X

La Cámara Federal de La Plata ordenó que Juan Pablo Augé se quede con la investigación. Es quien investiga el espionaje al Instituto Patria.

Por 03/07/2020 9:18

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ordenó que la causa en la que se investiga el presunto espionaje ilegal con fines de extorsión política cambie de juez. En la actualidad, el expediente está en manos del juez Federico Villena, quien ordenó la detención de 22 personas, pero el tribunal superior ordenó que esa investigación pase al juzgado de Juan Pablo Augé, quien investiga el espionaje al Instituto Patria que encabeza la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara hizo lugar al planteo de varias defensas de los detenidos en la causa.

Augé es el titular del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora y fue quien ordenó la detención de Alan Ruiz, jefe de espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Madjalani, dos exfuncionarios con llegada directa al expresidente Mauricio Macri, según se desprende del expediente al que accedió Letra P.

Las recusaciones a Villena fueron presentadas por los abogados defensores de Facundo Melo, Leandro Araque y Jorge Saez -ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)-, quienes consideraron que el magistrado "ha evidenciado una notable falta de objetividad y buena fue procesal". El cambio de juez se dio luego de que Villena indagara a la exfuncionaria macrista Susana Martinengo y a los espías que conformaban el grupo operativo comandado por Ruiz, denominado “Súper Mario Bross”.

 

 

Uno de los aspectos salientes de la resolución de la Cámara es que no declaró ninguna nulidad, lo que significa que convalidó (hasta el momento) todo lo actuado por el juez Villena.

En la resolución, el camarista Roberto Lemos Arias advirtió que "existen circunstancias objetivas que permiten tener por razonablemente fundado el temor de parcialidad invocado por las partes recusantes".

En este sentido, señaló que esa situación lo lleva a "decidir el apartamiento del juez Federico Villena para seguir interviniendo en la causa, por cuanto se encontraría afectada la garantía de imparcialidad del juzgador".

 

 

Según los abogados de los ex espías, sus defendidos expresaron "que poseen un temor fundado de parcialidad, ya que el juez Villena se habría excedido en sus funciones".

En ese sentido, uno de los letrados expresó que en uno de los audios que refirió en su presentación "una persona que habría prestado servicios en la Agencia Federal de Investigaciones mencionó que el juez Villena libraba oficios judiciales para justificar la realización de tareas de inteligencia ilegales llevadas a cabo por personal de la citada agencia estatal".

DECLARACIONES SALIENTES

Dos de las mujeres detenidas consiguieron el beneficio de la prisión domiciliaria y están en sus casas con tobillera electrónica: Belén Saéz porque tiene un hijo recién nacido y Funes Silva porque tiene un hijo con autismo.

La tercera en seguir ese camino podría ser Martinengo, quien obtuvo un dictamen favorable de la fiscalía dado que tiene 64 años y es paciente de riesgo de contraer coronavirus, aunque el juez no decidió sobre su situación y según fuentes judiciales antes de hacerlo podría pedir informes médicos.

La de Martinengo es la declaración más esperada por los investigadores dado que está apuntada como el supuesto nexo entre los espías y el ex presidente de la nación: en el expediente hay registros de reuniones de ella con los ex agentes en la Casa Rosada y conversaciones en las que promete pasarle informes a Darío Nieto, el secretario privado de Macri.

 

 

El juez Villena acusó a los detenidos en la causa por presunto espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo, de ser parte de una "organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local" dedicada al "uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales".

Los cargos se desprenden de la imputación leída ayer a los acusados indagados y en la que se les atribuyó ser parte de "una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia", informaron fuentes judiciales.

"Esta organización se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales", agregó la acusación del juez.

 

 

También al "acceso ilegítimo a base de datos, a la infiltración en distintos grupos y organización sociales y a provocar el inicio irregular de investigaciones judiciales, entre otras maniobras ilícitas, afectando la intimidad de las víctimas".

Además se habría colocado a las víctimas "en situaciones de vulnerabilidad, como ser el desprestigio personal, la violencia moral y la coacción psicológica, entre otras".

"Todo ello, tuvo por finalidad influir en la situación institucional, política, social, judicial y económica del país, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo", agregó la imputación judicial.

La acusación sostiene que la actividad ilegal se habría iniciado en 2017 para obtener información ilegal sobre "acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones religiosas, partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción".