La investigación por el lawfare bonaerense sumó un nuevo capítulo que pone en el centro de la escena al procurador bonaerense Marcelo Conte Grand, a tres fiscales y a dos camaristas, todos del departamento judicial de Lomas de Zamora donde se tramitan causas sensibles para actores principales del poder político y gremial. Fuentes judiciales confirmaron a Letra P que el Tribunal de Casación bonaerense anuló, por unanimidad, una causa en la que se investigaba al abogado Daniel Llermanos, defensor de los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, quienes (también) son querellantes en las causas de espionaje ilegal que tiene en la mira al expresidente Mauricio Macri y a la denominada “mesa judicial bonaerense” que habrían encabezado la exgobernadora María Eugenia Vidal; su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y el actual diputado provincial Alex Campbell.
La génesis es la investigación de Pablo y Hugo Moyano, por sus posibles conexiones con la barra brava del Club Atlético Independiente. En el marco de esa causa fue denunciado el abogado Llermanos, defensor de los dirigentes camioneros. Ese expediente llegó a la cima del fuero Penal bonaerense donde se dictó la nulidad de todo lo actuado. Los fiscales sostenían que el defensor se reunía con testigos para guionarlos o presionarlos con el objetivo de mejorar la situación procesal de los sindicalistas.
El abogado señala como responsables de “esta operación” a los fiscales Sebastián Scalera, Pablo Rossi y Sebastián Bisquert (quienes tienen un pedido de juicio político en trámite) y a los camaristas Alejandro Adrián Rojas y Pablo Alberto Little (también con pedidos de jury en curso) por avalar judicialmente lo que ahora Casación dijo que es nulo.
Este expediente no solo es investigado en el fuero ordinario bonaerense, tiene su correlato en los tribunales federales de Comodoro Py donde Llermanos es querellante “en virtud de haber sufrido con la familia Moyano de inteligencia ilegal con el empleo de fuerzas paraestatales”. La causa pasó el fuero federal porque participaron agentes de la AFI macrista. También serán objetos de investigación la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el abogado Rubén Resnik (defensor de Pablo “Bebote” Álvarez, exjefe de la barra de Independiente enfrentado a los Moyano), quien, según la denuncia presentada por el juez Gabriel Vitale, mantenía una estrecha relación personal, profesional y laboral (asesor) con el entonces secretario de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad de la Nación y diputado nacional electo Gerardo Milman.
El abogado Llermanos señaló que “se ha comprobado la relación sostenida del fiscal Scalera con representantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del Ministerio de Seguridad de la Nación, a quienes, según sus afirmaciones, recibía con cierta regularidad en su oficina, y asimismo denunció la confección de investigaciones secretas y reservadas en las cuales se requería información privada de determinadas personas con la intención de perjudicarlos, presionarlos o influir en sus decisiones”.
El fiscal Scalera y Conte Grand también fueron denunciados por el entonces fiscal general de Lomas de Zamora Enrique Ferrari, quien tras la presentación de ese escrito fue suspendido por el procurador. Esa suspensión contó con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El cargo de Ferrari fue ocupado por Scalera. Lo designó el procurador general nombrado durante la gestión de Vidal. En esa denuncia se detalla que el entonces “Fiscal General Adjunto” de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, el fiscal Pablo Rossi y sus secretarios, a través de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, habrían “iniciado investigaciones con objeto de inclinarlas a sus intereses políticos”, para “perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios, (doctrina de Lawfare), entre otros, en donde han participado funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones de manera cuanto menos irregular”, en consonancia con lo denunciado por diferentes magistrados de Lomas de Zamora como Luis Carzoglio y Gabriel Vitale.
Espiar en Buenos Aires
El espionaje ilegal en provincia de Buenos Aires se investiga en varias causas tanto en el fuero ordinario provincial como en el federal. Muchos nombres de víctimas y acusados se repiten en los expedientes. La semana pasada, el juez federal de Dolores Martín Bava procesó sin prisión preventiva al expresidente Mauricio Macri por espionaje a familiares de los tripulantes muertos del submarino ARA San Juan.
Antes de dejar su cargo como juez federal en Dolores para asumir en el fuero Federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, la pesadilla del macrismo, quien investigó otra causa de megaespionaje donde se mezcla la política con los servicios de inteligencia, funcionarios judiciales, falsos espías, periodistas y medios de comunicación, realizó un planteo en tribunales superiores para que se unificaran todas las causas de espionaje para una mejor investigación de los hechos y también para “dar un profundo y amplio debate” sobre estos delitos para que “no se reiteren”. El fiscal Juan Pablo Curi se opuso, como también se mostró contrario al procesamiento del exjefe de Estado PRO. Fuentes judiciales confirmaron que “hasta el momento, ese planteo no fue resuelto”.
