“¿En qué pudieron haber cambiado las prioridades? Seguramente en repensar la negociación de la deuda; ahora tendremos una nueva realidad. Eso pasó a otro plano, no sé a qué nivel, si al segundo o al tercero”, dijo el presidente Alberto Fernándezen una entrevista publicada el domingo en el sitio El Cohete a la Luna, en la que ratificó como orientación general de su gobierno el respaldo a los más vulnerables, y, a la vez, dio cuenta del escenario impuesto por la pandemia de COVID-19. La definición, se supo horas después a través de la publicación del decreto de necesidad y urgencia 346 en el Boletín Oficial, constituía un anticipo de la prórroga unilateral hasta fin de año, un nuevo default parcial, de los vencimientos de deuda en dólares emitida bajo ley local, algo que afectará el futuro de una negociación con los acreedores externos que, pese a la aludida modificación de prioridades, se pretende acelerar.
El nuevo coronavirus impone financiar con los dólares escasos en poder del Banco Central la importación de materiales esenciales como respiradores, kits para realizar análisis y reactivos. Sin embargo, el argumento oculta el otro aspecto que motivó la medida: una reformulación de la estrategia de negociación de los compromisos del país.
El decreto sostiene que “la crisis sanitaria mundial generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 ha alterado los plazos previstos oportunamente en el Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa”. A eso, sigue, “se le adiciona la inminencia de próximos vencimientos de los servicios de la deuda pública del Gobierno Nacional emitida bajo ley de la República Argentina y denominada en dólares estadounidenses”.
Una, otra y otra vez Letra P advirtió que la fuerte acumulación de vencimientos a partir de este mes obligaba a acelerar la negociación y que el tictac del default sonaba inexorable. Así, no debe sorprender que el Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, hayan tomado la decisión de extender una cesación de pagos cada vez menos parcial, aunque con el objetivo de mantener vivo el proceso.
“La Argentina está entrando cada vez más en default, cosa que comenzó a ocurrir cuando (el entonces ministro de Economía) Hernán Lacunza reperfiló las Letras del Tesoro (Letes). Luego se fue ampliando. Ahora lo hace en mucha mayor medida”, le dijo a Letra P el analista financiero Christian Buteler.
Gustavo Reija, director de la consultora Mecronomic, señaló en diálogo con este medio que “el reperfilamiento de la deuda en dólares bajo legislación nacional se inscribe en el objetivo, enunciado por Fernandez, de priorizar la aplicación de recursos a paliar la emergencia sanitaria y a mantener la actividad económica postergando los objetivos por los que se venía trabajando pre-COVID-19: lograr la renegociación de la deuda y alcanzar el equilibrio fiscal”.
“Este escenario era previsible. El reperfilamiento permitirá descomprimir vencimientos por aproximadamente 10.000 millones de dólares, lo que dejaría pendiente para el resto del año el pago de unos 3.300 millones de dólares de deuda emitida bajo ley extranjera”, explicó.
Según dijo el propio Guzmán a la agencia oficial Telam, “está decisión constituye un paso que estaba contemplado en el proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública”. El argumento llama la atención dado que hasta el momento había asegurado que los acreedores locales y los extranjeros recibirían igual trato. En la hipótesis de que se continúe haciendo frente a los vencimientos de los mencionados 3.300 millones de dólares –no confirmada ni desmentida en un Ministerio de Economía que se encerró en el hermetismo–, el manejo no luce igualitario.
Sin embargo, el propio Guzmán insistió este lunes en la promesa de que habrá "un tratamiento equitativo para la deuda pública en dólares bajo la ley argentina y las leyes extranjeras".
“Las preguntas –dijo Reija– son: ¿se pagarán los vencimientos de títulos bajo ley extranjera con reservas? ¿Se logrará negociar su postergación con acreedores? ¿Se caerá en default (total)?”.
El último informe de Consultatio Investments, posterior a la medida, indica que “el reperfilamiento compulsivo (…) mejora la posición de negociación frente a los acreedores de bonos internacionales ya que el Gobierno tiene ahora ‘menos apuro’ para cerrar un acuerdo porque descomprimió vencimientos. Parece que la ventana de tiempo que le pidieron los acreedores externos al ministro la financiarán los tenedores locales”. De hecho, pasado el mediodía el riesgo país caía más del 2% a un nivel de alrededor de 3.600 puntos básicos.
“Como venimos anticipando desde Consultatio, llegó lo que denominamos un canje en dos etapas. Entendemos que el mercado reaccione con miedo respecto de un potencial trato desigual para la curva ley local, pero esto es una buena noticia para los bonos ley internacional ya que el Gobierno guarda sus muy limitadas reservas para mantenerse corriente en la deuda internacional”, le explico a Letra P el head del equipo de Estrategia de Consultatio Financial Services José Echagüe.
Las dudas, con todo, persisten. “La decisión le quita credibilidad a la promesa de Guzmán de dar igual tratamiento a los vencimientos locales y extranjeros. La semana pasada se pagaron intereses de bonos bajo ley internacional y esta semana, cuando les tocaba a los tenedores de títulos emitidos bajo ley local, se termina defaulteando”, se quejó Buteler.
Para peor, algunos inversores sienten que se les tendió una suerte de trampa cazabobos. “La semana pasada se había emitido la orden de pago del AO20, lo que hizo que todos los bonos, incluso los emitidos bajo ley internacional, se movieran al alza. Y después de eso, el domingo a última hora, sale un comunicado que anuncia el impago. Es casi una estafa”, señaló el analista.
Buteler recomendó “estar atentos ahora al próximo pago de deuda emitida bajo ley extranjera, unos 500 millones de dólares que vencen el 22 de abril”.
Para Reija, “el peor escenario sería caer en default en medio de la crisis porque sería una valla para iniciar el proceso de recuperación económica posterior”.
“Los esfuerzos del Gobierno debieran centrarse en lo sucesivo en acordar la postergación por un mínimo de dos años de la deuda bajo ley extranjera como modo de mitigar posibles males pasado el pico de esta crisis”, recomendó.
