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El subsecretario de Energía bonaerense cuestionó la gestión Vidal en la materia: un “Estado ausente” en la regulación y el control. La discusión tarifaria.

Por 22/09/2020 18:48

Tarifazos que oscilaron entre 2.000 y 3.500% en tres años que no se tradujeron en mayores inversiones en la red de distribución de energía eléctrica provincial. Con ese panorama descripto en un pormenorizado informe sobre el cuadro de situación heredado en materia energética por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, concluye: “Eso de dar altas tarifas para que se garanticen inversiones y mejore el servicio no existe”. En una entrevista con Letra P, el funcionario hace un duro balance de lo que define como “un Estado ausente, en la regulación primero y en el control después”, como sello de los cuatro años previos.

En busca de un cambio de paradigma, apunta a un Estado presente en el control e inversión en la materia. Aborda los puntos críticos en el presente, los planteos a las distribuidoras y la discusión tarifaria 2021 que ya se está llevando adelante con las empresas y que tiene precisamente a la revisión de las inversiones realizadas (o no) como una de las cartas fuertes a la hora del debate.

 

 

-El escenario de tarifazos, desinversión y ganancias para las empresas que describe el informe, ¿se podría haber dado sin el amparo del Estado?

-Claramente, no. El principal resultado de este trabajo demuestra cómo la política del gobierno anterior fue llegar a eso. No es casual este impacto. En lo que hace a la distribución, la tarifa aumentó entre 2.200 y 3.800% y vemos que los distintos conceptos que van vertiendo en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para ir definiendo la tarifa, todos, sin excepción, estuvieron hechos a favor de la empresa, nunca del usuario y sin un sustento técnico ni informe que lo avale.

-¿No hubo material de análisis para avalar los aumentos?

-Se supone que la tarifa en un sector monopólico como el energético tiene que ser regulada y definida, que la propia tarifa pague los costos de mantenimiento y operación, la rentabilidad acorde a un monopolio natural y las inversiones. Todo eso debería llevar a un análisis, que es la RTI, de ahí la audiencia pública y cada paso. Si a cada variable que vas a poner para considerar en la tarifa no tenés el sustento atrás… Estuvimos preguntando, fue un trabajo de meses, no encontramos nada de todo eso. En el paso siguiente, tenés que controlar el compromiso de inversiones.

-¿En qué condiciones estaba el organismo de control cuando llegaron?

-El OCEBA estaba vaciado. No existieron auditorías, no habían hecho las inspecciones, solo 3% de las auditorías técnicas y un 10% de las comerciales. El primer aumento tarifario estaba condicionado por el cumplimiento de las primeras inversiones. Pero no hay un análisis hecho, incluso hay errores metodológicos que le permiten alcanzar a la empresa lo que se les exigía para poder aplicar ese ajuste. Entonces, lo primero que vimos es un Estado ausente, en la regulación primero y en el control después.

 

 

-¿Se tiene previsto avanzar en sanciones o algún tipo de penalización?

-No está descartado. Cuando se nos instruyó hacer este análisis, se congelaron las tarifas por seis meses hasta julio. La pandemia hizo que, si ya era inviable hacer un ajuste antes, imagínate ahora, con lo cual pospusimos hasta diciembre el congelamiento. La empresa acompañó y seguimos en la revisación. Estamos viendo el nuevo cuadro tarifario y en plena negociación con las empresas, con lo cual no hay conclusiones al respecto.

-¿Pero se va a requerir un plan de inversión más detallado?

-Sí, seguro. Estamos en un diálogo permanente donde estamos viendo las inversiones que se hicieron pero, además, lo prioritario son las inversiones para el verano. El invierno vimos lo que fue. Entonces, (necesitamos) las inversiones de corto plazo para tener la red acorde a las necesidades de este verano. Después, estamos viendo las inversiones no realizadas y, de ahí, el plan de inversión para lo que resta de este proceso de RTI, 2021 en adelante.

