25|6|2021

Organizaciones religiosas, al rescate de los “invisibles” de la pandemia

02 de julio de 2020

02 de julio de 2020

Unas 185 mil personas conforman la población refugiada, migrante e indocumentada, que sobrevive o muere sin ayuda estatal. Red adventista-evangélica-católica.

Organizaciones religiosas debieron salir al rescate de un grupo de personas casi “invisibles” para las autoridades y que, en muchos casos, mueren en el desamparo en medio de la crisis del coronavirus: la población refugiada, migrante e indocumentada.

 

No son pocos: unos 185. 000 en esta condición, en su mayoría latinoamericanos, según registros de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). No reciben ninguna ayuda estatal por estar “flojos de papeles” y tampoco pueden optar por retornar a sus países de origen por la clausura de las fronteras.

 

En el mientras tanto, estos foráneos sobreviven hacinados y sin condiciones básicas de higiene, clave para prevenir contagios, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Córdoba, mayoritariamente.

 

Ante esta realidad de olvido y exclusión, entidades cristianas se constituyeron en redes de contención social para los forasteros, a los que les distribuyen bolsones de comida y kits de limpieza y los guían ante emergencias de salud. También les tramitan documentos e interceden ante las autoridades para que tengan más acceso a derechos.

 

Hay adventistas, de iglesias evangélicas tradicionales y también católicas. Todas, con un objetivo similar: visibilizar la situación de personas que se vieron forzadas a huir de su tierra, en busca de un lugar seguro para vivir, o quedaron atrapadas en los cerrojos fronterizos impuestos a raíz de la pandemia.

 

 

 

Una de las más activas es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), una asociación civil sin fines de lucro integrada por las iglesias Evangélica Discípulos de Cristo, Evangélica del Río de la Plata, Evangélica Metodista Argentina, Evangélica Valdense del Río de la Plata y Evangélica Luterana Unida. Trabaja por los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo desde 1973.

 

Más del 80% de las personas migrantes no accedió al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que el gobierno de Alberto Fernández instrumentó a modo de compensación a los sectores más vulnerables.

“El Covid-19 no generó una situación nueva, sino que agravó la situación estructural del migrante que no puede insertarse laboral y socialmente en el país”, dijo a Letra P un vocero de la organización cristiana.

 

Desde las oficinas de CAREF aseguraron que en los primeros 100 días de la cuarentena se incrementaron diez veces los pedidos de asistencia social por parte de extranjeros llegados al país por distintas circunstancias. En gran medida, por la pérdida de empleos que, precisaron, ya eran “precarios, de riesgo y mal remunerados”.

 

Otro dato alarmante que también movilizó a la organización evangélica fue que más del 80% de las personas migrantes no accedió al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que el gobierno de Alberto Fernández instrumentó a modo de compensación a los sectores más vulnerables a las consecuencias económicas de la cuarentena. Se trata de un beneficio de 10.000 pesos que, desde el vamos, no alcanzaba a los extranjeros con menos dos años de residencia legal, requisito, por cierto, que la mayoría -por ser recién llegados- no cumplía, aunque no fueron los únicos, dado que también fue denegado a personas con entre tres y 15 años de domicilio en el país.

 

 

 

CAREF denunció esta situación, al considerarla de “desigualdad”, y planteó una queja formal ante los residentes de la Casa Rosada para que incluyan en las medidas de protección y acceso a derechos sociales a la población refugiada, solicitante de asilo y migrante que habita en el país.

 

La organización evangélica también intervino en el caso del vendedor senegalés que fue golpeado y detenido por la policía en pleno centro platense (7 y 47), en un hecho que definió como “racismo criollo” en consonancia con la movilización mundial contra la violencia racista como consecuencia del asesinato del joven negro George Floyd en Estados Unidos.

 

Por su parte, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) implementó operativos de emergencia, junto con organismos nacionales y provinciales, a fin de acompañar a un buen número de refugiados que, luego de varios años de residencia en el país, debieron pedir ayuda a los programas de asistencia tras quedarse sin fuente de ingresos desde el comienzo de la cuarentena obligatoria.

 

Entre otras acciones, ADRA firmó un acuerdo con el Ministerio de Salud bonaerense para operar el servicio de lavandería del Parque Sanitario Tecnópolis.

 

 

 

Un esquema similar de contención social a los extranjeros instrumentó la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes, presidida por el obispo jesuita Hugo Salaberry, además de comenzar a preparar equipos para acompañarlos en la pospandemia.

 

“Invitamos a las personas, asociaciones sociales, empresas y al sector gubernamental a mirar esta realidad y tomar medidas a favor de esta población, ahora y en la fase de pospandemia”, requirió en un comunicado reciente.

 

En el contexto de la crisis por coronavirus, Argentina recibió de la Unión Europea (UE) unos 300.000 euros que el conglomerado del Viejo Mundo reorientó de su programa en apoyo a refugiados y migrantes en el país que implementa desde 2018.

 

El dinero fue destinado, puntualiza la UE, a “reforzar el equipamiento y la protección en hospitales de provincia con alta presencia de esta población, proveer kits de alimentos e higiene, apoyo a comedores comunitarios y al funcionamiento de albergues en el contexto de la campaña de invierno, dar apoyo financiero puntual a iniciativas comunitarias y fomentar la reinserción laboral para paliar los efectos socioeconómicos de la pandemia que han agudizado la situación de vulnerabilidad de estos colectivos”.

 

 

El operativo de los adventistas de ADRA. 

 

 

ENCUESTA REVELADORA. La labor asistencial desplegada por las organizaciones religiosas tiene sustento en una encuesta del espacio Agenda Migrante 2020, que identificó las problemáticas más urgentes y reveló que las personas en situación de movilidad internacional quedaron “más expuestas al impacto socio-económico” del aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente desde el 20 de marzo.

 

El estudio también determinó que la falta de documentación (el 29% no cuenta con documentación, está tramitándola o cuenta con una residencia precaria) afecta la posibilidad de acceder a otros derechos y que se encuentra más expuesta a la informalidad laboral (el 75% trabaja en changas, de manera informal o no trabaja). 

 

Asimismo, constató que esta población enfrenta dificultades habitacionales (el 81% tiene que pagar alquiler y un 28% dijo haber tenido problemas en ese sentido desde que se inició el aislamiento) y tiene escaso acceso a beneficios y derechos sociales (79% no recibe ninguna ayuda social).