26|6|2022

Regular internet, proyectos en danza y músculo político

01 de noviembre de 2021

01 de noviembre de 2021

Entre DNU, iniciativas legislativas y medidas cautelares, el desafío es conjugar el aspecto sociocultural de la comunicación y la competencia económica.

En agosto de 2020, en pleno Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 690/20 que estableció al servicio de Internet servicio público esencial y estratégico en competencia. Como respuesta, las principales operadoras del mercado -Telecom, Direct TV y Telecentro- reclamaron a la Justicia mediante una medida cautelar, hoy vigente. El decreto quedó suspendido parcialmente.

 

En sintonía, la reacción de las cámaras y agrupaciones que representan a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) salieron al cruce por la intervención del Gobierno en la fijación de las tarifas. Guillermo Schmid, integrante de la Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI), que nuclea a pequeñas empresas que cubren más de 2500 localidades del interior del país, sostiene que no cuentan con los recursos de las grandes empresas, por lo cual no podrían soportar reducciones en sus márgenes operativos por mucho tiempo.

 

No obstante, el plan básico universal (PBU) no fue objetado por el sector. Schmid agrega que propusieron la Tarjeta Conectar, que beneficiaría directamente a quienes necesitan conectividad y no pueden pagarla. A diferencia de la tarjeta que lanzó el Gobierno, la propuesta de las pymes permite elegir el proveedor para promover la competencia.

 

Al calor de este decreto, en el Congreso se presentaron cuatro proyectos de ley en 2020 y dos en 2021, con el objetivo de regular los servicios de Internet, que modificarían parcialmente la Ley Nº 27.078 de 2014. Fueron impulsados por la senadora Gladys González (PRO), por los senadores Antonio Rodas (FdT), Juan Carlos Marino (UCR), Daniel Lovera (FdT) y Alfredo Luenzo (FdT), y uno lleva la firma de Silvia Sapag y Oscar Parrilli, representantes del FdT en la Cámara alta. La iniciativa de Luenzo es la que tuvo mayor repercusión mediática.

 

Los proyectos plantean tres aspectos comunes: la definición del acceso a Internet y telefonía móvil como servicio público esencial en competencia; la composición y desarrollo de los programas del Fondo del Servicio Universal y la posibilidad de intervenir sobre la fijación de las tarifas, en este último caso con la excepción del texto de González. Asimismo, el proyecto del senador Luenzo incluye garantizar la completa neutralidad de las redes.

 

Mientras los proyectos giran a comisiones, el PBU avanza, pero con gusto a poco para el Gobierno. Las tarifas aumentaron, pero no al ritmo de la inflación. Este aspecto preocupa a las empresas proveedoras del servicio, dado que gran parte de sus costos son en dólares.

 

El mercado es liderado por el Grupo Clarín en Internet y TV Paga. Si bien existen compañías de diferente talla, para evitar los beneficios que supone una posición dominante es preciso establecer reglas claras que no deriven en una competencia ruinosa y garanticen un servicio asequible y de calidad.

 

Fuente: BB Business Bureau 2020

La convergencia de las telecomunicaciones, el audiovisual y la informática generó un limbo legal que desacomodó a los organismos de control. Regular Internet es un desafío por su propio dinamismo que exige una elasticidad política para acompañar, vía mecanismos formales, un funcionamiento que comprenda la dimensión sociocultural de la comunicación y la competencia económica.

 

Sin embargo, el Ejecutivo aceleró regular por decreto. La jugada, sin la construcción de acuerdos con el arco político, el sector empresarial y la sociedad civil, desorientó hasta a la tropa propia. Ahora bien, los seis proyectos de ley presentados en el Congreso son la puerta de entrada a un debate público y robusto que permita una ley fruto de consensos que armonicen las diferencias estructurales de las partes. ¿Los tiempos de la política harán lo suyo?