-En el conurbano, los apagones provocaron reclamos de intendentes por el servicio de Edesur. ¿En el interior bonaerense cómo fue esa dinámica?

-El punto más crítico lo tuvimos con Edelap, que es donde más atrasado está todo. Eso no quita que a las otras les falte, pero nuestra principal preocupación por lo que es la calidad del servicio fue Edelap. Los planes de inversiones están atrasados en todas y estamos trabajando con las cuatro en simultáneo.

 

 

-En las reuniones que mantienen con las empresas, ¿qué argumentos dan ante el cuadro de desinversión que ustedes detectaron?

-Su argumento es que no se fue aplicando el cuadro tarifario tal lo resuelto en la RTI en tiempo y forma y que eso implicó el atraso. Ante eso, la discusión que le damos es que fueron atrasos menores en el tiempo, habrán tenido algún costo financiero desde ya, pero muy por debajo de lo que era la necesidad de inversión. La principal conclusión de este trabajo es que eso de dar altas tarifas para que se garanticen inversiones y mejore el servicio no existe.

-En cuanto a la rentabilidad empresaria, ¿qué análisis hace?

-La rentabilidad de las empresas a partir de 2016 fue altísima. Según sus propios balances, se mantuvo constante durante estos casi diez años el nivel de inversiones cuando tuvieron una tarifa mucho mayor y la rentabilidad también lo fue. En 2018, llegaron a tener ganancias de 244 millones de dólares en el consolidado de todas las empresas y el nivel de inversiones en 2019 fue de USD 64 millones, similar o por debajo de la etapa previa, cuando decían que no tenían (aumentos de) tarifa, con lo cual no necesariamente la tarifa resuelve las inversiones. La única forma de lograrlo es con un Estado presente controlando y llevando adelante esas inversiones.

-¿Se evalúa un rediseño de la estrategia de contralor a las distribuidoras, diferente a lo que se planteó desde OCEBA en los últimos años?

-Sí, claramente. Por un lado, se está reforzando el OCEBA, que estaba desfinanciado, ni siquiera estaba cobrando la tasa de fiscalización acorde a lo regulado porque no había personal interesado en todo esto. Estamos armando un equipo de monitoreo de la red, la contabilidad regulatoria para las empresas, un equipo de inversiones para estar presentes y un trabajo del Estado metido también en las inversiones.

 

 

-¿En qué aspecto puntualmente?

-Haciendo un control sobre las inversiones pero siguiendo los fondos. Por ejemplo, tenés un cargo para inversiones, hoy día estamos viendo cada una de esas cosas como para seguirlo a través de distintos fondos, que la plata vaya directamente a las inversiones, no es plata de disponibilidad tarifaria para las empresas, sino a través de un fondo con destino específico.

-¿Se realizaron inversiones en 2020 con las tarifas congeladas?

-Sí, pero fue el peor de los años. Si el resto de los años habían sido malos y con incumplimientos, éste es bastante peor, a lo que se suma la pandemia, que tiró unos cuantos meses de confusión, de ver qué se podía hacer y qué no.

-De cara al año que viene, ¿cómo imagina la discusión tarifaria con las empresas? ¿Cabe la posibilidad de seguir extendiendo al menos por seis meses un congelamiento tarifario?

-No es algo que se pueda definir a esta altura, pero lo que estamos hablando con ellos es, por un lado, viendo esto de las inversiones que se cumplieron y las que no, eso también tiene un impacto en el cuadro porque se supone que el nivel de tarifas, una parte se corresponde con el nivel de inversiones realizadas y a realizar, si no las hiciste, tuviste una retribución por algo que no está hecho, con lo cual se va a rever para las tarifas. Después, tampoco podemos aislarnos del contexto social y económico general, con lo cual va a estar supeditada a esas dos cuestiones el grado de aumento tarifario.