La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes al cabo de una extensa sesión iniciada en la víspera la admisibilidad de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, luego de que la investigación periodística de los Pandora Papers revelara un posible conflicto de intereses en la venta a través de sociedades offshore de una mina por parte de su familia.
Tras 22 horas de deliberaciones, que incluyeron un discurso récord de 15 horas del diputado socialista Jaime Naranjo para asegurar así el voto de un legislador cuya cuarentena por coronavirus expiraba a las 0:00 de este martes, los impulsores de la medida lograron los 78 votos necesarios para que este pedido sea desde ahora revisado y votado por los senadores.
En la Cámara Alta, la oposición necesitaría –presuntamente el lunes– dos tercios para destituir al mandatario –que no fue suspendido–, lo que requeriría convencer a cinco senadores del oficialismo, algo que a pocos días de las elecciones presidenciales del domingo 21 parece poco probable.
La acusación surgió tras la investigación conocida como Pandora Papers, que en el caso de Piñera detalló la venta del proyecto minero-portuario Dominga que la familia de Piñera y su esposa, Cecilia Morel, hizo con su amigo Carlos Alberto Délano en 2010 a través de un paraíso fiscal.
El centro de la denuncia es que el tercero y último de los pagos convenidos dependía de que el Gobierno no declarara restricciones ambientales en la zona de la mina, algo que dependió de la propia administración de Piñera y que, de hecho, no ocurrió a pesar de numerosos reclamos ecologistas.
El jefe de Estado, la cuarta persona más rica de Chile, ha dicho que su patrimonio estaba colocado entonces en un fideicomiso ciego para evitar conflictos de interés, por lo que no estuvo al tanto de las tratativas.
Además de este procedimiento considerado "acusación constitucional", que permite a los parlamentarios decidir el futuro del mandatario, el Ministerio Público abrió una investigación judicial contra Piñera por "posibles delitos tributarios y de cohecho" en la venta del megaemprendimiento.
En los últimos 40 años, Piñera estuvo involucrado en una serie de escándalos empresariales, aunque nunca fue condenado. El actual escándalo se suma a un clima enfervorizado de descontento social.
El abogado del mandatario conservador, Jorge Gálvez, cerró su defensa ante el plenario y enfatizó: "Les ruego, honorables diputados y diputadas, rechazar esta injusta e improcedente acusación constitucional".
La acusación constitucional, como se conoce en Chile este recurso que busca la destitución del presidente Piñera –quien está en la recta final de su segundo gobierno iniciado en marzo de 2018–, fue presentada la primera semana de octubre por el arco de la posición socialista y de izquierda al Gobierno.
El debate empezó a las 10:25 de la mañana del lunes por el diputado socialista Jaime Naranjo, quien leyó durante 15 horas 1.300 páginas para argumentar la acción legislativa contra el mandatario y para que en Chile "se termine la impunidad" de quienes tienen poder. Esta fue una de las frases más escuchadas y su contenido tiene un enorme eco en este país tras la crisis social que estalló en 2019.
Al destacar que en el caso de Dominga se realizó una supuesta negociación incompatible, Naranjo dijo: "Actuando como Presidente se benefició (a él) y a su familia de modo directo, con información que tenía en el ejercicio de su cargo. Y siguió negociando e hizo subir el precio de Dominga", aseveró sobre la operación realizada en 2010, cuando el mandatario asumía su primer mandato.
Ahora la acusación contra el mandatario pasa a la Cámara de Senadores, que actuaría como jurado para sellar el futuro de Piñera, aunque en esta instancia no contaría con los votos necesarios para destituirlo e inhabilitarlo de por vida para acceder a cargos públicos.