Con el correr de los días aumenta la temperatura y tensión en el Colegio de Abogados del departamento judicial (DD.JJ) de San Isidro (CASI), donde el Consejo Directivo dictaminó como “no presentada” a la lista opositora Unidos para la Reconstrucción, espacio político que no dará el brazo a torcer y promete judicializar el proceso eleccionario para que se declare su nulidad, confirmaron fuentes de la colegiatura a Letra P.
La actual conducción es encabezada por Santiago Quarneti, quien ganó las elecciones en 2018. En 2020 se debería haber realizado la elección de medio término, con la renovación parcial de autoridades, pero la pandemia congeló ese proceso, que volvió al ruedo en marzo pasado mediante una resolución del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires que autorizó comicios en los colegios profesionales, entre otras instituciones.
El pasado viernes, la oposición presentó (por segunda vez) una lista, ya que la primera había sido tachada. Entre sus postulantes había profesionales que tenían deudas con la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires. Pese al mal trago, siguieron adelante con el trámite y este jueves notificaron a la oposición que se tiene a la lista como “no presentada”, por presuntas irregularidades en los avales y en los domicilios reales de los aspirantes, entre otras potenciales objeciones.
Las deudas previsionales de los matriculados es uno de los reclamos centrales que realizan a la gestión de la caja previsional, encabezada por Daniel Burke, colegiado en San Isidro y ligado a la conducción del CASI.
Las críticas opositoras no solo apuntan (casi con una lógica de manual política) al rol del colegio profesional durante la gestión de Quarneti, sino que también hacen foco en los manejos de la caja previsional durante la pandemia. Muchos profesionales no pudieron trabajar a causa del aislamientos social preventivo y obligatorio (ASPO), sus honorarios se redujeron drásticamente, no abonaron aportes jubilatorios de la Cuota Anual Obligatoria (CAO) y ahora no pueden participar del comicio como candidatos.
Unidos para la Reconstrucción está conformado por exdirectivos del colegio profesional y abogados independientes “descontentos con el bajo nivel académico y el desprestigio institucional” de la entidad. “La pandemia excluyó a muchos abogados y abogadas que se quedaron afuera de la profesión”, señalaron fuentes de ese espacio.
Del otro el oficialismo sumó a exrivales electorales de 2018 y el apoyo del cuerpo de abogados de la Municipalidad de San Isidro, que en su mayoría responden al intendente Gustavo Posse. Fuentes de la colegiatura detallaron a Letra P que la única lista oficializada es la de unidad, Consenso para la abogacía de San Isidro, una alianza entre el Movimiento Renovador, Opción Pluralista y Propuesta Alternativa que participaron “de la vida institucional y académica en los últimos ocho años”.
Voceros institucionales confirmaron que "se presentaron otras dos listas que no pudieron ser oficializadas, dado que ambas incumplían con la normativa legal vigente" y señalaron que "el expediente eleccionario se desarrolló con total normalidad, cumpliendo los plazos legales y notificando debidamente todos los actos que correspondía anoticiar y dando a publicidad los mismos en los términos de ley".
En relación a declaraciones opositoras desde la entidad rechazaron "todo acto de oportunismo político que so pretexto de defender los intereses de la colegiación no hace más que poner en evidencia el aprovechamiento de las difíciles circunstancias que vienen azotando al país y a la provincia y que intentaron colocar en peligro la salud de los colegiados".
Las elecciones en el CASI están pautadas para el día viernes 7 de mayo, pero su realización no está asegurada. En el marco de la segunda ola de coronavirus, no se descarta que haya nuevas restricciones sociales para bajar la curva de contagios y la demanda de camas de terapia intensiva que asfixia a los sistemas de salud público y privado.
El CASI tiene el padrón de matriculados más grande de la provincia de Buenos Aires. Unos 9.100 abogados irán a las urnas en una elección para renovar parcialmente el Consejo Directivo, Tribunal de Disciplina y Delegados a la Caja de Previsión Social.