09|9|2021

Ducoté, acorralado judicialmente por irregularidades en obras millonarias

02 de noviembre de 2020

02 de noviembre de 2020

El exintendente de Pilar validó obras que nunca se hicieron. Las conclusiones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Complicidad nacional.

“Esto no es relato, donde antes había barro, ahora hay asfalto”, repetían como un mantra a coro en Juntos por el Cambio durante la campaña electoral de 2019. Pero no todo lo que reluce es oro. El exintendente del distrito de Pilar, Nicolás Ducoté, se encuentra acorralado judicialmente por un plan millonario de obra pública que no fue completado pese a que las obras aparecen certificadas por el Municipio. Fue una inversión del Estado nacional por 120 millones de pesos.

 

La denuncia comenzó en el fuero federal, pero luego pasó a la justicia penal bonaerense. Cuando el expediente parecía tener destino de archivo, un informe técnico de un organismo nacional dio musculatura a los investigadores. Desde ese momento, la suerte del exalcalde quedó echada.

 

La inversión inicial era por 145 millones de pesos para un plan de urbanización del barrio Monterrey (una de las zonas más humildes del distrito) que contenía asfalto, agua corriente, cloacas, iluminación, plazas nuevas, un centro cultural y hasta un corredor aeróbico. Pero las obras nunca se terminaron, aunque desde la administración Ducoté certificó obras inconclusas o directamente nunca comenzadas.

 

 

Un informe reciente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al que accedió Letra P señala que se fraguaron certificaciones de obra. También, que hubo graves fallas en los controles por parte de autoridades nacionales. En rigor, esa repartición emitió tres dictámenes que comprometen al exalcalde y también a funcionarios nacionales.

 

Los investigadores concluyeron que los plazos nunca se respetaron. De hecho, en el expediente administrativo figura que las obras comenzaron el 21 de marzo de 2017, cinco días después de que el exintendente Ducoté adjudicara la licitación y dos meses antes de la firma del contrato.

 

Otro de los focos en la mira es la publicidad de los actos administrativos y la presunta responsabilidad de las empresas que estuvieron a cargo de las obras. Pero lo sustancioso de este tramo de la investigación se centra en las certificaciones de obras realizadas por la administración municipal, ya que sin ellas las empresas no podían solicitar nuevos desembolsos de dinero, que se ejecutaban contra obra terminada, es decir, rendir el dinero recibido con anterioridad.

 

 

 

Con todos los plazos vencidos y varios trabajos pendientes, en agosto de 2019 (en plena campaña electoral) el convenio original se modificó mediante una adenda y se redujo el monto total a $123.873.531. En ese momento, todavía había trabajos pendientes. Para la PIA, el Municipio debería haber cancelado el contrato.

 

Pero las responsabilidades no recaerían solamente sobre el exintendente. También están en la mira funcionarios nacionales. “Como quedó acreditado del estudio de los distintos convenios, tales transferencias dinerarias fueron aprovechadas a los fines de generar beneficios indebidos con el consecuente desfalco a las arcas del Estado Nacional, habida cuenta que fue quien hacía el aporte para solventar las obras y módulos de desarrollo con los cuales se justificó la obtención de las partidas presupuestarias”, dice el documento de la PIA.