14|1|2022

Se picó la Casa: malestar empresario por los nuevos controles

17 de marzo de 2021

17 de marzo de 2021

Rebelión de ejecutivos porque unas mil grandes empresas deberán dar información cada mes sobre stock, precios y ventas con el Gobierno. Recelo por los Excel.

Como era de esperarse, la resolución 237/2021 que creó el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre) no cayó nada bien en el mundo empresario. Desde temprano, abogados de multinacionales, empresas locales y cámaras analizaban la letra de la norma que obliga a las grandes compañías a dar a la Secretaría de Comercio, mensualmente, información sobre precios, cantidades vendidas y stocks.

 

El Gobierno busca evitar cualquier suba injustificada en los insumos y atajar prematuramente eventuales desabastecimientos. Para las compañías, se trata de una intromisión del Estado en sus archivos de excel. El rumor de la nueva norma comenzó a circular ayer por la tarde entre los hombres de negocios. Antes, hubo un encuentro vía Zoom entre la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Industria, Ariel Schale.

 

La reunión virtual tuvo como objetivo bajar los decibeles entre los empresarios y los funcionarios luego de que la UIA se quejara por las trabas a las importaciones y el Ejecutivo replicara que el 95% de los permisos de importación se aprueban sin mayores inconvenientes. La UIA transmitió que apoya la administración del comercio, pero reclamó más celeridad en la aprobación de los SIMIs. También pidió flexibilizar la legislación laboral de la emergencia sanitaria, que prohíbe despidos. Para la UIA, el grueso de las incorporaciones que el Gobierno celebra como recuperación de empleo tiene que ver con el reemplazo de trabajadores de riesgo que no pueden desarrollar sus actividades.

 

Se habló, además, sobre el acceso al financiamiento en un año en el que tanto la industria como el Gobierno anticipan de rebote apalancado en la producción, pero los funcionarios no adelantaron el esquema de información y controles que establecería la norma que se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial. Las empresas que no aporten los datos podrán ser sancionadas con la ley de Abastecimiento.

 

"Cayó muy mal. Es una herramienta de otra época. La inflación es un problema macroeconómico", dijo uno de los ejecutivos que ayer participó del Zoom y hoy analizaba la resolución. "Burocráticamente es muy engorroso para las empresas y en este momento deberíamos estar pensando en crecer, dar trabajo y acceder al financiamiento", se quejó otro industrial.

 

Los empresarios esperaban normas aclaratorias para saber cuáles serían los sectores alcanzados. Según fuentes oficiales, la obligación comenzará por los grandes fabricantes de bienes finales e intermedios de los sectores de alimentos y bebidas, limpieza e higiene, electrodomésticos, químicos, agroquímicos y la construcción.

 

En otra multinacional recordaban un esquema similar que había establecido Augusto Costa como Secretario de Comercio Interior, en 2014. El ahora ministro bonaerense había reemplazado el esquema de control informal de Guillermo Moreno por un excel que intentaba lograr que los aumentos en los precios al consumidor tuvieran un correlato en la suba de costos. El sistema de ahora será informático.