

Carpetas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vice segundo, Pablo Iglesias.
Tras cien dramáticos días, el desescalamiento de salida de la cuarentena en España incluyó la apertura de los Tribunales. Entre los cientos de casos que quedaron paralizados por cuarentena, hay uno que, claramente, destaca del resto: el de un alto oficial policial dedicado a tareas de espionaje interno al que sectores de la prensa ibérica bautizaron como "Comisario Cloaca".
El comisario se llama José Manuel Villarejo y está acusado de realizar tareas de espionaje e inteligencia sobre políticos, empresarios, jueces, comunicadores y todo aquel "espiable" para luego, a través de una empresa particular, vender los jugosos datos a quien quisiera comprarlos.
Al parecer, desde algunos pliegues del poder el comisario -luego pasado a retiro- tenía clientes que hacían acrecentar considerablemente su cuenta bancaria comprando datos para ser utilizados con fines políticos, económicos, de "apriete" y otras yerbas del submundo de la política cloacal, al que servía Villarejo.
Ahora, la dependencia de Anticorrupción reclama 57 años de cárcel para el policía empresario. Y en España son a cumplir.
Pero a la ya complicada trama de espías todo servicio, además implicados o vinculados a algunos periodistas, se agrega un caso que ni en una novela pudo imaginarse y que puede terminar en escándalo nacional.
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Todo empezó a fines de 2015 con un robo de un celular, un delito casi diario también en las tierras españolas. Pero el aparato era de Dina Bouselham, una estrecha colaboradora de un destacado personaje de la oposición política, y tenía "datos sensibles". Vaya a saber cómo la tarjeta de memoria llegó a la redacción de Interviú, que nada publicó y se la entregó no a su dueña sino a su jefe político.
Extrañamente, este personaje no le devuelve la tarjeta a la pobre Dina y ni siquiera le informa que ha sido recuperada, pese a que existía una denuncia formal por el robo.
Y se complica más cuando en 2016 el digital OK Diario publica capturas de pantalla del celular de Bousealham complicando a su jefe político. Recién cuando la mujer comienza a preguntar a la justicia y públicamente quién tiene su celular, su jefe, el señor Pablo Iglesias, casi dos años después, le avisa que tiene en su poder la tarjeta de memoria y se la devuelve.... fallada.
Ocurre que, según un peritaje informático a la bendita tarjeta, la metieron en un microondas y quedó casi inutilizada.
Y aparece en el caso el ya mencionado Comisario Cloaca, porque un allanamiento a sus oficinas encuentra una carpeta marcada "Dina" y allí están los archivos completos de la tarjeta de memoria. El juez concluye que no fue un simple robo de celular, sino que se trató de espionaje político al señor Iglesias, por entonces una de las caras más visibles de la oposición al gobierno del socialista Pedro Sánchez.
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¿Por qué Iglesias se quedó con la tarjeta que había sido robada y pertenecía a su estrecha colaboradora? ¿Por qué ni Dina ni el señor Iglesias le avisaron a la justicia que tenían la tarjeta cuya copia apareció en oficinas del comisario Villarejo? Y hay más dudas sobre cómo la tarjeta que Interviú le entregó intacta a Iglesias fue a caer en un microondas ni cómo los archivos clandedstinos de Villarejo llegaron al periódico digital, que los publicó parcialmente.
Y las dudas generan más dudas sobre la figura de Iglesias, quien, gracias a un pacto con los socialistas de Sánchez en enero de 2020, saltó de opositor a parte del Gobierno y nada menos que ocupando la vicepresidencia segunda y el Ministerio de Asuntos Sociales.
El Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, a cargo de Manuel García Castellón, será el escenario para dilucidar todas esas dudas que envuelven al vicepresidente del Gobierno y también a la ya famosa macro causa del Comisario Cloaca.