Manejada por el grupo brasileño Camargo Correa a través de su controlada Loma Negra, la empresa ferroviaria de cargas Ferrosur Roca se ha convertido en un nuevo motivo de preocupación y problemas para el ministerio de Transporte que comanda Mario Meoni.
La compañía ferroviaria, cuya concesión vence en 2023, quedó envuelta en dos frentes de conflicto que han encendido las luces de alerta sobre su accionar en el corto y mediano plazo. En el primero tiene como contendientes a los gremios del sector. En el segundo, aparece del otro lado del ring, con cuestionamientos de fondo y denuncias de irregularidades, el propio Gobierno nacional.
UN POCO DE HISTORIA
Ferrosur opera una red de cargas de 3.110 kilómetros de la exlínea Roca, que atraviesa las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y el sur de La Pampa.
La concesión se inició en 1993 y expira en 2023. Inicialmente la empresa estuvo bajo el control del grupo Fortabat, pero pasó a manos del grupo brasileño Camargo Correa cuando adquirió la cementera Loma Negra. Su composición accionaria actual tiene a Cofesur –sociedad controlada por Loma Negra– con el 80%; a Ferrocarriles Argentinos, con 16% y al PPP (Personal de Ferrosur) con el 4% restante.
Camargo Correa (CC) aparece involucrada en los dos casos más resonantes de corrupción de Brasil (Lava Jato) y Argentina (“Cuadernos”). En el caso local, CC quedó pegada –junto con la constructora Esuco, del extitular de la CAC, Ernesto Wagner– en el supuesto pago de sobornos para quedarse con la obra de la planta depuradora de AySA que se construyó en Berazategui.
El caso que involucra a los sindicados surgió a mediados de abril, cuando Ferrosur –alegando que había sufrido una caída del 80% en las cargas transportadas en el primer trimestre del año– solicitó acogerse a un “procedimiento preventivo de crisis” (PPC) para despedir parte de su personal y reducir hasta un 40% los sueldos.
Ante esa movida, los cuatro gremios ferroviarios (Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Señaleros y APDFA) se declararon en estado de alerta y denunciaron que la empresa ya venía incumpliendo desde enero los pagos de los aumentos y adicionales que estaban acordados. Además, en la negociación abierta por el Ministerio de Trabajo, los dirigentes ferroviarios arrimaron datos que demostraban que el descenso de la actividad de los trenes de carga entre enero y marzo fue solo del 15% y no del 80% como había aducido la empresa.
Pese a que aún no hubo acuerdo, Ferrosur ya anticipó que pagará los sueldos de abril con recortes y que empezará con las suspensiones. Este lunes seguirán las negociaciones en la cartera laboral, pero todo indicaría que el conflicto va camino a agrandarse y no sería extraño que derive en un paro de actividades que afecte a todas las líneas de cargas.
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En tanto, la disputa con los funcionarios nacionales quedó planteada en la reciente asamblea de accionistas, en la que ingresaron los nuevos directores estatales que no convalidaron el último balance de 2019.
El primer dato saliente que quedó expuesto fue el listado de los representantes estatales que la administración de Mauricio Macri había puesto en Ferrosur. Uno de los directores titulares hasta mediados de abril fue el polémico y multifacético Javier Iguacel, quien estuvo acompañado por Gonzalo García Oliva y Alejandro Martí.
Actual intendente de Capitán Sarmiento, Iguacel fue un gerente todoterreno del macrismo. Había arrancado a fines de 2015 como Administrador General de Vialidad Nacional, desde donde armó y llevó adelante las denuncias por sobreprecios y asociación ilícita que terminaron con Lázaro Báez preso. Luego paso a ocupar el sillón de secretario de Energía hasta fines de 2018. Y a principios de 2019 le dieron el premio consuelo de director en Ferrosur, donde también quedó en la mira por haber permitido una serie de operaciones de la empresa que serían irregulares y lesivas para el Estado.
Javier Iguacel, polifuncionario del gobierno de Mauricio Macri.
En la asamblea de accionistas de Ferrosur realizada el 15 abril, Iguacel y los otros representantes macristas fueron remplazados por los nuevos directores estatales Carlos Battista, Celia Yannuzzi y Eduardo Rodríguez, quienes, siguiendo las instrucciones del ministro Meoni, se abstuvieron de aprobar el último balance y los estados contables de la empresa.
Si bien Loma Negra hizo valer su mayoría accionaria (80%) para aprobar todas las cuestiones administrativas y contables que figuraban en el orden del día de la asamblea, los funcionarios nacionales dejaron asentados varios puntos oscuros que podrían derivar en multas y posibles denuncias judiciales por incumplimientos contractuales y acciones no permitidas en el marco legal de las concesiones ferroviarias.
Entre otros aspectos polémicos y con información incompleta de la empresa se encuentran el detalle de las deudas exigibles, el endeudamiento de corto plazo, los ingresos por arrendamientos y la forma de distribución de los 170 millones de pesos previstos como “remuneraciones para los directores que ejercen funciones técnicas y administrativas” durante 2020.
Tanto en la cartera de Transporte como en la estatal Ferrocarriles Argentinos estiman que el caso por la venta de vagones derivará en la apertura de un expediente sancionatorio y en una demanda judicial contra Ferrosur.
Pero, sin dudas, la cuestión que más revuelo ha causado es la referida a la venta de varias locomotoras que Ferrosur hizo en forma directa a Loma Negra, su empresa controlante.
Pese a las locomotoras fueron entregados en concesión y siguen siendo propiedad del Estado, Ferrosur igual decidió cederle máquinas a la cementera Loma Negra con el argumento de que necesitaba los recursos para cancelar deudas.
Dicha venta, que ahora está bajo la lupa, fue aprobada por el directorio de Ferrosur en los últimos días de la gestión macrista y sin que Iguacel y los otros representantes estatales de entonces se opusieran.
Ahora los técnicos del ministerio de Transporte le están reclamando a la empresa que aporte la documentación vinculada con:
-Las tratativas previas a la venta de las locomotoras.
-El certificado del ingeniero o perito que determinó el valor residual de las máquinas.
-Las consultas efectuadas a fabricantes para determinar el precio de mercado.
-El informe de los asesores legales de la empresa sobre la viabilidad de la enajenación.
-La nota de consulta y pedido de autorización al Estado para concretar la operación.
Tanto en la cartera de Transporte como en la estatal Ferrocarriles Argentinos –que ha heredado la fiscalización de la concesión– estiman que Ferrosur no tiene los elementos para responder lo requerido y que, frente a eso, el caso derivará en la apertura de un expediente sancionatorio y en una demanda en Tribunales si la empresa no logra retrotraer la situación y recuperar las locomotoras cedidas.