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Una apuesta gasífera para bajar la tensión con las petroleras

El plan de incentivos a la producción. El objetivo del autoabastecimiento. Interna oficial: ausencias y presencias llamativas. Las empresas no bajan las armas.

Por 09/08/2020 10:03

Tras el acuerdo para restructurar la deuda con los bonistas y luego de casi tres meses de negociaciones con las petroleras, el Gobierno definió los principales lineamientos del nuevo programa de incentivos para la producción de gas, que apunta a garantizar el abastecimiento interno en los próximos cuatro años.

Con la puesta en marcha del nuevo plan, que se denomina “Esquema de Oferta y Demanda de Gas Natural 2020-2024”, la administración de Alberto Fernández busca reactivar las inversiones en el sector y exhibir una política energética en materia de precios y subsidios algo más ordenada que la desplegada hasta ahora de cara a la negociación con el FMI para la reprogramación de los fuertes vencimientos de deuda previstos entre 2021 y 2023.

Orientado a revertir la caída en la extracción gasífera que había arrancado en el segundo semestre de 2019 y se agravó a partir de marzo por el desplome económico provocado por el coronavirus, el nuevo esquema de estímulo productivo quedaría oficializado en los próximos días por medio de un decreto y, si no aparecieran contratiempos, la intención oficial es ponerlo en vigencia en el último trimestre del año.

El plan, que diseñaron y consensuaron con las petroleras el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, se sustenta basicamente en dos soportes clave: 

 

-Contratación del suministro de gas hasta 2024 para distribuidoras y centrales térmicas mediante una mega subasta que tendrá un precio tope.
-Implementación de un nuevo esquema de subsidios para cubrir la diferencia que surja entre el precio final de la subasta y el valor del gas que el Estado decida trasladar a las tarifas de los usuarios.

 

A eso se agrega la creación de un fideicomiso que funcionará como un seguro de caución para garantizarles a las productoras que cobrarán las compensaciones pactadas en los meses en que se atrasen los desembolsos normales de Gobierno.

Al presentar los detalles del programa Gas 2020-2024, Kulfas y Carbajales destacaron que con esta iniciativa el Gobierno busca “cuidar los ingresos de los usuarios finales vía tarifa, sustituir importaciones de GNL y combustibles líquidos, disminuir el costo fiscal de los subsidios, coadyuvar con una balanza energética superavitaria, generar certidumbre de largo plazo al sector hidrocarburífero y establecer un sistema transparente abierto y competitivo".

 

 

PRESENCIAS Y AUSENCIAS. Dos datos de la presentación oficial realizada el jueves llamaron la atención en el sector. El primero de ellos fue la presencia del ceo de YPF, Sergio Affronti, en la reunión virtual donde se dio a conocer la iniciativa. Para muchos, ese acompañamiento de la petrolera de mayoría estatal le otorgó al plan el respaldo que le estaba faltando para avanzar. El segundo, la doble ausencia del secretario de Energía, Sergio Lanziani, y del interventor del Enargas, el camporista Federico Bernal.

Si bien enfrenta una situación especial y está relegado de los primeros planos del Gobierno, Lanziani aún tiene que validar con su firma el expediente de aprobación del nuevo programa. 

En el caso de Bernal, las diferencias de criterios con Kulfas y Carbajales acerca de la política energética que debería seguir el Gobierno son cada vez más marcadas y todo indica que podrían agravarse con la implementación del descongelamiento tarifario que disparará el nuevo esquema de precios y subsidios.

 

 

NO SE BAJAN. Si bien valoran el paso dado por las autoridades con el armado del nuevo plan de estímulo, las petroleras avisaron que seguirán adelante con su ofensiva destinada a cobrar las deudas que asumió el Estado por el impacto de la devaluación de 2018 en el precio del gas vendido a las distribuidoras.

Las petroleras avisaron que seguirán adelante con su ofensiva destinada a cobrar las deudas que asumió el Estado por el impacto de la devaluación de 2018 en el precio del gas vendido a las distribuidoras.

