A un año de su promulgación, la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, una de las medidas insignia de la gestión del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, volvió a tomar estado público por el cortocircuito con el mundo gremial. Los equipos legales de la cartera productiva debieron responder ante la justicia por qué consideran constitucional una simple declaración jurada de las empresas, que las deja en condiciones de acceder a cuantiosos beneficios contemplados en el régimen de promoción para empresas tecnológicas. En la presentación judicial en la que defienden la medida, fustigaron la presentación realizada por un gremio al que califican como un obstáculo para la industria.
La presentación judicial fue en respuesta a una demanda de la Asociación Gremial de Computación (AGC), un gremio relativamente nuevo que le disputa a la Unión Informática y al sindicato de Comercio la representación de quienes trabajan en tareas informáticas. La entidad presentó ante la justicia del Trabajo un pedido de inconstitucionalidad del decreto reglamentario de la ley, por considerar que le facilitaba a las compañías el incumplimiento de las obligaciones sindicales. En rigor, durante la negociación para acordar los términos de los beneficios a las compañías, se había pautado con los gremios la inclusión de un "libre deuda sindical" como condición de acceso a facilidades que incluyen la reducción de hasta un 80% de los aportes patronales, estabilidad fiscal y la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias, entre otras. Sin embargo, cuando se promulgó la ley, se incluyó sorpresivamente la posibilidad de sortear ese requisito a través de una declaración jurada simple.
En su presentación ante la justicia, la AGC sostuvo que "promocionar la elusión de la acreditación del cumplimiento de obligaciones gremiales no solo que no se ajusta estrictamente a la letra de la ley, sino que por vía reglamentaria se propicia su incumplimiento, que en la mayoría de las veces va acompañado del incumplimiento de otros rubros de orden impositivo y previsional".
Lo cierto es que, pese a la reducción de los requisitos, el escrito firmado por el abogado del Ministerio Juan Ignacio Rodríguez Jalon menciona que la norma garantiza "el máximo estándar de cumplimiento de obligaciones". Además, considera que la justicia laboral no debería ser el ámbito de tratamiento del tema, sino el fuero contencioso administrativo, y defendió la aplicación de la declaración jurada a la que considera como "un simple mecanismo para agilizar la obtención de beneficios y que no resulte el sindicato un obstáculo para ello".
El descargo ministerial solicita el rechazo de la acción presentada y también "una ejemplificadora imposición de costas a la Asociación Gremial de Computación", a la que acusa de buscar que "prevalezcan sus intereses individuales por sobre los destinatarios del beneficio".
"La AGC pretende arrogarse controles que no le corresponden e intenta de maquillarlos en pos del bien común", fustiga el escrito que aún no fue analizado por la justicia pero que ya levantó temperatura en la relación entre los gremios y Kulfas.
