Por incumplir lo que la ley indica en materia de tratamiento de envases vacíos de agroquímicos, el gobierno de Axel Kicillof fue a fondo con la aplicación de severas multas a grandes empresas del sector, muchas de ellas multinacionales. Las firman retrucaron cuestionando las sanciones, por un total de casi $800 millones, y avisan que apelarán. El escenario abre un foco de tensión entre las partes.
La ley 27.279 establece que es responsabilidad de las empresas gestionar la recolección y tratamiento de los bidones vacíos de agroquímicos una vez consumidos, ya que se consideran un residuo peligroso. Al citar declaraciones juradas de las compañías, fuentes de la Provincia indicaron que, de los 13 millones de envases volcados en territorio bonaerense durante 2019, solo se recuperó un millón.
Según detallaron a Letra P fuentes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), luego de girar más de 1.100 cartas documento a las empresas advirtiendo este escenario y no obtener respuestas favorables, se definió avanzar con las multas, que tienen a Bayer a la cabeza con más de $132 millones (sumando las sanciones aplicadas a Monsanto, firma absorbida por la multinacional con base en Alemania), seguida por Syngenta (con más de $86 millones) y Atanor, con casi 82 millones. También figuran como sancionadas otras grandes jugadoras del mercado como Basf y Dow Agrosciencies.
“Tener que llegar a las multas significa que hay por lo menos una falta de interés de las empresas en poner el acento en este tema. Son empresas que tienen una logística muy buena para enviar el producto y distribuirlo, tienen alta tecnología, se muestran eficaces y eficientes, pero en esto no se estarían mostrando así, cuando es un punto más de su cadena de comercialización”, dijo a Letra P el director Ejecutivo del OPDS, Juan Brardinelli, quien describió que la ley que obliga a las compañías a tratar los envases de agroquímicos ya usados data de 2016 pero que “la dilación en la gestión pasada” hizo que la efectiva aplicación se vaya postergando en el tiempo y recién la actual gestión la haga valer.
Brardinelli sostuvo que aquellos envases que no son recuperados terminan quemados, enterrados, en cursos de agua o, incluso, “abandonados al lado de una escuela rural, como nos tocó infraccionar”. Ante eso, el titular del OPDS advirtió que las empresas en cuestión tienen la estructura suficiente para cumplir con la ley: “Lo adecuaron en otros países, son empresas que tienen esa capacidad, tanto económica como técnica. Si el sistema tecnológico que adoptaron tiene estos costos aparejados, no tenemos por qué estar financiando, a costa de la salud y el ambiente, la rentabilidad de ciertas empresas transnacionales”.
Las firmas sancionadas retrucaron mediante un comunicado de Campo Limpio, la asociación mediante la cual estas empresas realizan la recuperación de los envases vacíos de fitosanitarios que indica la ley nacional. Allí, afirman que las sanciones “carecen de fundamento” y que “están siendo apeladas”. Además, cuestionan que el OPDS no habilitó aún diez Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) donde el productor debe entregar sus envases vacíos para su posterior reciclado.
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"Sin las habilitaciones de los CAT es imposible incrementar la recolección aún más”, arremetió la entidad que funciona en las mismas oficinas de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), entidad que tiene en la cúpula de su comisión directiva a ejecutivos de Syngenta, Basf y Bayer.
“Están en su derecho de apelar. Preferiría que esto sea un punto de inflexión, porque hoy se está produciendo un daño al medioambiente. Mientras hablamos, se están dejando bidones abandonados en el campo o flotando en un río”, replicó Brardinelli al ser abordado por el documento de Campo Limpio. En esa línea, el funcionario bonaerense ahondó que los números que las empresas objetan “se desprenden de las declaraciones juradas que ellos presentaron al organismo”.
Sobre los CAT sin habilitar, el titular del OPDS precisó que “la multa se hizo hasta septiembre y estos CAT se presentaron en octubre. Hablan de diez CAT, de los cuales tres eran renovación, otras incorporaciones al sistema de gestión y otros que no terminaron de presentar la documentación necesaria”.
Amén de esto, Brardinelli resaltó que estos centros de almacenamiento, incorporados al sistema de recolección de Campo Limpio, no fueron construidos por las compañías, sino por los distintos municipios: “Los intendentes que entienden el daño ambiental, con asesoramiento técnico nuestro, financian el CAT. Tenemos más de 11 CAT costeados por los municipios y en la actualidad siguen construyendo para solucionar la problemática que tienen todos los días”.
En cuanto al posicionamiento de integrantes del sector agropecuario, el titular del organismo ambiental enfatizó que muchos de ellos “plantean la problemática que tienen con los bidones. No se disparan un tiro en el pie. Estos bidones les contaminan sus propios campos y ríos, no saben qué hacer y no los pueden poner a la vera del camino a que alguien los pase a buscar, porque eso no sucede. Hay una problemática en el sector agropecuario y una solución que no está siendo aplicada y le corresponde aplicar a las empresas fabricantes de agroquímicos”.