La construcción aparece en la hoja de ruta del presidente Alberto Fernández, y también de los gobernadores, como la principal actividad para dinamizar la economía tras la fuerte caída que sufrió en 2020. Desde hace años, cuatro empresas constructoras se reparten los proyectos de obra pública en Entre Ríos, pese a que algunos de los empresarios están en la mira de la Justicia.
Hace unos días, el gobierno de Gustavo Bordet anunció la apertura de licitaciones para obras ferroviarias y las empresas adjudicatarias de los contratos fueron Caballi SA y Szczech SA, con una inversión de 112,5 millones de pesos. Se trata de dos firmas que suelen confluir en la Unidad Transitoria de Empresas (UTE), un artefacto para determinadas obras que requieren de una infraestructura que una sola no alcanza a cubrir.
Caballi SA está a cargo de Miguel Marizza, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Entre Ríos y figura insoslayable en el mundo empresario por ser uno de los principales proveedores del Estado en el plano de obra pública. En febrero, cuando el gobierno nacional anunció una inversión de $7.700 millones para construir 2.200 viviendas en la provincia, Marizza fue el primero en anotarse para poner en marcha la obra.
Además, Caballi SA terminó hace unos días la construcción de 424 viviendas del programa Procrear. Ese proyecto contó con la participación de su socio de años, Iván Szczech, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y cara visible de la empresa homónima.
Marizza es de origen peronista e incursionó en el ámbito de la política desde las sombras, apostando por varios candidatos (no exclusivamente del PJ) a quienes les financió la campaña aunque no haya aparecido en las listas de aportantes. De hecho, el exintendente de Paraná Sergio Varisco y la concejala María Marta Zuiani fueron beneficiados con aportes del zar de la construcción. Marizza también tiene vínculo con el intendente de Paraná, Adán Bahl, a quien conoce desde que el paranaense era ministro de Gobierno y Obras Públicas.
Szczech no es peronista, pero trabajó sin inconvenientes durante los últimos 18 años que el Partido Justicialista gobierna Entre Ríos. En 2017 tuvo un encontronazo con Bordet por los costos y los tiempos de ejecución de una obra en la planta de tratamiento del Parque Industrial de Gualeguaychú. El entredicho quedó en el pasado y al año siguiente el gobierno entrerriano le adjudicó la construcción de 500 viviendas en Paraná. Fue la última y la única adjudicada en los últimos cinco años.
Otra de las empresas históricas es Lemiro Pablo Pietroboni SA, de Concepción del Uruguay. En abril, la firma apareció en un ranking de las constructoras que ganaron los contratos más jugosos. Su antiguo dueño, Víctor Pietroboni, falleció en 2016 semanas después de haber confesado que en las licitaciones era "moneda corriente dejar un 20% más del valor de la obra". Sus declaraciones fueron escándalo en la comarca. Sus herederos acaban de dejar inaugurada junto al gobernador la obra de pavimentación del primer tramo de la ruta provincial 20, en Villaguay. Bordet aprovechó ese acto para anunciar los tramos que faltan, lo que implicará una inversión de $1.948.987.095,09.
José Eleuterio Pitón SA es otra de las empresas que participan del reparto de la obra pública. Pertenece a José Luis y Daniel Pitón, ambos procesados por la causa de los cuadernos. José Luis fue precandidato a intendente de Gualeguay en 2011 por su relación con el exmandatario Sergio Urribarri, pero perdió la interna del PJ. En abril, la empresa fue adjudicataria de la obra de reparación de la calzada de hormigón ruta provincial 11 y 26 y de la rotonda de la ruta nacional 24. La inversión es de 245 millones.
En los tribunales de Paraná tramita una causa desde el año 2016 que tiene a la primera plana del empresariado de la construcción en carácter de imputados. Marizza; Szczech, Rubén Grasso, de Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc), y Daniel Hereñú, de la Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), están acusados de haber cobrado sobreprecios por la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en diciembre de 2014 durante el gobierno de Urribarri.
El Ministerio Público Fiscal determinó que el Estado pagó 17 millones de pesos de más a esas firmas que tuvieron a su cargo las obras para el evento diplomático que contó con la presencia de los presidentes latinoamericanos. La causa está aún en etapa de pericias lista ya para elevar a juicio.
Hereñú protagonizó el año pasado un hecho insólito. El Concejo Deliberante de Larroque aprobó un convenio suscripto entre la empresa OICSA y la Municipalidad para resolver una discusión económica en torno a una obra de 14 cuadras de asfalto cuya ejecución estaba siendo investigada ante la sospecha del cobro sobreprecios. ¿En qué consistió el convenio? En que la firma de Hereñú reconocía el sobreprecio que había cobrado y lo descontaba para una próxima obra con el objetivo de seguir siendo proveedor del Estado municipal.