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El Ministerio de Cultura aseguró que no recibió ninguna notificación de una medida cautelar de la jueza federal con competencia electoral María Servini para frenar el pago de la quinta cuota del Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria, tras las versiones periodísticas que indicaron este viernes que la magistrada había prohibido que se pague un bono de $15.000 a trabajadoras y trabajadores de la cultura durante la campaña electoral para las legislativas del 14 de noviembre.
A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Tristán Bauer informó que el pago correspondiente a la quinta cuota del Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria empezó a efectuarse el pasado jueves ya que "por resolución se establecía que el mismo debía realizarse durante el corriente mes”, según se publicó el lunes 25 de octubre en el Boletín Oficial.
La presentación para posponer los pagos hasta pasadas las elecciones generales la formuló un apoderado del PRO, Santiago Alberdi, que concluyó que el programa tiene la intención de "condicionar el voto de las personas beneficiarias del subsidio no reembolsable `Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria´ del Ministerio de Cultura de la Nación". Por otra parte, Cultura informó que este viernes presentó la apelación referida a la medida cautelar dictada por la misma jueza Servini sobre el programa Más Cultura, el beneficio económico destinado a más de un millón y medio de jóvenes del país.
“Sorprendentemente, en menos de una semana nos vimos afectados por medidas judiciales que quieren impedir el correcto funcionamiento del Estado en programas que buscan, nada más ni nada menos, ampliar derechos, y que venían desarrollándose con anterioridad a la veda electoral”, indicaron.
Cultura Solidaria es un apoyo económico que fue creado durante la emergencia sanitaria -en articulación con ANSES- para acompañar a artistas y a quienes se desempeñan en el área. Su objetivo principal fue asistir a uno de los sectores más afectados por la pandemia, indicaron voceros de la cartera cultural.
El nuevo cruce entre la magistrada y el ministerio se enmarca en la táctica que impulsa Juntos por el Cambio para frenar medidas oficiales con el argumento de que son implementadas para obtener votos en los próximos comicios. Como contó Letra P, la estrategia opositora incluye una escudería jurídica concentrada en denunciar la presunta compra de votos a través de programas oficiales. Desde que fue convocada, ya presentó denuncias en San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, Rio Negro y Salta. En algunos casos señalan movimientos de fondos públicos y en otros denuncian padrones con electores presuntamente falsos.