Los dos grandes anuncios económicos del discurso con el que el presidente Alberto Fernández inauguró la 139° Asamblea Legislativa parecieron torcer la balanza a favor del cristinismo en las discusiones que había en el seno del Gobierno sobre la política económica. La negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se prolongará (con querella penal al macrismo incluida) y el aumento de las tarifas de los servicios públicos será módico, a la espera de las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI).
En las últimas semanas se profundizaron las diferencias entre el ala "técnica" de la política económica, encabezada por el ministro de Economía Martín Guzmán, y la mirada "política" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si Guzmán era partidario de cerrar un acuerdo entre marzo y abril (luego mayo) para poder negociar, después, con el Club de París, el cristinismo instaló la intención de negociar a 20 años de plazo (algo estatutariamente imposible) y demorar las tratativas hasta después de las elecciones legislativas.
El Presidente pareció, en su discurso de este lunes, inclinarse por esta opción. "He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra", dijo el Presidente, luego de pasar revista sobre las condiciones en las que el FMI prestó U$S44.000 millones a la Argentina, entre junio de 2018 y mediados de 2019.
"No elegimos el camino de incumplir. Preferimos plantear con firmeza esta realidad que responsabiliza a quienes fueron nuestros gobernantes pero que ha tenido responsables también en el mismo organismo internacional de crédito", agregó Fernández, luego de decir que acompañarán la auditoría de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del Fondo, algo que puede demorar meses.
A ese organismo dirigió su última carta el bloque de senadores del Frente de Todos, en la que acusó al FMI por otorgar un préstamo para favorecer la reelección del expresidente Mauricio Macri. Fernández retomó ese argumento. "Ahora sabemos también, por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (Mauricio Claver-Carone), que en sus días de director del Fondo Monetario Internacional en representación de la administración Trump, impulsó el otorgamiento de semejante préstamo para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección", dijo el Presidente.
El funcionario trumpista dijo que intercedió en favor de la Argentina por el interés de los Estados Unidos en la región, pero no para sostener a Macri. "El programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de la Argentina, y les haya costado una elección es una cuestión, pero debido a nuestro interés en Latinoamérica peleamos contra los europeos", sostuvo a fines de julio pasado, en una conferencia con el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, en momentos en que pugnaba por la presidencia del BID.
De todos modos, el mensaje para la economía fue que la negociación no se apurará. "Seguiremos nuestras negociaciones con total conciencia y con la firmeza que siempre hemos demostrado. No queremos apresurarnos. Apuro por acordar tienen los pícaros de siempre. Nuestro gobierno el único apuro que tiene es el de poner de pie a la producción y al trabajo para poder mejorar la situación de millones de familias argentinas que han quedado sumidas en el pozo de la pobreza", cerró Fernández. La auditoría del Fondo dio la excusa política para patear la pelota hacia adelante.
Con las tarifas de los servicios públicos pasó algo similar. En año electoral, el discurso de Fernández favoreció la idea de otorgar pequeños aumentos este año y esperar la renegociación de los contratos con empresas transportistas y distribuidoras. Además, el Presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para "desdolarizar" el precio de la energía, sin dar mayores detalles.
"La conformación de ese nuevo cuadro tarifario va a demandar meses. Hasta tanto podamos formular una nueva Revisión Tarifaria Integral, creo importante marcar un sendero en el precio de las tarifas de luz, gas y otros servicios para el próximo año. A tal fin, enviaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos", dijo el Presidente. Confirmó que la segmentación de las tarifas en función del poder adquisitivo quedará para más adelante y que la prioridad será tener tarifas "justas, razonables y asequibles".
Los subsidios a la energía (y, en menor medida, al transporte) y el acuerdo con el FMI están íntimamente ligados porque ese gasto implica ralentizar la baja del déficit fiscal que reclama el Fondo. Según Federico Bernal, interventor del Enargas, Guzmán ya admitió que la decisión presupuestaria de mantener la carga de subsidios en torno al 1,7% del PBI puede flexibilizarse.
La paleta económica del Presidente en el Congreso se completó con el anuncio de que enviará proyectos de ley destinados a impulsar inversiones hidrocarburíferas (sobre todo, en Vaca Muerta), mineras (con el litio y la electromovilidad en foco) y agroindustriales (con el Consejo Agroindustrial Argentino como aliado). Serán iniciativas que entregarán resultados a mediano y largo plazo. En lo urgente y coyuntural, ganó Cristina. John Keynes tenía una frase sobre la importancia del corto plazo.
