En cuestión de horas, el Ministerio de Salud autorizó formalmente y luego revocó, “por expresa decisión del Sr. Presidente de la Nación”, un aumento del 7 por ciento para medicina prepaga desde febrero. La doble edición del Boletín Oficial del último día de 2020 dejó en evidencia, una vez más, la tensión que impera en el Gobierno entre permitir el deshielo de los precios regulados de la economía y cuidar que no se desboque la inflación, que escala al 4% mensual, para consultores.
La cartera que conduce Ginés González García había autorizado, mediante la resolución 2987/2020, un aumento de las prepagas del 7%, complementario al 10% vigente desde diciembre. Lo hizo al considerar que las cámaras sectoriales “han informado el impacto que les ha causado el incremento de costos del sector”.
Por la tarde, la norma quedó sin efecto. “Por expresa decisión del Sr. Presidente de la Nación se procede a suspender los incrementos que fueran autorizados a las entidades de Medicina Prepaga y a los Agentes del Seguro de Salud”, se informó en la resolución 2988.
La medicina prepaga y las clínicas venían reclamando aumentos para atender a los mayores costos. El Gobierno sostuvo que se acompañó al sector con el pago de ATP y la exención de contribuciones patronales de hasta 95%. Las empresas pidieron medidas similares para 2021, mientras el Ejecutivo desarma el grueso de la ayuda y migra hacia un esquema de asistencia crediticia.
El aumento que no fue llegó luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionara, en el acto de La Plata, que hay que “repensar el sistema de salud”. Y en un escenario en el que los distintos sectores pujan por liberar precios regulados, desde los fabricantes de bienes de consumo masivo atados a Precios Máximos hasta las compañías de telecomunicaciones, insatisfechas con el 5% de suba y el sistema de Prestación Básica Universal. Queda para más adelante la definición sobre las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas, transporte y agua corriente.
Esa tensión también se vive también en el Ministerio de Desarrollo Productivo, que acordó con las cerealeras contener el precio del aceite de girasol y soja luego de que el Gobierno cerrara las exportaciones de maíz. "El Gobierno evalúa extender las medidas del maíz al girasol. La Cámara de Aceites alertó que esas medidas de restricción de exportaciones atenta contra la producción y la exportación", comunicó vía Twitter la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara).
Todo eso mientras Comercio Interior da las puntadas finales a la canasta de 2000 productos del Precios Cuidados XL y busca contener en los mostradores los precios de la carne.
