30|4|2022

Quién es quién en la pelea entre la salud privada y el Gobierno

27 de diciembre de 2021

27 de diciembre de 2021

Las clínicas anunciaron un copago porque las prepagas no girarán el dinero del último aumento autorizado, pero ambos sectores juegan en tándem.

"No hay una pelea con los prestadores, todos estamos en el mismo barco". Con la locuacidad de siempre, el titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, contó este lunes, en Radio Con Vos, cuál es el trasfondo del anuncio que hicieron las empresas prestadoras de servicios médicos: que a partir del 1 de enero comenzarían a cobrar 9% de copago a los usuarios porque las empresas de medicina les suben el monto de la prestación. La decisión del sector privado de salud es un nuevo golpe de efecto, como aquella demanda judicial con la que, a mediados de año, presionaron para que el Estado convalide el aumento de las cuotas. Detrás de estas peleas espasmódicas se ve, cada vez más claro, un sistema de salud que no cubre los costos ni brinda a sus afiliados y afiliadas respuestas satisfactorias.

 

El domingo, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), integrada por varias cámaras de clínicas y prestadores médicos de todo el país, comunicó que cobraría un copago de 9% a cada paciente que se atienda con cobertura de prepaga. Según fuentes del sector consultadas por Letra P, la decisión se comunicó luego de que las prepagas informaran, hace unos diez días, que no cumplirían con la última parte de lo pactado a mitad de año. En junio, luego de que la Unión Argentina de Salud (UAS) impulsara una demanda judicial contra el Estado para que le permitiera subir las cuotas, las prepagas y las prestadoras acordaron, frente a los Ministerios de Salud y Trabajo, cuatro aumentos de 9%, pautados para agosto, septiembre, noviembre y enero. Cada incremento en las cuotas de la medicina prepaga debía girar, automáticamente, a las empresas prestadoras de salud, para que estas, a su vez, pagaran la paritaria que el sector acordó con el sindicato de Sanidad de Carlos West Ocampo y Héctor Daer.

 

El acuerdo, relataron fuentes del sector privado de salud, se cumplió hasta el momento, pero las prepagas indicaron a las clínicas y el resto de los prestadores que embolsarían el 9% de aumento pautado para enero en vez de distribuirlo. Aducen que los costos corren muy por encima de los aumentos autorizados por el Ejecutivo y que, con balances en rojo, no cumplirán lo firmado. Los prestadores, dijeron a Letra P, informaron esto a los ministerios de Salud y Trabajo y avanzaron con el copago. Es un teléfono descompuesto: las prepagas dicen que enviaron una cincuentena de notas a la Jefatura de Gabinete y a la Superintendencia de Servicios de Salud en los últimos seis meses. Las clínicas dicen que, con los tiempos de autorización, no llegan a cubrir los costos para otorgar el aumento pautado en la paritaria. Todo esto, sin contar la revisión prevista para febrero.

 

Para entender el impacto de la puja hay que ir de lo general a lo particular. De las poco más de 30 millones de personas que se atienden en el sistema privado de salud, la mayoría lo hace por obras sociales estatales (PAMI) o sindicales. El mundo prepago atañe a 6 millones de afiliados. De ellos, 4,5 millones son empleados en relación de dependencia que derivan aportes y 1,5 millones, independientes que pagan de su bolsillo la cuota mensual. Entre los trabajadores asalariados, a su vez, hay dos grupos: los que derivan aportes desde obras sociales y complementan de su bolsillo la diferencia y los que, mediante acuerdos corporativos, gozan de una protección pactada entre la prepaga y la empresa empleadora.

 

El mundo prepago es particularmente fuerte en el área metropolitana. Según los prestadores, en el resto del país pesan mucho más las obras sociales y hay relaciones incestuosas entre prepagas y prestadoras: hay prepagas que tienen sus propias clínicas, pero también hay clínicas que tienen sus propios planes de seguro, como los hospitales de comunidad. Estos son, según las fuentes cercanas a las clínicas, los más complicados: su cartera de pacientes se compone prácticamente en su totalidad de afiliados a alguna u otra cobertura privada.

 

Las prepagas se quejan porque las cuotas corren detrás de la inflación. En números gruesos, recibieron 50% de aumento en dos años, contra una inflación de salud de casi el doble. Esto contempla la cuota pura y no la derivación de aportes, que se mueven al ritmo de cada paritaria y que, en este último año, rondaría el 50%. Los prestadores, a su vez, se quejan del desfinanciamiento del sistema. Deben pactar con prepagas, obra sociales y PAMI el costo de cada prestación y sostienen que la espiral inflacionaria hace que el sistema siempre corra de atrás.

 

El Gobierno, por ahora, no intervino. Una reunión prevista para este lunes se corrió para el martes, según fuentes oficiales. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo este lunes en El Destape Radio: "Vamos a tratar de que este aumento no llegue a la población", pero aclaró que, objetivamente, el copago es legal: "No hace falta autorizar el copago por lo que dice la ley. Lo que estamos tratando de hacer es sentarnos para minimizar el impacto", sostuvo. En la cartera no aclararon si podrán intervenir para obligar a las prepagas a cumplir lo firmado, es decir, a trasladar a los prestadores el aumento del 9% previsto para enero.

 

Las idas y vueltas entre el Gobierno y las empresas de salud viene de larga data. Hace un año, Salud había autorizado un aumento el 31 de diciembre por la mañana en el Boletín Oficial. Esa misma tarde, el presidente Alberto Fernández lo revocó. Finalmente, hubo una suba pactada en marzo / abril, -siempre atada a cuotas de la paritaria-. Impulsadas por Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), las empresas demandaron al Estado. Las firmas desistieron de la acción judicial cuando, poco después, el Gobierno convalidó los cuatro aumentos de 9%. En el medio quedaron propuestas y contrapropuestas de reformas en el sistema de salud que se operan y se posponen.

 

La medicina privada recalca que no busca recomponer sus ingresos mediante subas en las cuotas que afecten a la población. "Nos ponen a la gente en contra. Yo quiero cobrarle menos a la gente", dijo Belocopitt este lunes. Desde ese rincón, señalan que cada aumento "pega" en el vínculo con los afiliados, que terminan bajándose de plan por no poder abonarlo. Lo que promueven, en cambio, es una baja de impuestos. Entienden que hay margen para una exención de IVA, como ocurre con la educación privada. Otros actores promueven una indexación mensual y una desregulación para planes premium. "La gente paga la medicina prepaga porque se siente obligada, pero la salud la tiene que dar el Estado y tiene que ser gratis. La medicina prepaga es una opción”, dijo el titular de la UAS.