Cecilia Patricia Incardona prestó juramento como fiscal el 6 de julio de 2018 ante el Procurador general de la Nación interino, el macrista Eduardo Casal, tras ser designada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora. El día que cumplió dos años en el cargo pidió que sean indagados el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas; su exsegunda Silvia Majdalani y el exjefe de contrainteligencia de ese organismo Martín Coste, en la causa que investiga supuesto espionaje ilegal en el Instituto Patria y en la que actúa como querellante la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La fiscal nació en Lanús el 6 de junio de 1972. Está casada con el juez de Casación Eugenio Sarrabayrouse, quien fue propuesto por CFK en 2015 para ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ambos fueron autores de varios estudios destinados a reformas y modernizaciones del Poder Judicial de Tierra del Fuego.
Fuentes judiciales confirmaron a este medio que llegó muy joven al poder judicial donde ganó varios concursos y “fue una de las funcionarias mimadas” de la ex Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó.
Incardona actualmente ocupa la Fiscalía Federal N°2 ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas de Zamora –provincia de Buenos Aires-, para la que resultó designada el 18 de junio de 2018 por decreto n°564/2018. Su relación con el juez Federico Villena (quien tenía la causa por presunto espionaje durante la era macrista que quedó en manos de su par Juan Pablo Augé) no es la mejor, pero eso no fue obstáculo para que el magistrado avalara todos los pedidos de la fiscal que indaga en una trama maloliente en la que se mezclan espías, políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y extorsiones.
Egresada como abogada de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), en su extenso curriculum sobresale una especialización en investigaciones sobre agresiones sexuales y violencia de género. Es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y en la UBA. También fue jueza de ejecución en Tierra del Fuego y subrogante en un juzgado de instrucción en esa provincia patagónica. Durante el primer mes del aislamiento social preventivo y obligatorio impulsó más de 350 causas por violación de la cuarentena.
En la actualidad es la fiscal que puso contra las cuerdas a una parte del círculo rojo macrista al que investiga por presunto espionaje ilegal con fines de extorsión política. Fue quien pidió la detención de Susana Martinengo, la exfuncionaria cercana a Macri, e impulsó el allanamiento a Darío Nieto, actual secretario privado del expresidente.
Pero su pesquisa sumó un dato inquietante para el planeta de Juntos por el Cambio. Pidió la indagatoria del exjefe de la AFI Gustavo Arribas, el amigo “más tramposo” de Macri, según la definición del propio expresidente.
