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Fuerte controversia en Santa Fe por el cumplimiento de una orden papal para recepción de denuncias. Cruces entre abogados y la explicación de un obispo.

Por 16/07/2020 12:11

El escándalo por los abusos vuelve a sacudir a la Iglesia, pero esta vez no por un caso puntual, sino por la interpretación de un jurista sobre la incompatibilidad legal de una directiva del papa Francisco para disponer oficinas diocesanas a fin de recibir informes sobre este delito aberrante.

En esta línea, el arzobispado de Rosario habilitó un canal para recepcionar testimonios de víctimas de abusos sexuales en la institución y puso al frente de ese espacio a dos mujeres, una psicóloga y una abogada. Una medida similar instrumentó el arzobispado de Santa Fe, como también lo hicieron otras jurisdicciones eclesiásticas del país.

Todo, en respuesta al motu proprio del pontífice de noviembre de 2019, que exige implementar mecanismos en la lucha contra los abusos sexuales perpetrados por clérigos y las acusaciones por encubrimiento por parte de obispos o superiores de congregaciones religiosas.

La concentración de informes de abuso sexual en la Iglesia encendió la alarma en ambientes legales de la provincia de Santa Fe.

 

Bajo la lupa. Los arzobispos de Rosario, Eduardo Martín, y Santa Fe, Sergio Fenoy.

 

Apenas conocida la instrumentación de la instancia eclesiástica, el presidente del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción, Carlos Ensinck, fue con los tapones de punta contra los arzobispos Eduardo Martín (Rosario) y Sergio Fenoy (Santa Fe).

El abogado rosarino denunció penalmente a los dos prelados por “usurpar funciones del Estado”, al considerar que los referentes episcopales pretenden arrogarse atribuciones que corresponden a la autoridad judicial, específicamente, al Ministerio Público de la Acusación.

"Están violando las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio consagradas por la Constitución Nacional y pactos internacionales... Están promoviendo que cualquier persona les denuncie sobre casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, por parte de clérigos y consagrados, y del encubrimiento", advirtió Ensinck en la presentación.

 

 

Tanto Martín como Fenoy se defendieron de las acusaciones del letrado rosarino afirmando que la implementación del sistema eclesiástico responde a lo dispuesto por el papa y sosteniendo que no es incompatible con el accionar de la Justicia secular.

La investigación está ahora en manos de la fiscal santafesina Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familia y Sexual, que deberá analizar si existe algún delito en la decisión de los arzobispados de Rosario y Santa Fe.

Paralelamente, ldenuncia contra los arzobispos Martín y Fenoy reavivó la interna en el Colegio de Abogados rosarino, por lo que dos expresidentes salieron al cruce de los argumentos esgrimidos posu colega. En una declaración, Ignacio Del Vecchio y Arturo Ignacio Araujo evaluaron de “grotesca y de ignorancia inexcusable” la presentación de Ensinckal recriminarle que no haya entendido lo “obvio”. Es decir, le recordaron, que “existen dos ámbitos para juzgar hechos: el jurisdiccional, civil o penal, y el interno de la Iglesia”.

La presentación judicial también hizo ruido en la comunidad local, que comenzó a preguntarse si la Iglesia buscaba “lavar sus trapos sucios” puertas adentro, con un recuerdo fresco en la memoria: el caso del exarzobispo santafesino Edgardo Storni, que murió en 2012 en una casa de retiros de La Falda (Córdoba), donde se recluyó a cumplir prisión domiciliaria tras ser juzgado y condenado en 2009 por abuso sexual agravado a un seminarista, sentencia que luego fue anulada en 2011.

 

 

VOZ AUTORIZADA Y SIN RODEOS. Ante el revuelo que provocó la acusación de Ensinck contra los referentes eclesiásticos santafesinos, Letra P consultó al obispo Sergio Buenanueva (San Francisco – Córdoba), coordinador del Consejo Pastoral para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Voz autorizada, el prelado respondió sin rodeos a la requisitoria.

El abuso sexual es un delito, mucho más grave si lo comete un clérigo, y hay que ayudar a las víctimas y a las personas que le son cercanas a denunciar y a llevar al perpetrador a la justicia secular, a la justicia del Estado”, aseveró y reconoció: “Ha habido una acusación muy fuerte, que en parte es verdad, que la Iglesia ha pospuesto la consideración del abuso como delito considerándolo más un pecado que un delito”.

Buenanueva explicó que el papa planteó estas oficinas como “una obligación” y dio un plazo de un año a las diócesis del mundo para crear esta “instancia pública”, con el objetivo de recibir información en sus dos características: “La más grave es el abuso a la víctima. La otra, que obispos y superiores (de congregaciones religiosas) hayan incurrido en negligencia en la gestión del abuso, incluso en algún caso delictivamente”, precisó.

 

 

Ni en la finalidad ni en la intención y, mucho menos, en la naturaleza de esta iniciativa está la pretensión de suplantar al Estado, porque no lo podríamos hacer, tampoco nos da el cuero, y es indebido. Son canales distintos, son fueros distintos. Incluso, porque, cuando la información tiene su consistencia y da lugar a un procedimiento canónico, tiene su camino dentro de la Iglesia. Es distinto al proceso secular y apunta a finalidades distintas”, sostuvo.

Ni en la finalidad ni en la intención y, mucho menos, en la naturaleza de esta iniciativa está la pretensión de suplantar al Estado, porque no lo podríamos hacer, tampoco nos da el cuero, y es indebido." (Obispo Buenanueva) 

La Justicia secular puede mandar a la cárcel a un cura que ha abusado sexualmente de alguien, pero no le puede quitar el sacerdocio. Eso es lo que hace la Iglesia con el proceso canónico cuando se encuentra con uno de estos casos”, diferenció.

Al repreguntarle sobre la controversia con el Colegio de Abogados de Rosario, Buenanueva destacó que “la Iglesia está intentando y dando pasos muy fuertes para responder con altura a esta grave problemática” e insistió en afirmar que “no hay colisión entre esta iniciativa de la Iglesia y el Estado y la Justicia secular”.

“Es bueno mirar la situación y decir: bueno, a ver, si hay una posible colisión, ¿dónde se da? Y si hay una falta de conocimiento de la naturaleza de esta iniciativa de la Iglesia, entonces, expliquémoslo todo lo mejor que podamos. Uno de los grandes aprendizajes es que en esta crisis hay que escuchar todas las voces, también las más críticas”, concluyó.