11|10|2021

Tierra prometida: la República Peronista del Asado

17 de mayo de 2021

17 de mayo de 2021

La inflación, foco tardío del Gobierno. La ilusión –¿definitivamente rota?– de “la mesa de los argentinos”. El lastre ideológico de Todos. Góndolas y urnas.

La promesa electoral de Alberto Fernández y del Frente de Todos apuntaba centralmente a que la emergencia de un peronismo reunificado revirtiera las políticas macristas de ajuste, pusiera “dinero en el bolsillo de los argentinos” y se ubicara al frente de una gesta nacional contra la pobreza y la indigencia. En ese planteo, el precio de los alimentos resultaba una cuestión esencial. Sin embargo, otra vez pasaron cosas, entre ellas, una pandemia que en 2020 paralizó la actividad económica y reprimió una inflación legada por el gobierno anterior, que, sin medidas específicas, no tiene por qué no marchar a una velocidad crucero del 45 al 50 por ciento anual cuando el mercado recupera un pulso casi normal. ¿Está la Argentina ante la primera y más importante promesa no cumplida del Gobierno? ¿Qué pasará con ese asunto ultrasensible ahora que asoma el proceso electoral y que el Presidente regresó de su gira europea con la firme intención de poner manos a la obra? ¿La firmeza del Presidente es tal cosa o debilidad a los ojos de un kirchnerismo dispuesto a tensionar la coalición de gobierno para confrontar modelos y ya avisa, on the record, que el oficialismo va camino a una derrota en las urnas si no le pone freno a la carrera alocada de los precios?

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó en abril 4,1%, lo que arrojó un 17,6% en lo que va del año que, tendencialmente, pulveriza la meta presupuestaria del 29 al 33% defendida por el ministro de Economía, Martín Guzmán. En tanto, la acumulada entre abril de 2020 e igual mes de 2021 asciende a 46,3%.

 

Más específicamente, el promedio del rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” evolucionó, respectivamente, 4,3%, 18,7% y 46,4%, en todos los casos por encima del índice general. Todavía de modo más puntual, en los 12 meses previos a abril último, en el área del Gran Buenos Aires,  el pan y los cereales aumentaron 33,8%, la carne, un impactante 64,7% y las frutas, 69,3%.

 

No se sabe si Fernández dice todo lo que piensa cuando asegura, como lo hizo el domingo en sus primeras declaraciones públicas a su regreso de Europa –irónicamente, en el programa Hagan algo, de C5N– que no encuentra razones para la suba de los precios, especialmente los de la comida. Puede ser que no comprenda el fenómeno, pero es más probable que esté sentando las bases para la única estrategia inmediata de contención que le queda cuando las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de septiembre ya quedan demasiado cerca: más presión sobre los formadores y más controles.

 

Una estrategia de fondo, que atienda a lo que Guzmán alude como la “multicausalidad” del fenómeno –la búsqueda de equilibrios fiscales y monetarios, control de largo plazo del tipo de cambio, trabajo sobre los cuellos de botella de la oferta, manejo equilibrado de la puja distributiva–, no parece manejable en los tiempos políticos que necesita el Frente de Todos.

 

Un elemento fundamental para comprender la estampida de los precios minoristas es la naturalidad de que la inflación crucero replique la de 2019, esto es, después de la paz de los cementerios que la pandemia y la cuarentena prolongada impusieron a un mercado que se semiparalizó.

 

El IPC de 36,1% del año pasado no tenía, a priori, condiciones no ya de bajar más sino de mantenerse este año, después de una masiva emisión de pesos que la calamidad sanitaria forzó como modo de contener la situación social.

 

Además, influye la cotización de los principales productos de exportación de la Argentina, que, por ejemplo en el caso de la soja, se encuentran hoy en máximos de más de ocho años.

 

Fuente: Ámbito Financiero.

Suele argumentarse que la soja, más allá del relativo consumo local de aceite y de harina para el engorde de cerdos, no es un alimento que haga a la mesa de los argentinos. Sin embargo, la demanda china en esos conceptos se ha disparado este año ante la necesidad de recomponer sus stocks de ganado porcino y el yuyito tiende a desplazar otras producciones, estas sí clave para el consumo local, que por esa razón se encarecen. De más está decir que el efecto de altos precios internacionales también se traslada al maíz, el trigo y la carne vacuna.

 

No por nada Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete y dueña de un voz económica cada vez más escuchada por Fernández, advirtió en febrero último que “el Estado solo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir ‘esto no se exporta’”. El sector agroindustrial puso el grito en el cielo y entonces la sangre no llegó al río. ¿Lo hará ahora con la renacida vocación del Presidente de dar pelea contra los precios?

 

Un dato importante es qué sector acaba de hacerse con el control de la Unión Industrial Argentina (UIA): la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) a través de Daniel Funes de Rioja. Si el jefe de Estado les apunta a los formadores de precios, la pelea quedará lanzada.

 

El control de los precios en la previa de las elecciones de mitad de mandato –junto con el empleo, el asunto más sensible para la base electoral del oficialismo– fue el principal mandato que el Frente de Todos le impuso a Guzmán ni bien este completó la renegociación de la deuda en manos de tenedores privados, muy por encima de arreglar los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. El ministro confió para ello en un combo compuesto por la concertación social, la reducción del déficit fiscal y la emisión monetaria, la evolución del dólar oficial por debajo de la inflación y cierta contención en materia tarifaria. Su receta no ha dado hasta ahora resultados.

 

Varios de esos ítems centran la disputa ideológica que cruza la alianza de gobierno, entre el cristinismo y Guzmán o, hasta su gira europea al menos, el llamado albertismo. Para los sectores más vinculados a la vicepresidenta y a su principal referente económico, en gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es necesario controlar más que dialogar con los formadores de precios y directamente planchar las tarifas. Esto último punto hizo a la pelea pública reciente entre Guzmán y el intocable subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que logró vetar la intención de aquel de lograr un incremento de las tarifas promedio alineado con la inflación, aunque segmentado en beneficio de los sectores económicamente más rezagados.

 

Aunque en tendencia tenga razón, el cortísimo plazo vacía a Guzmán de argumentos. La apertura de las urnas está a la vuelta de la esquina y Fernández necesita –para no deteriorar más su posición dentro de Todos y para ofrecerle alguna esperanza de futuro a la sociedad– respuestas urgentes en torno a la contención de los precios, que no deje todo lo dicho sobre el asado en el listado de las promesas incumplidas.

 

Lo que viene puede achicar la grieta entre Fernández y Cristina. Se trata, una vez más, de pasar el invierno.