Siete barones peronistas que comandan intendencias de peso y veintisiete jefes comunales del radicalismo recobraron el aliento: el pacto sellado entre el PJ, el kirchnerismo, la UCR y parte del PRO para cambiar la ley que pone tope a las reelecciones en la provincia de Buenos Aires les devuelve la chance de competir por otro mandato en 2023 pese a haber sido reelegidos en 2019.
Los jefes comunales del radicalismo eran los más perjudicados por la norma sancionada en 2016, bajo el gobierno de María Eugenia Vidal. Antes de este supermartes, sólo cinco estaban habilitados para postularse en la próxima ronda electoral.
De los treinta y un intendentes y una intendenta que tiene el radicalismo en la provincia, sólo tres cursan su primer mandato, por lo que siempre supieron que podrían postularse en 2023: Javier Andrés (Adolfo Alsina), José Castro (Montes) y Gustavo Notararigo (Saavedra). A la jefa comunal de General Arenales, Erica Revilla, y al intendente de Rojas, Claudio Rossi, ya los habilitaba la licencia que pidieron para asumir una banca en la Legislatura. Quedaban, entonces, veintisiete jefes comunales -todos varones- que no podían no podrán intentar renovar su mandato, el 97%.
Porcentualmente, el radicalismo era el partido más golpeado por la norma apoyada por la alianza de la que forma parte de autoría massita. Si bien el peronismo actualmente tenía la misma cantidad de intendentes que no podían presentarse en 2023 (27), el total de intendencias que manejan son muchas más.
Los veintisiete intendentes que ahora quedaron habilitados son: Javier Olaeta (Arrecifes), Emiliano Condonnier (Ayacucho), Esteban Reino (Balcarce), Oscar Capelletti (Brandsen), Víctor Aiola (Chacabuco), Raúl Reyes (Coronel Dorrego), Calixto Tellechea (Florentino Ameghino), Ramón Capra (General Alvear), Osvaldo Dinápoli (General Belgrano), Martín General Randazzo (Lamadrid), José Rodríguez Ponte (General Lavalle), Esteban Santoro (General Madariaga), Franco Flexas (General Viamonte), Arnaldo Harispe (Lezama), Salvador Serenal (Lincoln), Juan Fioramonti (Lobería), Jorge Echeverry (Lobos), Gonzalo Peluso (Magdalena), Matías Rappalini (Maipú), Guillermo Pacheco (Pellegrini), Facundo Castelli (Puan), José Luis Salomón (Saladillo), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Gustavo Posse (San Isidro), Alejandro Federico (Suipacha), Miguel Lunghi (Tandil) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen).
Como contó Letra P, diecisiete jefes comunales del oficialismo ya se habían puesto a salvo de los alcances de la ley mediante el pedido de licencia para ocupar otros cargos, pero siete barones quedaban inhabilitados.
Son Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mario Ishii (José C. Paz) y Julio Zamora (Tigre), de la Primera sección electoral, y Alejandro Granados (Ezeiza), Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Mario Secco (Ensenada), de la Tercera.
El panorama abierto con el cambio a la norma, que voltea la retroactividad y ofrece la chance de competir por un nuevo mandato en 2023 a los 135 intendentes e intendentas bonaerenses, obtura las expectativas de muchos dirigentes que veían en la norma una oportunidad. Ahora, todo hace suponer que en la mayoría de los casos tendrán que seguir esperando.