El Gobierno derogó un decreto de la gestión de Mauricio Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes y establecía agilidades para los trámites de expulsión, debido que modificaba "aspectos sustanciales" de la Ley de Migraciones "que resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos".
A través del Decreto 138/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández dio de baja el Decreto 70/2017, ya que advirtió que desde que entró en vigencia esa norma "se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria".
En marzo del 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal había declarado la "invalidez constitucional" del decreto de Macri por presentar "caracteres regresivos incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en el ordenamiento jurídico", tras lo cual el Gobierno de Cambiemos había recurrido a la Corte Suprema de Justicia.
La normativa de la administración anterior había creado un "procedimiento migratorio especial sumarísimo" para rechazar el ingreso de personas con antecedentes, así como también expulsar delincuentes extranjeros con mayor agilidad. La gestión de Macri había justificado la decisión al remarcar "la duración de los procesos administrativos y judiciales" y al señalar el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario, que en 2016 había alcanzado al 21,3 por ciento de la población carcelaria total.
A poco más de cuatro años de la entrada en vigencia del decreto de Macri, Fernández lo derogó al advertir que se habían modificado "aspectos sustanciales" de la Ley de Migraciones "que resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias".
Asimismo, el Gobierno consideró que los cambios introducidos por Cambiemos no redundaron en "mejoras ponderables en otros aspectos". A la vez, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, todos ellos de la Organización de las Naciones Unidas, habían "expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto", remarcó el Gobierno este viernes.
Tras la publicación en el Boletín Oficial, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) celebró la decisión del Poder Ejecutivo de derogar el DNU 70/2017, cuya implementación calificó como "un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes en el país en los últimos cuatro años".
"La anulación de este decreto es un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar", afirmó el organismo en un comunicado en el que destaca que "sobre la base de información sesgada y de prejuicios construidos alrededor de las personas extranjeras, el DNU fue parte de una política de exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos, y que argumentó que, por eso, había que expulsarles de manera inmediata".