La trama de espionaje ilegal encontró uno de sus puntos más tensos en territorio bonaerense cuando quedó involucrado Alex Campbell, actual diputado de Juntos por el Cambio e integrante de la mesa chica del gobierno de María Eugenia Vidal. El legislador, apuntado como el nexo bonaerense entre los espías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la mesa chica del macrismo, se refugia en el silencio. Legisladores de todos los bloques en la Legislatura optan por la cautela, mientras que algunos señalan con desconfianza al exintendente de La Plata, Pablo Bruera, a quien este jueves el juez federal que entiende en la causa le confirmó que fue uno de los espiados, y ante lo cual el exjefe comunal decidió ser querellante. Ante la posiblidiad del desafuero de Campbell, todas las fuentes consultadas coincidieron en que no es necesario el desafuero para investigar. En tanto, mediante un proyecto se busca crear una comisión investigadora para develar un posible “plan sistemático de aplicación de lawfare”.
En diálogo con Letra P, fuentes cercanas a Campbell aseguraron que no recibieron una notificación judicial de manera oficial, por lo que los detalles de la causa solo les llegaron a través de los medios de comunicación. El silencio del exsubsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la era Vidal se complementa con la prudencia tanto en el oficialismo como en la oposición.
“En términos personales, estoy preocupada y ansiosa porque la investigación evolucione y ver hasta qué punto llegó este espionaje ilegal. Pero como bloque, y por haber sido el partido político con mayor lawfare y causas iniciadas durante el gobierno de Cambiemos, tenemos una postura muy clara: hasta que la Justicia no determine si son culpables o inocentes vamos a esperar”, aseguró a este portal la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales e integrantes del Frente de Todos, Susana González.
Por otra parte, la legisladora kirchnerista se refirió al posible pedido de desafuero de Campbell al remarcar que estima que la postura conjunta del bloque será no otorgarlo. “Ningún juez está impedido de continuar y profundizar una investigación a pesar del fuero de un diputado. Y también entendemos que ningún diputado está impedido de estar a derecho. Y un ejemplo claro de eso está en Cristina Fernández y Julio De Vido, que estuvieron a derecho en cada causa que así lo solicitó”, justificó.
En paralelo, su par Guillermo Escudero avanzó con la presentación de un proyecto de ley para crear una comisión investigadora especial sobre la posible intromisión del Ejecutivo nacional y provincial en el ámbito judicial. De acuerdo al artículo segundo, el organismo estará conformado por cinco diputados y cinco senadores designados por los presidentes de cada Cámara, a propuesta de los presidentes de cada bloque, instancia en la que a lo largo de un año se avanzará con el exámen de posibles delitos.
En Juntos por el Cambio también primó la cautela, aunque no faltaron las acusaciones y lecturas políticas contra el exintendente de La Plata y querellante en la causa, Pablo Bruera, que sostuvo que el espionaje ilegal desde la AFI durante el macrismo es un “tema de gravedad institucional” y que, a su vez, “era parte de un sistema utilizado para hacer carpetazos, intimidaciones y extorsiones”.
“La acusación de Bruera no me parece seria. Desconfío de este tipo de denuncias colectivas, pero de todos modos creo que tenemos que dejar actuar a la Justicia. Hoy sólo tenemos trascendidos”, apuntó el diputado de la Unión Cívica Radical Diego Rovella, mientras que su par del PRO Daniel Lipovetzky fue en la misma línea: “Aún no hay nada oficial, ni imputación ni pedido de desafuero, por lo que no podemos basarnos en lo que dice Bruera en los medios de comunicación”.
“Esperamos que el oficialismo tenga coherencia. Ellos tienen un planteo de que son perseguidos y víctimas de un aparente lawfare y ahora apuntar contra un diputado de la oposición sin siquiera una denuncia formal no nos parece bien”, agregó Lipovetzky en diálogo con Letra P.
Quien sí dio un paso más fue la legisladora Carolina Píparo, que también integra el gabinete del actual jefe comunal de la capital provincial, Julio Garro, al opinar que “la intención es otra”. “Como espacio, siempre sostuvimos lo mismo: si la Justicia llama, todos los dirigentes de Juntos por el Cambio estamos a disposición de la misma. Creo que acá la intención es otra. Bruera, que es Cristina Kirchner, busca ensuciarnos y confundir pero somos muchos los que sabemos quiénes son. Porque son ellos justamente los que tienen que explicarle a la Justicia y a la sociedad los bolsos de López, la causa de los cuadernos, Hotesur y Los Sauces”, lanzó.
Por su parte, el presidente del bloque de Cambio Federal, Walter Carusso, aseguró que no tiene “ningún elemento para emitir una opinión”. “No leí la causa y hay que dejar trabajar a la justicia. Además, no entró ningún pedido de desafuero a la Cámara. Si eso sucede y leemos los motivos, recién ahí podré dar una impresión, pero hoy sería hablar en el aire”, dijo.
