Ianina Tuñón es la responsable de trazar el mapa de la pobreza infantil para el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA UCA), cuyo último informe revela que más de la mitad de las niñas y los niños son pobres y que, en el conurbano, la tragedia alcanza a casi un 75% de esa franja vulnerable: sólo cuatro de cada diez tienen algún tipo de cobertura alimentaria..
Formada en la universidad pública, la investigadora de la casa de altos estudios privada defiende a como dé lugar la Asignación Universal por Hijo (AUH), a la que considera, más que un simple plan social, una “política de Estado equiparadora de derechos” para las infancias. “La sociedad argentina también, territorialmente, cada vez es más fragmentada y, de alguna manera, ghetizada. Los chicos pobres están entre chicos pobres y los chicos ricos, entre chicos ricos”, advirtió al referirse a otras carencias de las infancias.
En diálogo con Letra P, Tuñón reconoció que fue tentada para integrar equipos técnicos gubernamentales en varias oportunidades, pero que prefiere seguir en su zona de confort institucional. También despejó los fantasmas de quienes perciben que la Iglesia se para sobre los informes de pobreza, indigencia y empleo de la ODSA UCA para hacer política y criticar a las autoridades de turno.
-¿Qué indicadores impactan o sensibilizan más a la hora de evaluar la situación de las infancias?
-Si bien la pobreza económica y la indigencia son indicadores que tienen más picos en la escala, hay otros menos visibilizados por las encuestas oficiales que impactan más porque hacen a la vida de niñas y niños, como el acceso a los servicios de salud, a los servicios educativos, a los espacios públicos para la socialización… Es poco probable que en una encuesta del INDEC se pregunten cosas vinculadas a niñas y niños, pero para nosotros esos indicadores son mucho más reveladores de las múltiples situaciones de pobreza que pueden vivir.
-Esto es tan así...
-La Argentina sigue jactándose de ser una sociedad de oportunidades, porque todos tenemos acceso -en teoría- a la salud, a la educación... pero, en la realidad, todos estos servicios son fragmentados y desiguales. Esas desigualdades son menos puestas en tela de juicio por quienes hacen políticas y que sucesivamente nos van gobernando. Se ha avanzado en políticas de transferencia de ingresos que no logran producir mermas en la pobreza ni la indigencia. En determinados momentos pueden lograr postergar situaciones de inseguridad alimentaria, que en 2020 afecta al 15% de los chicos, pero que no garantizan movilidad a través de la educación o acceso a buenos servicios de salud preventiva o que puedan tener espacios adecuados para la socialización para conocer a niñas y niños de otras condiciones sociales. La sociedad argentina también, territorialmente, cada vez es más fragmentada y ghetizada: los chicos pobres están entre chicos pobres y los chicos ricos, entre chicos ricos.
-¿Cómo impactó la pandemia en las infancias y sus familias?
-Fue terrible. No solamente por las estadísticas sino por trabajos cualitativos que hicimos en los barrios más vulnerables de la Capital y el conurbano, donde las familias cuentan con crudeza cómo pasaron a tener cero ingreso o a depender únicamente de las transferencias de ingresos como la AUH, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la tarjeta Alimentar; y cómo tuvieron que comenzar a ir todos los días a los comedores o a las escuelas para buscar los bolsones de alimentos, cómo desapareció la “carne” de la dieta alimentaria de esos sectores sociales, en los que la única carne era el pollo, en especial el alita de pollo. La factura fue muy fuerte.
-¿Esas transferencias de ingresos paliaron un poco la situación?
-Sin esas transferencias por parte del Estado la situación hubiera sido mucho peor y de violencias. Tuvieron una función de cohesión social muy importante.
-¿Estos planes sociales tienen que perdurar en el tiempo?
-Depende cuáles. Estoy muy de acuerdo con la existencia de la AUH y su durabilidad a lo largo de los gobiernos, como política de Estado. No es un simple plan social: es una política equiparadora en términos de derechos de los chicos, en el sentido de que ayuda a niñas y niños cuyos padres no tienen un trabajo formal. Un niño o una niña que nació en un hogar donde los padres no logran tener un empleo formal requiere de este tipo de transferencias, pero, si a esas transferencias que tienen que ver con los derechos del niño le aplicamos otras múltiples transferencias, ahí no estoy tan de acuerdo. Deben ser políticas transitorias, en una situación de coyuntura, no la solución a mediano plazo.
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-¿Por qué molestan tanto a los gobierno los informes del observatorio social de la UCA?
-Molestan de acuerdo con la posición en la que se encuentran. Cuando se están peleando por acceder al poder, son informes de referencia. Cuando están en el poder, nuestros informes se constituyen en una adversidad, porque pasan a ser el señalamiento de cosas que no están bien y de las cosas que a la sociedad argentina le falta.
-Las autoridades eclesiásticas hacen observaciones o piden enfocarse en algunas situaciones sociales de por sí graves?
-No, jamás hemos tenido ningún tipo de observación. No tenemos un tipo de diálogo en ese sentido. Lo único que hacemos, no sistemáticamente, es ofrecerle nuestros informes a la Iglesia, como lo hacemos con tantas organizaciones de la sociedad civil. Somos nosotros los oferentes de esa información, no ellos los demandantes.