A la espera de una definición y con 194 días de cuarentena por coronavirus, se aviva la guerra entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por la reapertura de escuelas. Es una nueva entrega de la grieta entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, que se acentuó luego del recorte de la coparticipación. El diálogo se mantiene y, en estas horas, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, comunicará si acepta la última propuesta del larretismo para reincorporar al sistema educativo a más de seis mil estudiantes, pero en la Jefatura de Gobierno descuentan que recibirán un nuevo rechazo.
En paralelo, esta batalla suma como escenario a la Legislatura porteña, donde el Frente de Todos (FdT) presentó una cascada de pedidos de informes. En línea con Trotta, el diputado peronista Santiago Roberto reclamó que el gobierno porteño haga público el relevamiento de las familias que perdieron el contacto con la escuela durante la etapa de aislamiento. “Hace dos semanas que el ministro Trotta le propuso a la Ciudad darle las 6.500 computadoras con conectividad a los alumnos y alumnas que perdieron el vínculo con la escuela para seguir con la educación a distancia, pero aún la Ciudad no entregó la lista de quienes las necesitan”, desafió.
"La insistencia del gobierno porteño con la vuelta a clases presenciales no tiene que ver con una preocupación por los estudiantes ni por lo pedagógico: es marketing político", sostuvo la diputada Lorena Pokoik. El presidente de la comisión de Educación, el larretista Gonzalo Straface, habilitó una veintena de proyectos de la oposición en ese sentido. “La computadora es necesaria pero no es suficiente, mayormente por situaciones sociofamiliares dentro de las casas, los chicos no pueden sostener el vínculo con la escuela”, redobló el legislador en diálogo con Radio Con Vos.
La negociación entre los gobiernos se convirtió en un ping-pong interminable de ideas y proyecciones que jamás se materializan. En agosto, Rodríguez Larreta, con un número creciente de casos de coronavirus en el AMBA, propuso abrir parcialmente los establecimientos para garantizar el acceso digital. El Gobierno contra ofertó con la entrega de computadoras y, en línea con los gremios docentes, se opuso al dictado de clases presenciales para ese volumen de estudiantes. Mientras tanto, según coinciden ambas administraciones, hay cerca de 6.500 estudiantes que perdieron el vínculo con la escuela. Hay casos de todo tipo: los inspectores de la cartera educativa, en recorridas casa por casa, detectaron desde problemas de conexión, falta de material digital para cursar y hasta jóvenes que simplemente se ausentaban en las videoconferencias.
Trotta, junto a funcionarios del Ministerio de Salud y especialistas de ONG’s, presentó este martes un modelo de “indicador epidemiológico” para determinar qué distritos pueden volver a clases. Se evalúa la cantidad de contagios y las características de la infraestructura de cada escuela, entre otros parámetros. El gobierno de Rodríguez Larreta dice que no pudo opinar sobre la confección del documento, que luego debe ser refrendado por el Consejo Federal de Educación (CFE). La ministra porteña, Soledad Acuña, participó de la videoconferencia, a la que en la Ciudad catalogan como “descriptiva”.
El vínculo entre Trotta y Acuña se ajusta al diálogo propio de la convivencia. Se vieron por última vez el 21 de septiembre, cuando la llegada de la primavera auguraba un acuerdo que finalmente no existió. La funcionaria porteña exigía que al rechazo formal de Educación se sumara la rúbrica de Ginés González García para cristalizar el argumento sanitario del Gobierno para voltear los protocolos porteños. Trotta respondió con una reunión de cuatro: ese lunes se encontraron los dos titulares de la cartera educativa junto González García y Fernán Quirós.
La Ciudad insistió y propuso dictar clase en los patios abiertos de las escuelas, tras el rechazo a las aulas digitales, parques públicos y la apertura de calles, a imagen y semejanza de lo que ocurre con los bares. Tras ese cónclave, la batalla se centró en torno a la geolocalización y se trasladó a la Legislatura.
“De los 6.500 estudiantes que no han sostenido el vínculo escolar, el Gobierno de la Ciudad ha podido individualizar solo 1.500”, dijo Trotta luego de ese encuentro. Acto seguido, el peronismo avanzó con el pedido de informes. Al cierre de esta nota, el Ejecutivo porteño esperaba una respuesta negativa de la Casa Rosada.
