El hacinamiento en calabozos de comisarías sigue siendo un problema sin solución. A ocho meses de haber iniciado la gestión, el gobernador Axel Kicillof no pudo alivianar esa carga que padecieron también sus antecesores en el cargo. Si bien se trata de una situación heredada, no hay soluciones a la vista y el panorama se agrava por la falta de medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. Los datos asustan: según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), hay una superpoblación de detenidos en comisarías del 357%, el mayor porcentaje de los últimos 15 años. Otro informe, realizado por la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, establece que en dependencias policiales del oeste del conurbano hay el doble de detenidos de lo que el sistema puede soportar.
El panorama en delicado. Los poderes Ejecutivo y Judicial no encuentran las medidas adecuadas para generar confianza sin alterar el humor social. A fines de diciembre de 2019, la Suprema Corte bonaerense empoderó a todos los jueces penales provinciales para que otorgaran beneficios morigeratorios y libertadas con el objetivo de descomprimir el colapso ante la pandemia.
MESA DE DÍALOGO. El ministerio de Justicia creó la mesa de diálogo carcelario para analizar el tema. En la primera reunión, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió tener una mirada más amplia y sumar al análisis lo que sucedía en los calabozos de comisarías. Fue así que se sumó el ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien propuso albergar a detenidos en contendedores, una idea históricamente rechazada por la CPM pero quien en esta oportunidad no puso reparos. Como contó Letra P, fue el CELS el que se opuso.
Cuando avanzaba el debate estalló la pandemia, tras la que se dictó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Fue así que el Tribunal de Casación Penal bonaerense autorizó –habeas corpus mediante– a jueces inferiores para que morigerasen penas a detenidos que integraran la población de riesgo. Una cuestionada aplicación de la resolución por parte de algunos jueces sumaa a la malinterpretación de los medios de comunicación dominantes generó un pésimo clima social que desembocó en el falso “plan sistemático de liberación masiva de presos”. La Suprema Corte emitió una resolución aclaratoria que, en líneas generales, fue coincidente con lo resuelto en Casación, aunque ordenó algunas situaciones que no estaban claras.
En este marco, cientos de comisarías bonaerenses están cauteladas y tienen orden judicial de no alojar detenidos debido a que no cuentan con las condiciones sanitarias y edilicias necesarias. Pese a ello, el Ministerio de Seguridad continúa desoyendo el mandato judicial, lo que pone bajo la lupa al titular de la cartera, Berni.
RIESGO CRÍTICO. La CPM, en su carácter de Mecanismo local de Prevención de la Tortura, reveló que la actual gestión sigue “alojando personas en condiciones que generan riesgo de vida crítico”. “Los índices de sobrepoblación y hacinamiento extremo, sumadas a las atroces condiciones de detención, se constituyen torturas y malos tratos que se agravan frente a la falta de mecanismos de control y cuidado para atender situaciones ocasionadas por la pandemia de la covid-19”, expresó la Comisión luego de una recorrida por comisarías junto a Rocío Alconada Alfonsín, integrante de la Comisión Nacional para la Prevención de Torturas (CNPT).
Denunció que “con 5.480 detenidos en 1.199 plazas, se alcanza una sobrepoblación récord de los últimos 15 años”. En el inicio de “este mes de agosto, se registró un récord de sobrepoblación y hacinamiento extremo en comisarías de la provincia de Buenos Aires que ascendió al 357 %”, afirmó.
Aseguran que “los 5.480 detenidos en 1.199 cupos disponibles, que tampoco cumplen con estándares internacionales de derechos humanos, representan un déficit estructural complejo que promueve la violencia y habilita la vulneración sistemática de los derechos de las personas detenidas”.
EL OESTE. Una superpoblación del 200% se registra en comisarías del oeste del conurbano, según datos de la Red de Jueces Penales Bonaerenses. Las situación más críticas se registran en dependencias de Merlo, Morón, Hurlingham e Ituzaingó.
La comisaría Primera de Merlo tiene cupo para 21 detenidos pero allí están alojadas 69 personas. En la Segunda, de la misma localidad, el cupo es de 5 pero hay 23 alojados. En la Tercera, con lugar para 18, hay 37 detenidos.
La misma situación se da en la localidad de Hurlingham. La comisaría Primera tiene cupo para 6 pero aloja a 25; la Segunda tiene cupo para 20 pero hay 34.
También hay superpoblación en Morón, donde hay cupo para 37 detenidos en las cuatro comisarías que, en total, albergan a 116 personas. Incluso, algunas dependencias en dicha localidad están clausuradas por orden judicial.
Para descomprimir la situación, el Gobierno bonaerense anunció la creación de dos mil nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). De ese plan rector, ya se inauguraron las primeras 364. Letra P se comunicó con voceros oficiales para conocer si existen nuevas medidas en curso, pero no obtuvo respuesta.
