Alex Campbell, uno de los funcionarios de mayor confianza de la exgobernadora María Eugenia Vidal durante los cuatro años de gestión de Cambiemos en Buenos Aires, quedó muy comprometido en la investigación por espionaje ilegal que tramita la justicia federal. El juez tiene en su poder chats que confirman el vínculo de espías denunciados con el exsubsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la gestión pasada.
Esta arista de la trama de espionaje político terminó de confirmarse luego de la presentación como querellante del exintendente de La Plata Pablo Bruera, quien tomó contacto con las evidencias de su seguimiento. En esa documentación judicial, hay chats entre espías, el actual diputado provincial Campbell y otras personas.
La investigación reunió pruebas de los contactos entre espías que hablaban de llevar la información a dos funcionarios públicos que la reclamaban: Susana Martinengo, que dirigía el área de Documentación Presidencial en la gestión de Mauricio Macri, y Campbell, que integraba el gobierno de Vidal.
“Era información que producían a pedido”, reflexionó Bruera tras ver los intercambios entre espías como los imputados Leandro Araque y Alan Ruiz, donde se hablaba del reclamo de datos que habían recibido e incluso discutían sobre cómo presentar la documentación en el formato más accesible posible a los funcionarios públicos de las gestiones nacional y bonaerense de Cambiemos.
En esta causa se investiga a “una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes, cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones”, según consta en el expediente.
Algunas de las maniobras “habrían consistido en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas, y/o con el objeto de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones”.