El espionaje ilegal por parte del Estado argentino a políticos, dirigentes, empresarios y magistrados que analiza la Justicia Federal tiene una investigación casi en espejo en la justicia bonaerense que puso en la mira a la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal y a su ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. En ese expediente se investiga el espionaje a la fiscal Silvina Langone, quien tuvo a cargo el juicio oral a los protagonistas de la cinematográfica triple fuga del penal de máxima seguridad de General Alvear, que entre diciembre de 2015 y enero de 2016 generó turbulencias en Cambiemos.
Tal como informó y detalló Letra P en varias ediciones anteriores, el espionaje ilegal a magistrados de la provincia de Buenos Aires tomó forma de denuncia penal luego de la presentación oficial realizada por el Colegio de Magistrados de La Plata, que solicitó a la justicia penal de la capital provincial que se determine si en el allanamiento realizado a la sede de Asuntos Internos de la policía bonaerense se descubrieron evidencias de aquel delito, según se desprende del documento judicial al que accedió este medio.
Con la firma de su entonces presidente, el juez de Casación Víctor Violini (enfrentado a Cambiemos), la entidad que representa y defiende a jueces, fiscales y defensores oficiales del Departamento Judicial de La Plata solicitó que “se verifique la eventual existencia” de “intromisiones espurias” que afecten a magistrados o funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. En el marco de esa causa, se espera el resultado de una pericia clave que podría generar derivaciones insospechadas, confiaron fuentes de la investigación que, luego de un pleito judicial, quedó en manos de la fiscal Cecilia Corfield.
ESCENARIO NACIONAL. La relación de los dirigentes del PRO con el mundo del espionaje no es nueva. Cuando fue Jefe de Gobierno porteño, el expresidente Mauricio Macri fue procesado por montar una red de espionaje ilegal para husmear en la intimidad de su familia y de dirigentes políticos propios y de la oposición. Pero salió airoso de la causa. Un día antes de asumir como jefe de Estado fue sobreseído, en otra clara muestra del timing político de algunos jueces.
En la actualidad, existe otra causa en la que se investiga espionaje ilegal por orden de Macri para seguimiento de opositores, aliados y hasta familiares. Este expediente está radicado en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena y según informa el diario Ámbito Financiero “ya acumula más de una treintena de personalidades del ámbito político que fueron ‘objetivos’ de inteligencia clandestina” durante el macrismo.
GÉNESIS BONAERENSE. El miércoles 23 de octubre de 2019 fue allanada la sede de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. La redada se generó en el marco de una causa iniciada por la denuncia del excomisario Néstor Omar Martín, quien acusó al titular de la repartición, Guillermo Berra, de montar un sistema de espionaje sobre policías y magistrados, entre otros delitos. Berra seguía las directivas del exministro Ritondo.
En el escrito que dio paso al inicio de la causa, el denunciante asegura que Berra “dispuso la realización de tareas de inteligencia sin previa autorización judicial”, según consta en el expediente al que accedió este medio.
En otro pasaje del documento judicial, el denunciante señala que el funcionario Berra “creó una estructura administrativa, como lo es la Auditoría Patrimonial, con el objeto de aparentar ante la gobernadora María Eugenia Vidal una gestión eficiente en relación a las políticas de transparencia en la función pública que la Gobernadora pretendía imponer en su administración”. En el procedimiento se secuestraron documentos físicos y digitales que están en plena etapa de análisis y pericias.
ANTECEDENTES. No es la primera vez que se detecta espionaje ilegal en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya ocurrió durante la gobernación de Eduardo Duhalde. El entonces fiscal Carlos Argüero allanó en La Plata el estudio jurídico del excomisario Luis Vicat. Descubrió elementos que consideró probatorios de espionaje y escuchas ilegales en perjuicio de varios magistrados del fuero federal y penal local, entre otros. Pero esa causa fue declarada nula. El Colegio de Abogados de La Plata no había sido notificado con anterioridad del allanamiento realizado en la oficina que el acusado tenía en la capital provincial.