Son las deudas por las “Diferencias Diarias Acumuladas” (DDA) que surgieron por la dolarización tarifaria del gas que había aprobado el exministro de Energía Juan José Aranguren. Inicialmente, las diferencias en pesos en los precios pactados entre las productoras y distribuidores por las subas del dólar que se registraron desde mediados de 2018 iban a ser trasladadas a los usuarios en 24 cuotas mensuales. Pero, tras el escándalo político que generó la medida, la administración macrista decidió dar marcha atrás y transferir la deuda de 24.500 millones de pesos al Estado. Por medio del decreto 1053/2018, Macri resolvió cancelar ese compromiso en 30 cuotas mensuales y consecutivas, de las cuales sólo pagó la primera en los últimos días de su mandato.

Kulfas y Lanziani habían acordado con las petroleras liquidar las seis cuotas correspondientes al período enero-junio de este año con un pago total de 3.400 millones de pesos que tenía como principales beneficiarias a YPF (1.491 millones), Total (517 millones), PAE (301 millones) y Pampa Energía (267 millones).

Pero esos pagos quedaron en el freezer tras la demanda judicial promovida por Bernal contra los exfuncionarios y reguladores macristas que habían implementado el esquema de dolarización tarifaria y la decisión del Senado de derogar el decreto 1053, por el cual el Estado asumió la liquidación de la deuda con las petroleras.

Ante eso, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que integran YPF, Wintershall, Total, Tecpetrol, PAE y Pampa, entre otras, salió a advertirle a Kulfas que “el decreto 1053 mantiene plena validez hasta que no sea rechazado (sic) por ambas cámaras del Congreso” y que las empresas “tienen derechos adquiridos para cobrar la totalidad asumida por el Estado que no pueden ser vulnerados”.

 

La “letra chica” del nuevo plan de incentivo gasífero contiene los siguientes puntos principales:
-Los productores que deseen participar deberán comprometerse a sostener o aumentar la inyección promedio del trimestre mayo-julio 2020.
-Las distribuidoras de gas y Cammesa comprarán mediante una mega subasta la provisión diaria de 70 millones de metros cúbicos (MM3/d) para los próximos cuatro años.
-Para los períodos invernales, se licitarán volúmenes adicionales en función de las capacidades de transporte remanentes contratadas las distribuidoras y las usinas térmicas.
-Para la producción offshore se establece un plazo adicional de cuatro años. Una vez iniciado el plazo adicional, los volúmenes comprometidos por cada productor deberán ascender al 70% de la producción que tenga a partir de septiembre de 2024. 
-En caso de no alcanzarse el volumen de 70 MM3/d del bloque en la primera ronda, se prevé segunda ronda complementaria donde cada productor se compromete a compensar su falta de volumen inicial con importaciones a su cargo de gas importado durante el período invernal 2021. Esta alternativa permitiría que participen productores que no llegan a incrementar producción para mayo de 2021.
-Las ofertas no podrán superar el valor máximo de 3,40 dólares por millón de BTU. Cada productor ofertará un precio único que será el que percibirá hasta 2024. Para el bloque base, durante el período invernal (mayo-septiembre) se aplicará un factor de actualización de 1,25 al precio ofertado. En tanto, durante el período estival (octubre-abril) se aplicará un factor de corrección al precio ofertado de 0,82. Y los volúmenes adicionales para los períodos invernales tendrán un precio equivalente al valor ofertado de cada productor por un factor de ajuste de 1,30.
-Los productores que participen del programa podrán obtener permisos firmes de exportación por un total de 11 MM3/d durante los períodos estivales de menor demanda interna.
-El Estado definirá qué valor del gas se trasladará a las tarifas de los usuarios. La diferencia que surja entre el precio de adjudicación de la subasta y el que decidan los funcionarios trasladar a tarifas será subsidiada por el Estado. Una vez definidos esos valores y el alcance que tendrá el ajuste en las facturas, se convocará a una audiencia pública para aprobar los nuevos cuadros tarifarios.
-Se garantizará el pago de los subsidios a las petroleras con la constitución de un fondo fiduciario que cubrirá los posibles atrasos que registre el Estado en sus desembolsos mensuales.