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El departamento judicial del oeste bonaerense es una olla a presión. Beneficio a un fiscal suspendido y allanamiento ilegal a la funcionaria que lo investigaba.

Por 11/08/2020 11:57

El Departamento Judicial de Morón es una olla a presión. Si estalla, las esquirlas podrían lacerar a actores de la pasada gestión política y administrativa de la provincia de Buenos Aires. Denuncias por persecución y encubrimiento apuntan al jefe de los fiscales bonaerenses, el Procurador General Julio Conte Grand, quien ya está en la mira en la investigación por espionaje ilegal que lleva adelante la justicia Federal de Lomas de Zamora. El allanamiento ilegal al despacho de una fiscal evidenció las tensiones con las que se convive hace años en el fuero penal del oeste bonarense.

La exgobernadora María Eugenia Vidal, su exministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y Conte Grand también son objeto de investigaciones en La Plata por presunto espionaje. Pero lo que recientemente se detectó en Morón abre una nueva hipótesis: la persecución interna dentro de un mismo Departamento Judicial con el espionaje como herramienta.

En mayo pasado, la Procuración bonaerense autorizó a un fiscal suspendido por delitos de lesa humanidad a que acceda nuevamente al servidor informático donde se cargan las causas penales, desde las más leves hasta las de mayor sensibilidad. El beneficiado fue Federico Nieva Woodgate, fiscal general de Morón, implicado en el asesinato de un militante montonero que estaba detenido en la Unidad 9 de La Plata bajo su custodia.

 


Federico Nieva Woodgate y Julio Conte Grand.

 

Las causas penales bonaerenses se cargan en el Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP). Una computadora y una autorización digital son los elementos necesarios para acceder digitalmente a cualquier expediente que tramite en el ámbito de la justicia bonaerense.

Esta situación encendió las luces de alarma en el fuero Penal de Morón. Ese departamento judicial está integrado por los distritos de Ituzaingó, Merlo, Hurlingham y Morón, donde está la cabecera judicial. Ese municipio fue gobernado por Ramiro Tagliaferro (PRO), exesposo de Vidal, entre 2015 y 2019.

La Justicia Federal de Lomas de Zamora investiga si Conte Grand y Vidal usaron teléfonos encriptados comprados en EE.UU. por la Agencia Federal de Inteligencia macrista.

Además de su causa por delitos de lesa humanidad, Nieva Woodgate y su chofer fueron investigados por un presunto delivery de drogas en el que se utilizaban autos oficiales para moverse. La fiscal a cargo fue sumariada y el expediente, remitido a una Unidad Funcional de Instrucción de La Matanza, donde quedó paralizada. Con el permiso informático del SIMP, el acusado puede seguir on line el trámite del expediente y estar al tanto de los movimientos procesales.

Fuentes judiciales confirmaron a Letra P que a fines de julio allanaron ilegalmente el despacho de la fiscal Claudia Fernández, quien investigó a Nieva Woodgate y a su chofer por venta de drogas y trata de personas para explotación sexual.

“Es el modus operandi en este departamento judicial, con nada te arman una causa o un sumario administrativo y te corren de escena”, detalló una alta fuente judicial de Morón.

El funcionario suspendido lleva casi 42 años en el cargo. Fuentes judiciales lo describieron como “un traficante de impunidad” que “negoció siempre con el oficialismo de turno, es el dinosaurio camaleón”.
 


Conte Grand, entre Iuzzolino y Nieva Woodgate. 

 

Su lugar es ocupado por Karina Iuzzolino, quien avaló la requisa en el despacho de la fiscal Fernández “sin orden judicial”, resaltaron las fuentes consultadas. “Se trata de una gran rosca de la corporación judicial bonaerense que es más conservadora que la porteña”, describió uno de los magistrados consultados.

 

 

En la lista de funcionarios moronenses presuntamente perseguidos por Conte Grand se anotan, al menos, tres magistrados, quienes fueron contactados por este medio. Confirmaron que fueron objetos de sumarios y persecuciones. Sus datos se mantienen en reserva por pedido de las fuentes. Uno de ellos aseveró que desde la llegada de Conte Grand a la Procuración General, “comenzó una cacería” a las y los funcionarios “que fueron designados por María del Carmen Falbo”, la extitular del Ministerio Público Fiscal.