Este fin de semana, casi 15 millones de personas podrán participar en Chile en cuatro comicios simultáneos. En una doble jornada, para evitar aglomeraciones y mantener mejor los cuidados sanitarios, este sábado y este domingo elegirán concejales, autoridades locales y regionales y a las 155 personas que conformarán la Convención Constituyente que redactará una nueva constitución para abandonar la dejada por la dictadura de Augusto Pinochet. Bajo las influencias perdurables del estallido social de 2019 y en un contexto de crisis e incertidumbre, ese país comienza a fundar las bases de su futuro.
Competirán más de 22.000 postulantes por un total de 2.768 cargos, en lo que serán las elecciones más grandes de la historia nacional y, a la vez, las primeras en las que se elegirán a los gobernadores. Sin embargo, será la conformación de la Convención lo que se llevará todas las miradas. En total, 1.191 candidatos –603 mujeres y 588 hombres– buscarán ingresar al órgano encargado de redactar la nueva carta magna y poner fin, 31 años después de su caída, a la herencia militar. En estas jornadas, además de empezar a definirse el camino de las presidenciales de noviembre, se empieza a demarcar un nuevo Chile, desconocido, pero en cualquier caso diferente.
Este proceso surgió a raíz de las masivas protestas de 2019, que comenzaron por un aumento de 30 pesos en el boleto del subte. Lo que empezó como un movimiento estudiantil se convirtió en la revuelta social más grande de la historia chilena, comienzo del fin, acaso, del modelo económico, político y social legado por Augusto Pinochet. “No son 30 pesos, son 30 años”, se leyó por las calles del país. A diferencia de la Argentina, Chile vivió una transición a la democracia tutelada por las Fuerzas Armadas, que abandonaron el poder político, pero sentaron las bases del modelo aún vigente. Todavía se recuerda la frase de Jaime Guzmán, uno de los juristas más importantes del pinochetismo: “La Constitución debe procurar que, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”.
En diálogo con Letra P, el historiador y especialista en los procesos constituyentes de Chile Sergio Grez Toso aseguró que la elección del fin de semana es la salida institucional al estallido de 2019, que no reclamó “únicamente derechos económicos y sociales”, sino también “una refundación política de fondo que garantice un sistema efectivamente democrático”. “Chile tiene una democracia muy restringida” y esta “es la primera vez que la ciudadanía tiene cierta participación en la redacción de una nueva constitución”, agregó.
El primer paso electoral hacia la nueva carta magna se dio el pasado 25 de octubre, cuando el 78% del electorado votó a favor de avanzar por ese camino a través de un ente encargado de su redacción, elegido completamente por el voto popular. A partir de su conformación, con paridad de género y 17 asientos reservados para los pueblos originarios, tendrá nueve meses, con una única prórroga posible de otros tres, para presentar un proyecto que deberá ser sometido a un plebiscito con voto obligatorio en los siguientes 60 días. Asimismo, trabajará sobre una “hoja en blanco”, es decir, no se centrará en la actual Constitución para realizar modificaciones, sino que redactará una completamente nueva. Lo único que deberá respetar son “el carácter de República, el régimen democrático, las sentencias judiciales y los tratados internacionales”. Las nuevas normas deberán ser aprobadas por un quórum de dos tercios, un número que obligará a realizar negociaciones y que amenaza con obstruir los cambios más profundos.
“La constitución que queremos escribir nos tiene que permitir restablecer un orden social respetuoso del ser humano, las diversidades y el medio ambiente”, afirmó en diálogo con este medio el coordinador de relaciones internacionales de Convergencia Social, Luis Jaqui, que impulsa a los candidatos de Apruebo Dignidad. “La Constitución de Pinochet y su modelo social siguen vivos y se niegan a morir”, agregó y completó: “La constituyente tiene que ser la nave que nos permita salir de ese hoyo negro para que nos lleve a los futuros posibles”.
Del total de postulantes, el 62% no está afiliado a ningún partido, únicamente el 23% tiene antecedentes políticos y apenas el 27% alguna experiencia pública. Los números más importantes de la jornada pasarán por la participación en un país donde es históricamente baja y con voto optativo, y por la distribución de los escaños con la mirada puesta los anhelados dos tercios. En este punto partirá con ventaja la derecha, que se opone a los cambios, y que concurre con la alianza entre Chile Vamos, del presidente Sebastián Piñera, y el ultraderechista Partido Republicano del pinochetista José Antonio Kast. Por su parte, las fuerzas progresistas acudirán divididas con el temor a ver trabadas sus ambiciones por la distribución de escaños.
De acuerdo a la plataforma LesConstituyentes.cl, hay 52 candidaturas que son parte de la comunidad LGBTIQA+ de las 1.278 que existen en total, y ocho de ellas corresponden a personas trans. Cuatro de estas candidaturas corresponden a mujeres trans: Constanza Valdés (Distrito 7, Lista Apruebo Dignidad), Emilia Schneider (Distrito 10, Lista Apruebo Dignidad), Alejandra Toledo (Distrito 6, Lista Apruebo Dignidad) y Lorraine Salvo (Distrito 15, Lista de Partido).
Desde Chile, Grez Toso aseguró que son dos los legados de la Constitución de Pinochet que se buscarán cambiar. Por un lado, el carácter subsidiario del Estado nacional. “Tenemos un Estado mínimo en cuanto a sus funciones económicas y sociales, que delega en los privados una serie de funciones y atribuciones y que permite la privatización, por ejemplo, de la salud, la educación y la previsión social”, explicó. La dictadura chilena fue uno de los primeros experimentos neoliberales del mundo que formó un modelo en el que el Estado solo participa cuando las empresas privadas no quieren o no pueden ejercer cierta función. Por el otro, manifestó que se debería robustecer la frágil democracia nacional. “Tenemos un modelo pobremente democrático que formó una democracia tutelada, restringida y de baja intensidad”, analizó.
En un plebiscito nacional de 1988, el 54,71% del electorado rechazó la continuidad de Pinochet en el poder, pero su modelo siguió vigente. Este fin de semana, por primera vez en más de 30 años, la sociedad chilena tendrá la oportunidad de ponerle punto final, de una vez y para siempre, a sus años más oscuros.
