Los dos logros de Argentina en el G20 -la inclusión en el comunicado de presidentes de una exhortación al Fondo para que revise su política de sobrecargos y el fondo de resiliencia que permita refinanciar deudas a largo plazo a países pobres y de ingresos medios- llegaron en momentos en que el Gobierno busca apoyos políticos externos para negociar la deuda con el FMI, mientras escala la tensión con Washington. La reunión del presidente Alberto Fernández con la directora Kristalina Georgieva no tuvo la calidez de encuentros anteriores, mientras la troika del Fondo resiste el programa económico que presentó el Ejecutivo. En paralelo, los vínculos con otros organismos internacionales controlados por Estados Unidos se empastan.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, permanecieron este lunes en Roma para continuar con los encuentros técnicos con el Fondo Monetario, representado por la subdirectora para el Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el jefe de la misión en Argentina, Luis Cubeddu. Desde la capital italiana transmitieron a Letra P un escenario tenso, distinto al clima de otras reuniones. En Washington, hace dos semanas, Argentina presentó al Fondo lo que, espera, sea su programa económico. "Tendrían que estar apurando al FMI; que baje los sobrecargos, que acepte el programa nuestro que ya hemos presentado", dijo Guzmán hace dos domingos.
Ese programa incluye los números del proyecto de ley de Presupuesto 2022, muy distintos a las proyecciones y los deseos del Fondo: un crecimiento del PBI del 4%, una inflación del 33% anual, un déficit fiscal primario del 3,5% y un dólar a $131,10 para diciembre del año que viene. Para el FMI, la economía crecerá menos y la inflación será más alta (para cumplirse la meta del Guzmán, los precios deberían desacelerar 20 puntos en un contexto de inflación mundial y rebote económico). Argentina también le presentó a los funcionarios el sendero hacia el equilibrio fiscal, que se concretaría en torno a 2026, año en el que el país comenzaría con los pagos de capital.
Con esos números sobre la mesa, difíciles de digerir para el Fondo, el Gobierno entiende que llegó el momento de la discusión política. En ese sentido, la recomendación del G-20 al Fondo para que revise sus sobrecargos -que le cuestan a Argentina unos U$S953 millones adicionales por año- dejó expuesta la puja. Washington, que resiste el planteo argentino, no podrá ignorar el reclamo y, en todo caso, deberá hacer explícito su rechazo en una reunión de directorio que, según Fernández, ocurrirá en diciembre.
Es justamente ese vínculo con la administración de Joe Biden (y las continuidades que mantiene con la de Donald Trump) el que está tirante. Quedó de manifiesto este jueves, en un Zoom en el que el exdirector del Departamento Occidental del Fondo, Alejandro Werner, habló en malos términos sobre el Gobierno y sobre sus expectativas de un acuerdo. "Argentina no va no va a pagarle al Fondo, Argentina no va a llevar adelante buenas políticas macro, micro o institucionales", dijo. "Mirás a estos tipos y ¿qué se puede esperar de este Gobierno?", agregó.
Fuentes gubernamentales le respondieron con crudeza al exfuncionario del Fondo nacido en Argentina y criado en México, que negoció el programa Stand By con el exministro Nicolás Dujovne y fue desplazado por las actuales gestiones -del FMI y del país- de la negociación. "Werner no critica el acuerdo realizado, pero sí el acuerdo a realizarse. El arquitecto del peor acuerdo de la historia, crítica un acuerdo que aún no se hizo", indicaron en el Ejecutivo.
Con todo, lo que más preocupa al Gobierno es que Werner fue contratado como asesor externo por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, hombre de Trump en el directorio del FMI que aceleró el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri. "El BID, al mando de Carone, quiere limitar la capacidad de préstamo a la Argentina. Lo que están haciendo es generar condiciones para que, incluso logrando un acuerdo con el FMI, el BID tenga excusas para no prestarle a Argentina", indicaron en Gobierno.
La negociación con el BID es clave en el esquema de financiamiento. Según el proyecto de ley de Presupuesto 2022, Argentina contempla cubrir casi 186.000 millones de pesos de sus necesidades financieras con dólares del organismo multilateral que presta para proyectos de desarrollo e infraestructura. Son unos 1600 millones de dólares, a un tipo de cambio promedio previsto en ese texto. O el 10% de la cartera que el BID tiene actualmente con el país. La relación con el BID depende, del lado argentino, de la Secretaría de Beliz, que tiene como subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales al politólogo Christian Asinelli y sentó en la silla argentina en Washington al exBanco Provincia Guillermo Francos. Según supo Letra P, las declaraciones de Werner ofuscaron tanto al Gobierno que habría levantado una reunión prevista con el asesor de Claver-Carone para esta semana.
Ese clima enrarecido conecta con la investigación que lideró otro ex Trump, David Malpass, en el Banco Mundial y que motivó que el Tesoro amenazara con pedir la cabeza de Georgieva en el Fondo y la amonestara públicamente cuando se confirmó su continuidad. La posición de Washington sobre Argentina quedó de manifiesto en la exposición del futuro embajador en el país, Marc Stanley, ante el Senado de su país. Dijo que presionará para contrarrestar la influencia de China en la región (en materia de 5G, sobre todo) y reclamó al Gobierno un plan para cerrar con el Fondo.
Esta posición se consolidará cuando el brasileño Ilan Goldfajn asuma como jefe de Kozack en el cargo que ocupaba Werner en el Fondo. Actual representante del Credit Suisse en Brasil, respondió al sitio Seudineihro, al hablar sobre su país, que "responsabilidad social no significa irresponsabilidad fiscal y viceversa". Y agregó: "Queremos tenerlo todo. Creemos como sociedad que el Estado siempre nos debe algo".
Para Argentina, el reloj corre. No solo porque no incluyó en el Presupuesto el pago de U$S19.000 millones al FMI, sino porque se comprometió a cerrar el acuerdo antes del 31 de marzo, para evitar pagar otros U$S2000 millones al Club de París. Y porque pedaleó una cantidad importante de vencimientos de deuda en pesos para esa fecha, con la expectativa de que un acuerdo mejoraría la situación crediticia. Según los números de Eco Go, los compromisos más que se duplican a partir de marzo. Los $212.875 millones de vencimientos de febrero contrastan con los $462.677 millones de marzo, los $417.332 millones de abril (la mitad en instrumentos atados al dólar oficial) y los $449.477 millones de mayo.
