Pilar y la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
Contemplaba la revitalización y mejora de un corredor central en el barrio, la provisión de servicios básicos como agua corriente y cloacas. Además, comprendía diversos módulos sociales. Se trata de obras que se anunciaron pero, a la luz del expediente judicial, no existen, pese a que están los certificados de obra firmados y los millonarios desembolsos realizados.
El tercer expediente, denominado “Peruzzotti”, investiga las inconsistencias en torno a la construcción de una red cloacal, una planta depuradora y una red de bombeo. La misma fue licitada y adjudicada por el Municipio pero no se ejecutó en el lugar asignado (el barrio Peruzzotti), los certificados de obra fueron fraguados y la empresa adjudicataria se alzó con la suma de $14.135.303,93.
El fiscal Sergio Rodríguez a cargo de la PIA dictaminó que “se efectuó una certificación de inicio de obra previa a la celebración del contrato con la empresa adjudicataria” y agrega que “la construcción del expediente administrativo pretende afirmar, falsedad mediante, que las obras se iniciaron casi dos meses antes de haber sido contratada la empresa”. También pone en evidencia las irregularidades advertidas en el proceso de licitación, vulnerando los principios de publicidad de este tipo de actos.
Si bien en este caso el monto en juego es menor en relación a las otras dos causas, el desenlace llamó la atención de la Justicia: la planta depuradora apareció en el galpón de un proveedor (que reconoció los sobreprecios), después de que surgió la denuncia y por fuera de los plazos establecidos. En los expedientes figura la obra terminada y colocada.
Mientras tanto, la estrategia de Ducoté es ganar tiempo. Pidió retrasar la indagatoria pero aún no ha presentado pruebas ni ha logrado revertir la evidencia del fiscal, que por el momento se presenta concluyente ante los hechos denunciados.