Los 105 días de aislamiento social preventivo y obligatorio desembocaron en un frente de turbulencias judiciales que complican aún más el futuro inmediato del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque están dañados los canales de comunicación entre el Ejecutivo y el mundo judicial: un juez de La Plata emplazó al gobierno provincial para que determine si Justicia es servicio esencial o no, lo que marcó una derrota parcial del equipo jurídico de la Fiscalía de Estado; las y los trabajadores judiciales lanzaron una medida de fuerza que resentirá la actividad y una asociación de abogados penalistas prepara un duro documento que apunta, entre otros destinatarios, a los colegios profesionales y a la Suprema Corte provincial, confirmaron fuentes letradas a Letra P.
El primero de los dolores de cabeza para Kicillof llegó de la mano del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, que aceptó el requerimiento del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (Colproba) para que se libre orden judicial de pronto despacho respecto a una presentación efectuada el 14 de abril de 2020, donde se le solicitó al Ejecutivo provincial que exceptúe de la restricción de aislamiento a todos los abogados matriculados en suelo bonaerense; que se implemente un protocolo que haga posible la apertura de los estudios jurídicos con atenciones mínimas y que se declare a la Justicia como servicio esencial, así como a la labor de los abogados.
Tras varias semanas de silencio de parte del Gobierno provincial, el Colproba judicializó el planteo en busca de una solución para uno de los actores centrales del Poder Judicial más grande de Argentina (por su volumen). En ese expediente se presentó la Fiscalía de Estado en representación de los intereses del gobierno provincial. Intentó deslegitimar la presentación judicial, pero el equipo jurídico que responde al radical Hernán Gómez recibió un revés en primera instancia: el juez Francisco Terrier emplazó al gobierno de Kicillof para que en 20 días defina si la Justicia es o no es servicio esencial.
En este marco, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) llevan adelante este jueves 2 de julio una jornada de protesta que incluye un apagón de celulares y computadoras, lo que marca un cese en la jornada de trabajo a distancia que realizan miles de trabajadoras y trabajadores en los departamentos judiciales que integran, principalmente, el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), donde se encuentra el teatro de operaciones sanitario más caliente en la lucha contra el coronavirus.
La AJB exige a la Suprema Corte y a la Procuración General que “se garanticen medidas de protección efectivas de prevención contra el COVID-19, en particular restringiendo al máximo la circulación de personas en las dependencias ubicadas en el AMBA. Este reclamo se produce en el marco de un crecimiento exponencial de contagios en la Provincia, que amenaza con colapsar la capacidad del sistema de salud”.
Mientras estos frentes de tormenta toman forma, se avizoran más conflictos. Fuentes de la abogacía adelantaron a Letra P que una asociación de abogados penalistas de la capital provincial prepara un duro documento en el que afirmarán que letrados y ciudadanos están “huérfanos” de justicia en la provincia de Buenos Aires, y que “la única salida que encuentran sus actores es resolver esta cuestión ocultándose”.
Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Suprema Corte provincial y la Procuración General se mostraron alineados a las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo bonaerense, que, a su vez, está en sintonía fina con la Casa Rosada, que también alineó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte provincial fue escenario de varias presentaciones por parte de abogados para que se reactive el servicio judicial pero, a la luz de los resultados, no fueron tenidas en cuenta.
