La noticia pura indica que la Cámara Federal de Apelaciones declaró la nulidad de los sobreseimientos con que fueron beneficiados dirigentes gremiales de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE) y de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), pero detrás de esta sentencia se entrevera una pelea por el manejo de los fondos gremiales y sociales.
La Sala II de ese tribunal de alzada, integrado por Martín Irurzun, Roberto Boico y Guillermo Farah, dejó sin efecto el sobreseimiento dictado por el juez Sebastián Casanello que benefició a los dirigentes José Voytenco (secretario general de la UATRE y titular de Osprera), Cristian Maximiliano Ayala (vicepresidente de Osprera), Reinaldo Alberto Barra (tesorero de Osprera), Martín Ariel Fortuna y Silvio Aníbal Díaz, también integrantes del consejo directivo de la obra social.
La interna gremial se desató en 2020 tras la muerte de Ramón Ayala, quien fue el continuador de la conducción gremial tras el deceso del histórico dirigente necochense Gerónimo Venegas. Se abrió una causa judicial en el fuero laboral luego de que el 20 de octubre pasado, mediante un resolución, la actual conducción gremial dispuso la revocatoria de los mandatos de los dirigentes Carlos Caballero (Tesorero) y Pablo Miguel Ansaloni (Secretario de Actas).
Los desplazados judicializaron la resolución. La medida fue rechazada en primera instancia, pero en la apelación los camaristas Luis Aníbal Raffaghelli y Alejandro H. Perugini les dieron la razón al “ordenar la suspensión de los efectos de la resolución emitida por el Secretariado Nacional de la UATRE en fecha 20 de octubre de 2020 en cuanto dispuso la revocatoria de los mandatos de los actores y ordenar precautoriamente sus reinstalaciones”, como informó entonces Letra P.
También se inició una causa penal en la que se solicitó, entre otros puntos, investigar la veracidad de la firma de documentos gremiales que habrían sido rubricados por Ayala cuando estaba internado en terapia intensiva con covid-19, una situación poco probable. Tras analizar el expediente, los camaristas concluyeron que el juez Casanello no investigó la presunta confesión que Voytenco había hecho mediante una reunión gremial por Zoom donde habría afirmado que le falsificó la firma a Ayala cuando este cursaba la internación hospitalaria.
Los querellantes Ansaloni, Caballero y Marcelo Alejo Acevedo señalaron en su denuncia que fueron “desplazados de sus cargos y sustituidos” por los ahora nuevamente procesados, quienes, desde su asunción en el directorio de la obra social, habrían malversado fondos de la misma. También indicaron que no habrían acatado una orden judicial dictada en el fuero laboral mediante la cual se habrían suspendido los alcances de la remoción de los integrantes del Consejo Directivo.
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Ansaloni, Caballero y Acevedo fueron designados por Ramón Ayala. Tras su deceso, el cargo de Ayala fue ocupado por el chaqueño Voytenco, quien, el 20 de octubre pasado, recibió de parte del Gobierno nacional la certificación de autoridades que lo consagra como secretario general de la UATRE con mandato hasta diciembre de 2023. Ese mismo días dispuso el desplazamiento de la conducción en la obra social, que era presidida por Ayala.
Voytenco reemplazó a Ayala en cumplimiento de lo establecido por el estatuto de la UATRE, tal como sucediera con Ayala cuando reemplazó al otro histórico dirigente rural, Momo Venegas, también fallecido en ejercicio de su mandato. El punto crítico es determinar si los desplazamientos de dirigentes de la obra social fueron legales.