La Secretaria de Justicia de la provincia de Santa Fe comenzará en febrero próximo a delinear cómo serán los concursos para cubrir los cargos máximos en la estructura del Ministerio Público de la Acusación, que vencen en abril del 2023. El Ejecutivo espera llegar a esa instancia con un escenario político institucional menos efervescente. Es que tras los concursos, la elección final de la terna que pasa a la Legislatura quedará en manos del gobernador Omar Perotti. Si bien por la composición de las Cámaras deberá consensuar con todo el arco político, le permitirá dejar una huella en la conducción política del MPA.
Entre la docena de renuncias en el ministerio de Seguridad que aún no fueron cubiertas – se espera que este martes se conozcan los nombres del nuevo gabinete - y los cimbronazos que generó la investigación de los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos por espionaje ilegal en la era de Marcelo Sain como ministro de Seguridad, que podría tener novedades esta semana con la revelación de un primer listado de nombres de más de 15 mil carpetas encontradas, se espera para el verano haber pasado la sudestada y tener horizonte despejado para comenzar las evaluaciones.
Si bien aún no hay fecha concreta para el comienzo de las inscripciones, se estima que no pasarían de mitad del año que viene por lo extenso del proceso, y que se realizarían en simultáneo los concursos para cubrir las cinco fiscalías regionales, incluidas las de Venado Tuerto y Rosario que hoy están cubiertas de manera interina, y el cargo de fiscal general de la provincia.
Las gestiones que vencen en abril del 2023 son las del fiscal general Jorge Baclini, el único que no tiene reelección; y la de los fiscales regionales Carlos Arietti (Santa Fe); Rubén Martínez (Reconquista) y Diego Vigo (Rafaela), y los dos interinos María Eugenia Iribarren (Rosario) y Matías Merlo (Venado Tuerto). El Partido Socialista cuestionó que estas últimas aún no se hayan cubierto de manera definitiva: “Es un tema que discutimos en la reunión que tuvimos con los fiscales regionales. Nosotros estamos disconformes con que no se llame a concurso de los fiscales interinos porque de esta manera se avanza sobre la autonomía del MPA”, sostuvo la diputada Lionella Cattalini a Letra P.
Sin embargo, para el Secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, los reemplazos no representan un problema. “El cargo transitoriamente está cubierto y se va renovando cada tres meses hasta tanto se designe a uno definitivo. Al concurso lo vamos a hacer el año próximo con todos los regionales y el del fiscal general para cubrir todas las vacantes que se van a producir en el 2023”.
Quiénes suenan.
Pese al tiempo aún por recorrer, hay ya algunos nombres que suenan para reemplazar a Baclini. Uno de ellos es el de María Eugenia Iribarren, que llegó a ser jefa de los fiscales de Rosario tras la destitución y posterior detención de Patricio Serjal, imputado como organizador de una asociación ilícita que protegía el juego ilegal en la provincia. Antes había sido jefa de la Agencia de Criminalidad Organizada.
Otro de los candidatos que se perfila es Carlos Arietti, actual fiscal regional de Santa Fe, quien ocupó ese mismo cargo en la regional de Rafaela, ciudad natal del gobernador y donde forjó diálogo con el mandatario. Durante muchos años, además, fue abogado relator de la Secretaría Técnica de la Corte Suprema de Justicia por lo que es conocida la relación cercana con el actual presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez.
Los contactos son claves también en el rol de fiscal general, un puesto que exige muchísima gestión de todo tipo de recursos, tanto económicos, como humanos pero que, además, requiere de una fina lectura de cómo los tiempos judiciales se acoplan a los tiempos de la política para evitar, o minimizar, las sospechas de que una investigación se usa con fines partidarios.
Arietti tuvo además un año de alto perfil con contrapuntos de alto voltaje con Marcelo Sain y una enemistad manifiesta. En abril de este año llegó a pedir su destitución del Organismo de Investigaciones con un pedido formal ante la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación, mientras que el exministro de Seguridad lo acusa de no investigar el crimen del empresario Hugo Oldani y de encubrir la desaparición de una cifra millonaria de la escena del crimen.
La silla de Sain
Otro cargo que aún está vacante es el de Director del Organismo de Investigaciones, que Marcelo Sain ocupó hasta principios de noviembre, cuando la Legislatura lo removió por haber expuesto posiciones políticas incompatibles con su puesto. A la fecha aún no tiene reemplazante y la máxima autoridad, en términos administrativos, es Víctor Moloeznik actual subdirector. En ese caso, la realización del concurso corresponde al Ministerio Público de la Acusación y luego el candidato es designado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, aún no hay definiciones de Baclini sobre si va a llamar a concurso para cubrir el cargo de manera definitiva o si dispondrá un reemplazo en su último año de mandato para dejar la elección al próximo fiscal general.