03|5|2022

Balance y sensaciones un año de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El feminismo como justicia social y los nuevos desafíos.

Celebramos que ya se cumpla un año de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Parecía muy difícil, pero esta gran conquista del movimiento feminista, que venía luchando desde hace muchos años para lograrlo, significa incorporar una de las políticas públicas más importantes de los últimos tiempos: la ampliación de derechos para las mujeres y personas con capacidad de gestar.

 

Fue hace ya un año, cuando la Plaza del Congreso y todas las plazas del país se llenaban de verde. Una enorme movilización, que, con alegría, agite y mucho color aguardaba una de las votaciones más esperadas. Es que había que superar ese gris 8 de agosto de 2018, fecha en la que el Senado, con argumentos insostenibles y muy lejos de estar a la altura de lo que exigía el momento histórico, nos habían negado el derecho de contar con una ley de aborto legal y seguro.

 

Esta ley me deja dos sensaciones muy profundas. La primera es que representa una conquista histórica del movimiento feminista: tener aborto legal es una forma de tener justicia social. Porque a un año de ese momento, nos ponemos a pensar en todas las mujeres que ya no están. Aquellas que perdieron la vida por abortos clandestinos. También pensamos en las que quisieron abortar y no se animaron. O en las que lo hicieron solas, inmersas en la clandestinidad porque no hubo un Estado presente que las acompañe.

 

Desde la sanción de la ley se realizaron 32.758 interrupciones seguras de embarazos en el sistema público. Esto implica que mujeres y personas gestantes tuvieron la posibilidad de elegir y decidir sobre sus propios cuerpos. Y lo hicieron con un Estado presente que les garantizó este derecho mediante el sistema público de salud, el cual se amplió y adaptó para dicha función, pasando de tener 903 centros que realizaban abortos en 2020, a tener 1243 en 2021 distribuidos en todo el país.

 

Y ahí es donde entra mi segunda sensación: lo importante que son las políticas públicas como herramientas de ampliación de derechos. Esa es nuestra tarea a la hora de legislar: ampliar derechos. Más y más derechos es lo que nos va a permitir seguir construyendo una sociedad más justa, más igualitaria.

 

El movimiento feminista, o los movimientos feministas, y lo digo en plural porque hay muchos feminismos, constituyen uno de los sujetos políticos más importantes de los últimos tiempos en nuestro país y el mundo. Aún falta mucho por conquistar, pero ahí estaremos, organizadas y en las calles. Porque desde el 30 de diciembre de 2020 ratificamos que sobre nuestros cuerpos decidimos nosotres, y que, a la clandestinidad, al sufrimiento y a la posibilidad de morir en un aborto bajo las peores condiciones de salubridad, ya no volveremos nunca más.