Primer acto: el empresario Ariel Olio -rosarino, 46 años- encabeza una actividad junto al por entonces gobernador de Chaco, Domingo Peppo, en la que brindan para celebrar la revitalización del puerto de Barranqueras. Segundo acto: Olio alza las copas junto al periodista Alejandro Fantino para cerrar un año en el que anunció grandes novedades: una marca propia para exportar productos premium, la apertura de una oficina en Madrid y una emisión de deuda en la Bolsa de Viena. Tercer acto: el empresario es incluido en un sumario del Banco Central en el que se lo apunta por no liquidar exportaciones por 450 millones dólares. La obra -cuyo nombre refleja el título de esta nota- tuvo sus tres primeros capítulos entre 2017 y 2020, pero en 2021 sigue generando material, reflejando la historia de un ambicioso hombre de negocios que intentó hacerles frente a las grandes multinacionales y, por ahora, lo único que enfrenta son problemas con la ley.
Integrante de una familia de origen napolitano, tanto su abuelo como su padre se dedicaron al agronegocio. Ariel se diferenció de ambos al otorgarle otra dinámica a la actividad, mostrando una visión más global e intentando salir del clásico esquema del productor argentino. Durante toda la década pasada consolidó el Grupo Olio, un holding cuyas naves insignia fueron Los Reartes (producción primaria), Díaz & Forti (comercializadora) y Frigorífico Alberdi. A finales de 2019 se jugó un pleno: cerró un acuerdo con la malograda agroexportadora Vicentin para operar sus plantas a fason, lo que le dio al grupo un salto de escala, pasando de exportar cuatro millones a 837 millones de dólares de un año para el otro.
El meteórico crecimiento dejó perplejos a propios y extraños. A lo largo de 2020, la Bolsa de Comercio de Rosario debatió varias veces si debía o no incorporar los precios que pagaba Díaz & Forti a la hora de confeccionar su pizarra diaria. La firma ofrecía precios más altos que el promedio, lo que trastocaba los intereses de las grandes exportadoras. Entre otras cuestiones, desde la cámara que las agrupa (CIARA-CEC) dejaron trascender las dudas sobre el mecanismo de financiamiento de la sociedad, que de buenas a primeras había irrumpido con fuerza en un mercado que exige grandes sumas en dólares.
En paralelo, el Banco Central había iniciado una investigación cuyo resultado se conoció sobre final de año: entre mayo y septiembre, el 100% de las operaciones de exportación analizadas fueron encuadradas como presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario. “Ante la detección de operaciones de tipo bursátiles y a través de criptoactivos que podrían considerarse maniobras elusivas del marco normativo vigente (...) se adoptaron las medidas precautorias en los términos de la Ley 19.359”, manifestó el BCRA en el expediente 383/631/2020, caratulado “Díaz & Forti S.A.”, en el cual se dispuso la instrucción del sumario a la citada firma y al propio Ariel Olio. Hay bajo análisis operaciones por más de 692 millones de dólares: hasta acá, el órgano blanqueó que la empresa no había liquidado exportaciones por unos 450 millones.
Sin operaciones
Cuando el banco que conduce Miguel Pesce comunicó el resultado de sus pesquisas al Ministerio de Agricultura, a Díaz & Forti la bajaron del Registro de Operadores del Mercado de Granos (Ruca). En un primer momento, la estrategia del grupo fue sacar a la cancha a su ceo, el ex-Cargill Fernando Jurado. El ejecutivo se despachó con fuertes declaraciones a C5N, en las que acusó a “la línea administrativa y burocrática” de la cartera encabezada por Luis Basterra.
Fracasada la avanzada mediática, la compañía intentó revertir la decisión por vía judicial, pero chocó con la negativa de dos juzgados federales. En febrero pasado, se jugó una bala de plata al solicitar el levantamiento de las restricciones en el marco de su ingreso a concurso preventivo, lo que tampoco surtió efecto. A pesar de los constantes reveses, fuentes de la sociedad dijeron a Letra P que seguirán agotando todas las instancias posibles con el objetivo de volver al ruedo. Entre su cuerpo de asesores legales se destaca la presencia de Mariano Cúneo Libarona.
Amén de las preguntas surgidas en torno a su apalancamiento financiero, la otra gran duda que persiste pasa por el monto efectivo de la deuda con el fisco. En el marco de su convocatoria, Díaz & Forti denunció que el rojo asciende a 11.833 millones de pesos, lo que a valores oficiales resulta menos de un tercio de lo que reclama el BCRA. El sumario del Central, en tanto, será puesto a disposición de la Justicia una vez que finalicen los descargos de la empresa.
Sin puerto
El último acto que se sumó a la obra descrita al inicio de este artículo se concretó el pasado 13 de abril. A través de una nota, el gobierno de Chaco notificó a la empresa de Olio que le quitó la concesión del puerto de Barranqueras por incumplimiento contractual, evidenciado tanto en la falta de obras como en una deuda de 23 millones de pesos.
La Resolución 65-APPB-201, a la que tuvo acceso este medio, lleva la firma del administrador del Puerto de Barranqueras, Roberto Benitez. La norma encomienda a proseguir las actuaciones administrativas para "lograr la determinación de la deuda por falta de pago e incumplimiento de las inversiones comprometidas, con más las acciones necesarias para obtener el cobro de dicha deuda y el recupero de las instalaciones que actualmente detenta en uso la firma".
