Los acuerdos parlamentarios que permitieron la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto oficial para regular el teletrabajo se topó con un inesperado obstáculo, que se expresa en las críticas y pedidos de corrección realizados en los últimos días por los principales agrupamientos de abogados laboralistas de sindicatos.
En momentos en los que el Senado empieza el debate del proyecto presentado por la diputada Vanesa Siley, la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) y la Corriente 7 de Julio, vinculada al exdiputado Héctor Recalde y desde donde se proyectó el número dos de la cartera de Trabajo bonaerense, Leandro Macía, difundieron diferentes documentos en los que marcan matices y cuestionamientos al proyecto ya aprobado en la Cámara baja.
Partiendo de un diagnóstico en el que la situación de emergencia sanitaria "ha sido aprovechada por ciertos sectores para acelerar la implementación de esta modalidad", la AAL advierte que este proceso generó "significativas ganancias a las empresas, el traslado sus costos de producción a lss trabajadores y trabajadoras y a sus familias, profundizando la desprotección que el propio aislamiento provoca y la imposición unilateral de las condiciones de trabajo por parte del empleador".
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En ese marco, la principal asociación de laboralista del país reclamó "un análisis más profundo en cuanto a sus posibles consecuencias" de la modalidad y cuestiona los plazos "tan breves como los que se pretenden imponer para el dictado de una norma jurídica general y obligatoria" para incluir temas que consideran central para regular la modalidad.
Este planteo sobre los tiempos de discusión, al que adhiere también el documento elaborado por la la Corriente de Laboralistas 7 de Julio, que dirige Gustavo Ciampa, tiene que ver con que el acuerdo parlamentario plantea que la aplicación de la futura ley entraría en vigencia 90 días después del final del aislamiento, por lo que resulta una contradicción el apuro en aprobarla.
Los dos sectores coinciden en la necesidad de no alentar la fragmentación de la Ley de Contratos de Trabajo "sin duplicar expresiones ya contenidas en ella", lo que "terminaría produciendo malos entendidos legítimos o abonados" por interese patronales, señala la agrupación identificada con Recalde.
Ambos sectores reclaman que temas como la reversibilidad de la modalidad, los tiempos máximos de tareas de teletrabajo y el respeto de la extensión de la jornada laboral y la consecuente desconexión digital deben estar explícitamente expresados en la ley.
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De igual modo, plantean que se debe garantizar el derecho a agremiación de quienes ejerzan de manera temporal o permanente el trabajo fuera de las empresas y la obligación por parte del empleador de asumir los costos del capital de trabajo que implica la provisión de servicios y herramientas, o su consecuente remuneración en caso que los aporte el empleado.
Los laboralistas afirman que debe asegurarse que la nueva modalidad derive en una reducción de la jornada de trabajo y en asegurar un piso de derechos para que la negociación paritaria en cada sector, luego, pueda mejorarlos. Y no que deba encargarse de resolver las ambigüedades o zonas no resueltas de la nueva ley como avizoran con la redacción actual.