21|7|2021

Citan a indagatoria a Ducoté por supuestos casos de corrupción

14 de junio de 2021

14 de junio de 2021

La medida también alcanza a empresarios y exfuncionarios de Pilar y del Ministerio del Interior del gobierno PRO. El exintendente, contra las cuerdas.

Tras una larga y sigilosa investigación, la Justicia Federal de Campana citó a declarar para este martes al exintendente de Pilar Nicolás Ducoté y luego harán lo propio exfuncionarios municipales y nacionales de Cambiemos en el marco de una causa que investiga el destino de varios millones de pesos pagados por obras inconclusas. El llamado a indagatoria del exjefe comunal de Cambiemos sacó a la luz un entramado de irregularidades, desvío de fondos nacionales destinados a obra pública para sectores vulnerables con la supuesta complicidad empresaria.

 

Un informe reciente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al que accedió Letra P señala que se fraguaron certificaciones de obra. También, indica que hubo graves fallas en los controles por parte de autoridades nacionales. En rigor, esa repartición emitió tres dictámenes que comprometen al exalcalde y también a funcionarios nacionales.

 

Los investigadores concluyeron que los plazos nunca se respetaron. De hecho, en el expediente administrativo figura que las obras comenzaron el 21 de marzo de 2017, cinco días después de que el exintendente Ducoté adjudicara la licitación y dos meses antes de la firma del contrato.

 

Otro de los focos en la mira es la publicidad de los actos administrativos y la presunta responsabilidad de las empresas que estuvieron a cargo de las obras. Pero lo sustancioso de este tramo de la investigación se centra en las certificaciones de obras realizadas por la administración municipal, ya que sin ellas las empresas no podían solicitar nuevos desembolsos de dinero, que se ejecutaban contra obra terminada, es decir, rendir el dinero recibido con anterioridad.

 

Los funcionarios judiciales a cargo de la investigación señalaron que: “Tal accionar de funcionarios y empresarios, conllevó la entrega de fuerte sumas de dineros sin el consecuente correlato de las obras o servicios públicos a favor de la sociedad”. Los investigadores concluyeron que “se han verificado innumerable cantidad de irregularidades, que no tiene su razón en la torpeza, error o ignorancia de lo debido, sino en la clara voluntad de poder llevar a delante la maniobra que permitiría alzarse con elevadas sumas de dinero”.

 

El cementoducto de dinero

Los fondos partían del ministerio del Interior y Obras Públicas, a cargo entonces de Rogelio Frigerio, para municipios de todo el país. Eran partidas del Plan Nacional de Hábitat que se canalizaban mediante la Secretaría de Infraestructura Urbana, a cargo de Mariana Klemensiewicz, también citada a indagatoria. En el caso de Pilar salió dinero y las obras no se hicieron en su totalidad. El fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Unidad Fiscal Anticorrupción señaló en su dictamen: “Nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”.

 

Pero la corrupción es un delito que se comente de los dos lados del mostrador. Para eso se necesitó de la complicidad de las empresas adjudicatarias de las obras: Tordel S.A. y la unión transitoria de empresas UTE Vialme S.A.-Servicios y Gestión S.A.- Alpin S.A.

 

Nicolás Ducoté junto a Vidal en la campaña 2015 cuando prometieron obras que se pagaron y no llegaron

Por la empresa Tordel SA fueron citados a indagatoria su presidente, Sergio Miguel Russo y los ingenieros Daniel Fatelevich y Norberto Giulianell. En tanto por la UTE deberán responder su apoderado Gabriel Adrián Lucero y el ingeniero Fernando Bonafede.

 

La lista de citados a declaración indagatoria por el juez federal Adrián González Charvay es amplia. En ella se anota Iván Kerr, exsecretario de Vivienda, y el contador Domingo Luis Amaya, excandidato a gobernador de Tucumán.

 

Una de las situaciones que llamó la atención es la presentación de facturas sin conocerse a qué se debía el desembolso de las mismas. Se registraron liquidaciones a fundaciones y ONG como Crear Vale la Pena, Equisalud y Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil ELA, además de proveedores particulares, que totabilizan erogaciones por más de dos millones y medios de pesos “sin conocerse efectivamente a qué correspondía cada uno”. “Nada de esto fue observado por las autoridades del Estado Nacional”, se señala en el expediente judicial.

 

Este martes 15 de junio comienzan las indagatorias a exfuncionarios y empresarios. Se extenderán por diez días. Luego el juez deberá determinar si habrá procesados y no en el expediente que tiene al exintendente de Pilar contra las cuerdas.